Son frecuentes los hostigamientos del Ejército contra la población civil, asegura la FIDH

"Pendientes, las reformas estructurales para garantizar los derechos humanos"

VICTOR BALLINAS

A tres años de que el presidente Vicente Fox llegó al gobierno "no se han llevado a cabo las reformas estructurales para garantizar los derechos humanos de los mexicanos"; es preocupante la situación de las garantías individuales en el país, señala el informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

El documento, difundido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), fue presentado en ocasión de la 155 sección de la subcomisión de promoción y protección de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), efectuada ayer.

Sostiene el informe que en las regiones indígenas hay intensificación de conflictos por la tierra, por el control político y por el rechazo a la intervención oficial. También son frecuentes los hostigamientos del Ejército contra la población civil (patrullajes, retenes y detenciones).

Subraya la FIDH que se detectaron acciones de paramilitares emprendidas contra comunidades zapatistas, actos de intimidación contra defensores de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Asimismo apunta que en el homicidio de líderes y simpatizantes zapatistas, "muchos de ellos torturados", la mayoría de los casos se califican de actos de delincuencia común, por lo que preocupa la postura de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, que no realiza investigaciones suficientes y nunca o casi nunca identifica a los responsables.

Señala que la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero presenta condiciones similares. En Oaxaca hay una precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial vulnerabilidad hacia las indígenas. El sistema carcelario presenta condiciones de hacinamiento y se violan las garantías individules, pues los niños reciben trato indebido cuando acuden a visitar sus padres. "Recibimos denuncias de la persistencia de requisas efectuadas a niños y niñas sin la presencia de adultos. Y son persistentes los factores violatorios de las garantías individuales, como el déficit de la defensoría de oficio, amenazas a defensores, dilación procesal, el acopio de pruebas bajo la intimidación, la amenaza y la tortura, así como la ausencia de traductores y la estigmatización que criminaliza a los líderes de las comunidades".

La FIDH, la CMDPDH y la Limedh manifiestan haber recibido denuncias contra el programa Oportunidades, en particular por la esterilización forzada a mujeres beneficiarias. También recibieron testimonios de la existencia de grupos paramilitares, que cumplen la función de delatar a los líderes de las comunidades, además de fabricar delitos.

En Guerrero, denuncia la FIDH, la fiscalía especial que investiga los crímenes del pasado tiene deficiencias e incongruencias que pueden contribuir a restringir el alcance de la lucha contra la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo de la denominada guerra sucia.

Este organismo fue enterado de prácticas que limitan los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, así como la existencia de grupos paramilitares que intimidan a las comunidades organizadas, a los testigos y a dirigentes sociales, así como a militantes del PRD, a quienes estigmatizan como guerrilleros.

Sostiene el informe que ninguno de los casos de violaciones graves a los derechos humanos ha sido resuelto, y que en muchos de ellos "durante el transcurso de las investigaciones se encubren los móviles políticos de algunos crímenes". Denuncia la persistencia de la tortura y la responsabilidad de la fuerza pública en hechos dolosos.

En el informe de 25 páginas, la FIDH señala que el gobierno mexicano no ha adecuado su derecho interno al derecho internacional en materia de derechos humanos, y "no se han producido avances sustanciales que permitan superar las limitaciones que el marco constitucional impone a los derechos y garantías reconocidos a los pueblos indígenas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Asegura el FIDH que constató la persistencia de un malestar en las comunidades por la reforma constitucional de 2001 en materia indígena. Otras preocupaciones están relacionadas con la exclusión que afecta a los pueblos indios, y apunta que hay alarma e inseguridad en los indígenas por los proyectos Milenium, el Corredor Transoceánico -Oaxaca-Veracruz-, el Corredor Biológico Mesoamericano, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Minero de la Montaña de Guerrero y el megaproyecto transístmico en Los Chimalapas.

Asevera la FIDH que la procuración de justicia se imparte en forma lenta, e insiste en que persiste la tortura, aunque las autoridades lo niegan y lo consideran como situación aislada. "Esto constituye un aliento a la impunidad", concluye.