El reporte de HRW, con "apreciaciones equivocadas", responde Carrillo Prieto

Existe en la CIDH la "convicción" de que Digna se suicidó: Human Rights

Judicial, más que de derechos humanos, el problema de las asesinadas en Juárez, considera José Miguel Vivanco

VICTOR BALLINAS

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "se tiene la convicción de que la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido fue suicidio", dice a La Jornada el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y agrega: "para nosotros la opinión de ese organismo internacional tiene mucho peso".

En entrevista, Vivanco sostiene que en el caso de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, "el meollo del problema es de tipo judicial; más que asunto de derechos humanos, tiene que ver con los problemas crónicos de la administración y procuración de justicia". Advierte: "si las recientes medidas que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, puso en marcha en esa ciudad fronteriza no tienen resultados concretos, HRW podría hacer una investigación y un informe sobre esos crímenes".

-¿Cuál es su opinión sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y la falta de resultados en las investigaciones?

-Hemos visto a distancia lo que ocurre en Ciudad Juárez. La falta de respuesta eficaz, pero preferiría no emitir un pronunciamiento al respecto porque no lo hemos investigado.

-Son 10 años de asesinatos de mujeres. HRW, organización que defiende los derechos humanos, ¿no tiene opinión?

-El corazón del asunto es judicial más que de derechos humanos. Hemos visto la falta de respuesta eficaz del gobierno, y si no hay resultados concretos de estas nuevas acciones que recién anunció el secretario de Gobernación no descarto que pudiéramos hacer una investigación y un informe.

-Son 10 años de impunidad. ¿Cómo ve el problema?

-Es un problema crónico de la administración y procuración de justicia en México que se caracteriza por la falta de recursos económicos, profesionalismo, corrupción, abuso de poder, es un área hasta donde ahora nadie ha puesto atención.

-¿Esta situación lleva a la violación de derechos humanos?

-La gran mayoría de los problemas más profundos de violaciones a los derechos humanos en México tiene su raíz en los vicios de la administración de justicia, donde vemos una policía que sigue actuando de manera brutal, que abusa del poder, que no tiene mecanismos de fiscalización, que es corrupta. Todas las evidencias que tenemos así lo demuestran.

-En la protección de los derechos humanos, ¿cuál es el reto que tiene pendiente este gobierno?

-El acceso a la justicia. Porque hoy opera movida en términos del secreto, Hay muy poca transparencia. Por algo en México no se avanza en la lucha contra la delincuencia. Todo eso se queda muchas veces en medidas o discursos que no tienen mayor impacto, porque para poder penetrar las mafias se tiene que contar con policías profesionales, que cuenten con capacidad científica para investigar los delitos y no simplemente que actúen sobre la base de informes o confesiones que arranca bajo presión o tortura.

-HRW ha presentado al gobierno propuestas para reformar la justicia civil y la militar. ¿Qué respuesta ha tenido?

-Al presidente Vicente Fox y a las máximas autoridades hemos dicho que se requiere una reforma al sector justicia, pero mayúscula, dirigida a asegurar la independencia de los tribunales, que cuenten con la mayor transparencia, que se profesionalicen y se modifiquen los códigos penales para agilizar procesos. México tiene mucho que hacer en materia de justicia.

-¿Qué opina del caso Digna Ochoa?

-Me he podido reunir con los expertos de la CIDH -encargados de las pruebas periciales de balística, criminalística y forense-, he revisado lo que se ha publicado en los medios por la fiscal especial, Margarita Guerra. Conocí a Digna Ochoa, fue mi alumna en algunos talleres de derechos humanos que organizábamos allá por la década de los 80. La seguí de cerca. Estuvimos juntos en muchas reuniones en México y en el extranjero. Tengo especial interés en que este caso sea plenamente aclarado.

-¿Pero cómo vio la conclusión de la fiscal especial sobre este caso?

-Yo no voy a pronunciarme, porque no sería justo de mi parte. No hemos tenido toda la investigación. Lo cierto es que en la CIDH sí se tiene la convicción de que esto fue un suicidio, y en esa circunstancia, para nosotros pesa mucho la opinión de la CIDH.

-¿Cómo ve la política de derechos humanos del presidente Fox?

-Por primera vez existe en México un discurso perfectamente compatible con los estándares internacionales. Es consistente en materia de derechos humanos. Hace tres años el gobierno (priísta) alegaba soberanía para impedir la entrada de relatores de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que valorar lo que representa este cambio, pero no se puede quedar en discursos. La opinión pública está exigiendo más que eso. Y aquí hay algo concreto, la creación de la fiscalía especial para investigar las matanzas estudiantiles y los desaparecidos de la guerra sucia, pero ahora el presidente Fox no se puede desvincular de ese proyecto, es importante para la historia de México, para el estado de derecho y para construir el futuro.

La Femospp debe ser "máxima prioridad" oficial

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El gobierno federal debe redefinir su esquema de prioridades porque, de lo contrario, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) cumplirá de manera lenta con su encomienda de esclarecer lo sucedido en el pasado y llevar a los tribunales a los responsables de hechos como los del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, y los de la guerra sucia, aseguró el fiscal Ignacio Carrillo Prieto.

En entrevista vía telefónica, el titular de la llamada fiscalía para desaparecidos indicó que el informe de Human Rights Watch (HRW) contiene apreciaciones equivocadas, como el que se niegue el acceso a documentos depositados en el Archivo General de la Nación.

Negó que la fiscalía se dirija al fracaso, aunque reconoció que "existen dilaciones infortunadas para la entrega de documentos por las autoridades civiles y militares que permitan avanzar de manera rápida en las investigaciones, a pesar del apoyo del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha".

Refirió que ninguna indagatoria se encuentra suspendida, ya que en todas se tiene personal comisionado en las tareas de acopio de los elementos necesarios para el esclarecimiento histórico y la acusación penal.

Prioridad equivocada

Frente al señalamiento del informe de HRW de que "el propio presidente Vicente Fox debe resolver si en verdad tiene interés en la transparencia y en que se aclare el pasado", Carrillo Prieto aseguró que el gobierno federal "tiene una prioridad equivocada respecto a la Femospp, porque el trabajo que en ella se realiza es trascendente para consolidar la transición democrática en el país, ya que los crímenes cometidos en el pasado no deben quedar impunes".

Por ello, demandó que el gobierno federal redefina su esquema de prioridades verdaderamente desde todas las instancias que conforman el gobierno mexicano (Congreso, Poder Ejecutivo y Judicial); el apoyo que se ha mencionado debe traducirse en verdadera colaboración y entrega de mayores recursos materiales y humanos.

Sostuvo que si bien ha encontrado resistencias para llegar al esclarecimiento de lo sucedido en 1968, 1971 y la llamada guerra sucia, "se debe a que en la estructura gubernamental aún hay quienes tratan de proteger a los responsables, por eso es necesario que la Femospp sea considerada de la mayor prioridad, ya que existe indiferencia al trabajo que se realiza en muchas regiones del gobierno".

Finalmente, Carrillo aceptó que existen errores en el diseño de la Femospp, como el no tener bajo su mando "un grupo de peritos y policías, pero son cosas que no son insalvables para llevar a cabo la tarea que demanda la sociedad".