El Senado podría pedir juicio político contra quienes los instrumenten: especialista

Impugnarán ante tribunales la legalidad de los contratos de servicios múltiples

Con ese modelo habría pérdidas por miles de millones de dólares para Hacienda, advierte

ISRAEL RODRIGUEZ

Ante la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de licitar cuatro yacimientos de gas no asociado en la cuenca de Burgos, mediante los contratos de servicios múltiples (CSM), a pesar de las reservas y los argumentos esgrimidos por legisladores, especialistas e inversionistas en torno a la legalidad de este modelo de contratación, se recurrirá a los tribunales administrativos para declararlos anticonstitucionales.

Según Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas energéticos, lo más preocupante es que los CSM son contratos de riesgo que pretenden repartir la renta petrolera, figura prohibida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, el régimen fiscal para la nueva producción es más bajo, lo que representará una pérdida fiscal de 6 mil millones de dólares para la hacienda pública. Este nuevo régimen fiscal se pretende aplicar sin haber sido autorizado por el Congreso.

Por su parte, legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado analizan detenidamente las medidas necesarias para impedir la violación del marco jurídico vigente. Advirtieron que incluso podría derivar en la petición de juicio político contra los funcionarios públicos que intervengan en el procedimiento para la instrumentación de los CSM, por atentar de manera flagrante contra diversas disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Rodríguez Padilla aseguró que estos contratos son de riesgo en forma y contenido, y todas las cláusulas que los componen corresponden a un reparto de riesgos y beneficios entre Pemex y el contratista, en este caso las empresas trasnacionales. Lo que se esta jugando en un contrato de riesgo, explicó, son las rentas económicas. "Esas rentas le pertenecen a la nación y no a los que extraen el energético. Como el contratista asume una parte del riesgo, obtiene una ganancia extraordinaria con el reparto de la renta petrolera. La mayor parte de la renta se va a entregar mediante mantenimiento, infraestructura y desarrollo, con la finalidad de darle la vuelta a la Constitución, la cual prohíbe la exploración y la explotación de los hidrocarburos por empresas privadas, y se reservan estas actividades sólo al Estado."

Víctor Rodríguez indicó que en el anexo D del último y definitivo borrador de los CSM "el reparto de ingresos es de 12 por ciento para Pemex y 88 por ciento para el contratista, sobre el valor de la producción de los condensados y de gas en un escenario de precios de 5 dólares por millar de pies cúbicos".

El especialista precisó que ese 88 por ciento cubre los costos de producción, el margen normal de la compañía y la renta que le toca al contratista. La compañía puede llevarse 88 por ciento, pero el contratista debe justificar gastos por esa cantidad.

Los CSM son el primer paso para que desaparezca el organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción y se convierta en una dirección, que se encargará de asignar contratos.

Sobre el argumento de que se requiere la participación de las empresas trasnacionales para captar los recursos necesarios, el experto aseguró: "A Pemex no le cuesta ningún trabajo conseguir los 8 mil millones de dólares necesarios en los mercados internacionales e incluso le puede salir más barato el financiamiento, ante la baja en las tasas de interés. Además, Pemex tiene la misma calificación crediticia que el gobierno mexicano".