La dirección general del IPN exigió la renuncia a Leoncio Lara

Candidatos a consejeros de transparencia piden amparo

Nunca notificó a la institución de sus intenciones, dice Correa Jasso

Su militancia partidista y labor pública lo inhabilitan para el cargo

BERTHA TERESA RAMIREZ, JOSE GALAN Y GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Los catedráticos Aída Lazcano, de la UNAM, y Alfredo Díaz Durán, de la UAM, ex candidatos a consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, solicitaron el martes un amparo indirecto contra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública local y contra la resolución de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa que designó a los representantes ciudadanos de dicho consejo.

Mientras tanto, la dirección general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) solicitó -y obtuvo- la renuncia del abogado general de la institución, Leoncio Lara, porque nunca avisó que buscaba una silla en el Consejo de Información, a la que parece improbable que llegue debido a su militancia partidista y su labor institucional. Hasta el momento la casa de estudios no ha nombrado a ningún sustituto.

En conferencia de prensa, Lazcano y Díaz Durán señalaron que la demanda de amparo impugna, en primer lugar, la constitucionalidad de la Ley de Transparencia, ya que viola los artículos 14 y 16, al no establecer el procedimiento para designar a los tres representantes ciudadanos del Consejo de Información Pública, ni el órgano facultado para hacer dicha designación, con lo que se violenta el principio de legalidad contenido en dichos preceptos constitucionales.

Abundaron que el amparo ataca la legalidad del procedimiento mediante el cual se designó a los tres consejeros ciudadanos y se pide su anulación. Con ello se pretende restaurar la legalidad, quebrantada por la Comisión de Gobierno y por la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, al realizar el procedimiento ilegal, viciado y amañado para seleccionar a los consejeros, y porque también la Comisión de Gobierno carece de facultades para tal designación.

Precisaron que por medio de su demanda solicitan que la designación de la Comisión de Gobierno no tenga efecto y en consecuencia no puede ser instalado el consejo, al faltar los tres representantes ciudadanos. "En los próximos días seguramente el juez de distrito ordenará a la Comisión de Gobierno suspender todos los actos encaminados a la instalación del consejo."

Por otra parte, acusaron al Gobierno del Distrito Federal de pretender crear un falso debate en torno al pago de los consejeros. Díaz Durán dijo que el debate no es el salario, sino garantizar a la ciudadanía el acceso a la información a nivel estatal y nacional.

Cuestionó: "Ƒqué pasaría si el GDF perdiera la controversia constitucional que interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sucedería que la ciudadanía quedaría ante un acto de ilegalidad y eso es precisamente lo que se pretende evitar con este amparo".

Lara, inelegible para el cargo

La renuncia de Leoncio Lara se hizo efectiva el 21 de julio pasado, una vez que el director general, Miguel Angel Correa Jasso, fue informado de la intención de su abogado general de ocupar una de las sillas del Consejo de Información Pública local, sin haber anunciado sus intenciones.

El caso es que, a propuesta del PRI -partido para el que trabaja en la Comisión de Asuntos Jurídicos-, Lara fue nombrado consejero ciudadano, cuando no sólo colaboraba en ese instituto político, sino también en el IPN, en violación a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

El apartado IV de dicha ley establece que para ser consejero ciudadano se requiere no haber sido servidor público por lo menos tres años antes de su designación. Además fue nombrado incluso antes de que renunciara al IPN, que en el organigrama de la administración pública federal depende de la Secretaría de Educación Pública, es decir, sus trabajadores son empleados al servicio del Estado.

Leoncio Lara fue electo a propuesta del PRI el 8 de julio pasado, y el vicecoordinador de los legisladores priístas, Marco Antonio Michel Díaz, sostuvo en esa ocasión que "el proceso de elección estuvo apegado a la ley". Afirmó que la elección de Lara Díaz fue "un asunto impecable". Aunque la ley establece lo contrario.