México D.F. Sábado 26 de julio de 2003
Imposible cumplir con el tipo penal porque no se ocultó el destino del dinero: fuentes
Desfachatez y certeza de impunidad "salvaron" a implicados en el Pemexgate
Sólo podría tipificarse un delito electoral por el manejo de los recursos, afirman
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
"Desfachatez y certeza de impunidad" fue lo que salvó a los implicados en el Pemexgate de ser acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada. No haber intentado ocultar el origen y destino de los recursos ni disfrazarlos en su paso del sindicato petrolero al PRI fue la clave para no iniciarles proceso penal, revelaron fuentes judiciales a La Jornada.
Priístas como Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón, ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) como el ex director del organismo, Rogelio Montemayor o los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, quedaron exentos de esa acusación, sin embargo, a excepción de los dos últimos, los demás tienen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse por peculado y peculado electoral.
Según las fuentes consultadas, en la investigación por lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita, formalmente), aun cuando se cumplieron tres de los requisitos legales para consignar la averiguación previa ante un juez, una cuarta condición legal no se dio: que se pretendiera ocultar el origen y destino del dinero.
Los tres requisitos legales que sí se cumplieron fueron que el dinero tuvo un origen ilícito (se entregó a cuenta de pagos indebidos o préstamos que serían impagables por el sindicato petrolero); hubo un plan preconcebido entre más de tres personas para obtener los recursos (Rogelio Montemayor, Carlos Juaristi, Juan José Domene, Romero Deschamps y Aldana Prieto), y el dinero se movilizó dentro y fuera del territorio nacional (500 millones de los mil 100 millones de pesos pagaron en efectivo a empleados del PRI, y otros 640 millones fueron a parar a una cuenta en un banco estadunidense).
Pero el tipo penal exige como condición para acusar a los presuntos responsables de estos delitos ocultar el origen de los recursos para evitar que se descubra su procedencia.
Esto es, que los dirigentes petroleros hubieran depositado el dinero en cuentas a nombre de otras personas u organización, o que los mil 100 millones de pesos desviados de Pemex y que originaron la denuncia de la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hubieran sido invertidos bajo nombres falsos y luego se distribuyeran mediante operaciones comerciales supuestamente legales.
A decir de los entrevistados, los dirigentes petroleros Romero Deschamps y Aldana Prieto, junto con Montemayor Seguy, se confiaron en que el entonces candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, ganaría la Presidencia de la República y no tendrían que dar cuenta a nadie de ese capital, por lo que con "toda desfachatez, movilizaron el dinero por conducto de sus cuentas y las del sindicato, no hicieron nada por ocultar el origen, inclusive, los 640 millones de pesos que depositaron a través de Banorte en un banco de Estados Unidos quedaron registrados en una cuenta a nombre del STPRM".
Lo que vino después de la transferencia de Pemex al STPRM, según las fuentes, fue un sorteo falso, se depositó el capital en cuentas partidistas e inclusive se pagaron salarios, pero "compete ya a un delito de tipo electoral, pues fue el partido el que no reportó esos recursos al Instituto Federal Electoral, pero tampoco se ocultó el origen, siempre se reconoció que había sido una aportación del STPRM al PRI, por eso esa parte de la investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Por eso, la desfachatez y la certeza de impunidad salvaron a los involucrados en el Pemexgate de ser acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada".
En la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada la investigación para intentar demostrar el lavado de dinero alcanzó para integrar 170 tomos, entre declaraciones, diligencias y pruebas aportadas por los presuntos responsables, mencionaron las fuentes.
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