En prisión, cerca de un tercio de los ex militares con orden de aprehensión

La detención de represores, "respiro" de la esperanza: familiares de las víctimas

Muchos argentinos consideran el viernes 25 como día histórico con expectativas dudosas

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 25 de julio. Como un "respiro" de la esperanza, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y otros grupos de familiares de las víctimas de la dictadura veían hoy el apresuramiento de militares y abogados que intentaban una vez más eludir a la justicia, lo que ahora no parece tan fácil.

Corría como un coro la voz que anunciaba "ya está detenido Antonio Domingo Bussi" o el arresto del Alfredo Astiz, llevado a cabo por la propia marina.

Desfilaban por tribunales los máximos jefes de la dictadura castrense ante los ojos asombrados y llorosos de muchas de las víctimas sobrevivientes.

El único civil, Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, quien colaboraba con los grupos de tarea del ejército, y el ex policía Ernesto Weber quedaron detenidos anoche en la sede de la Policía Federal.

La visión del ex capitán Ricardo Miguel Cavallo, cuya extradición desde México lo-gró el juez español Baltasar Garzón, cuando subía al avión con destino a Madrid, se hizo más cercana para los que durante años han buscado justicia.

Estos familiares demandan que termine la impunidad que imperó en estos años y que ayudó al surgimiento de mafias de poder y fuerzas de seguridad acostumbradas a la justicia del disparo fácil y la tortura, que nunca se pudo erradicar.

Muchos consideran que éste es un día histórico aunque las expectativas son aún dudosas. Hay que ver cómo se desarrollarán los juicios, si definitivamente se dará competencia a la justicia española y, por último, qué pasará si finalmente se anulan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que abrirían causas aquí.

Garzón logró hace menos de un mes que la justicia mexicana extraditara al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo. El abogado Florencio Varela, que representa a varios militares, decía hoy que "ni Garzón ni nadie pueden venir aquí a imponer la justicia extranjera", y anunciaba una batería de presentaciones jurídicas.

Sin embargo, olvidaba que esos militares actuaron en función de la seguridad nacional de un país extranjero, Estados Unidos, que para llevar adelante la Operación Cóndor y trasladar prisioneros de un país a otro para asesinarlos o enviar grupos a matar en terceros países, en Europa (Madrid, Roma, París) o Estados Unidos, no tenían tantas consideraciones de territorialidad.

Después que el jueves el juez Rodolfo Canicoba Corral giró una orden masiva de arrestos preventivos enviada a la jefatura de la Policía Federal y al Ministerio de Defensa, comenzaron las detenciones, el primer paso en un proceso de extradición.

Según familiares de las víctimas, este paso "conforta a muchos de los que hemos luchado, y en especial a madres y abuelas, algunas ya muy ancianas, quienes sentían que iban dejando atrás la vida sin justicia alguna".

Ya está detenido cerca de un tercio de los militares con orden de aprehensión; la mayoría tiene más de 70 años y, por ello, tendrán arresto domiciliario; se recuerda que algunos militares fueron sobreseídos por la corte por los mismos cargos que les imputa Garzón.

Pero todo eso se verá en el tiempo. Por ahora una orden judicial decidió el arresto masivo y la repercusión fue de doble vía: la furia de los culpables y la alegría -pequeña pero posible- de las víctimas sobrevivientes y de las familias de los miles cuyos destino aún se desconoce. Fue un día muy distinto y el primer gesto del presidente Néstor Kirchner al volver de Estados Unidos, que abre otras puertas por mucho tiempo cerradas.

Además de Weber, Torres de Tolosa, Astiz, Bussi, están detenidos el ex prefecto Héctor Febres Méndez, que ya estaba arrestado en la causa de robo de bebés; los generales retirados Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Rovere, el ex vicealmirante Luis María Mendía y el capitán de navío retirado Jorge Enrique Perren, a quienes no se aceptó el pedido de eximición, y otros.

Bussi había sido elegido intendente de la capital de Tucumán en unos comicios del 29 de junio pasado, con muy poca cantidad de votos, y ya no podrá ejercer el cargo.

Guillermo Suárez Mason y Jorge Tigre Acosta, compañero de Cavallo, también es-tán presos por apropiación de menores.