Banqueros califican de demagógico el informe del auditor superior de la Federación

Desconocerá el IPAB los pagarés del Fobaproa si no se revisan los créditos

Pide a cuatro instituciones financieras que permitan analizar los papeles de trabajo que se generaron durante las auditorías Voceros de Banamex Citigroup rechazan referirse al tema

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR; DAVID CARRIZALES REPORTEROS Y CORRESPONSAL

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó ayer que desconocerá los pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) con Banamex, Bancomer, Bital y Banorte por un total de 212 mil millones de pesos, si esas instituciones no permiten la revisión de los papeles de trabajo que se generaron durante las auditorías.

Por otra parte, en Monterrey, Othón Ruiz Montemayor, ex presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), calificó de ''demagógico'' el informe del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien planteó el lunes pasado que el gobierno ''regrese'' 50 mil 316 millones de pesos a cuatro bancos comerciales en los que detectó posibles irregularidades durante el rescate bancario.

El también director del Grupo Financiero Banorte, uno de los cuatro bancos involucrados en el informe del auditor, consideró que la apreciación del órgano de fiscalización del Congreso es una "politiquería" que trata de confundir a la opinión pública. Rechazó que las instituciones de crédito hayan sido beneficiadas irregularmente por el Fobaproa. Los pagarés a que se refirió el auditor, aseguró, no devengan intereses para los bancos, porque la tasa que pagan "es ruinosa".

Voceros de Banamex Citigroup, otro de los bancos involucrados en el informe del auditor, dijeron ayer que no harían comentarios al documento y aseguraron que los procesos legales para obtener un amparo contra la revisión seguirían su curso. El director general de Banamex, Manuel Medina Mora, quien también es presidente de la ABM, se encuentra de vacaciones.

Analistas del rescate financiero expusieron que ante la decisión del IPAB de desconocer los pagarés hasta que se haga la revisión, los bancos tienen ahora la siguiente alternativa: o se quedan con sus pagarés Fobaproa y asumen el riesgo de que el aval del gobierno federal no vaya a ser reconocido por la Cámara de Diputados al momento de aprobar el presupuesto de 2005, o intercambian sus pagarés Fobaproa por títulos del IPAB y se atienen a los resultados de las auditorías. Estos desembocarían forzosamente a reducir el monto de las obligaciones a favor de los bancos, que el auditor superior de la Federación calcula en más de 50 mil millones de pesos.

El instituto espera que la Auditoría Superior de la Federación fije su posición definitiva el 15 de agosto. Primero tendrá que bajar el aval de la Secretaría de Hacienda y luego el monto de los pagarés, porque la primera parte de los títulos vence en 2005 por un monto de 124 mil millones y la segunda al año siguiente por unos 88 mil millones de pesos. Persiste la sospecha de las irregularidades que detectó el auditor y que ahora rebasan los 50 mil millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda rehusó hacer comentarios. El vocero en funciones, Rodrigo Brand, informó a través de sus secretarias que no podía abordar el tema porque se encontraba en reuniones privadas relacionadas con las actividades de la dependencia, sin atender la instrucción presidencial de transparentar toda información, porque el ''silencio provoca rumores''. De acuerdo con analistas del rescate bancario, el problema no es simple, porque Hacienda tendrá que pedir los recursos para cubrir los créditos que están en el Fobaproa como resultado del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Si el Congreso no se los aprueba, el IPAB tampoco tendrá recursos para cubrirlos, porque además exige revisar el respaldo que tienen los bancos.

El IPAB está dispuesto a efectuar el intercambio de pagarés con los bancos, siempre y cuando haya revisión a los papeles de trabajo o documentos de apoyo que se generaron durante las auditorías que se llevaron a cabo según lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la ley. Los últimos informes revelan que miles de millones de pesos en créditos están irregulares y no tienen soporte o las garantías que exige la ley.

También pide hacer revisiones acerca de la integridad y objeto de los derechos de cartera cedidos al Fobaproa y al desempeño de los bancos como gestores de recuperación de la cartera cedida. En cuanto al alcance y contenido de las revisiones, en su momento el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario comunicó a los bancos sus términos de referencia.

El instituto podría escuchar propuestas e incluso modificar los términos de referencia, siempre y cuando se aporten nuevos elementos jurídicos o normativos que así lo justifiquen. Recordó además que está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al amparo promovido por los bancos y la controversia constitucional del presidente Vicente Fox en contra del auditor superior de la Federación. Además, los analistas del rescate bancario destacan que la validez jurídica del aval federal no tiene soporte. Ha sido cuestionada por legisladores y el artículo octavo transitorio de la ley del IPAB no aprueba la solicitud de consolidar esos avales a la deuda pública.

Textualmente dice: ''No se aprueba la solicitud de consolidar a la deuda pública las obligaciones contraídas por los fondos señalados, ni los avales u obligaciones solidarias otorgadas al efecto por el gobierno federal''.