Represores guatemaltecos dicen que ahora le corresponde gobernar "al poder militar"

Ilegítima, decisión de aceptar la candidatura presidencial de Ríos Montt: Hellen Mack

Los magistrados de la Corte Constitucional violaron la Carta Magna, acusa la humanista

BLANCHE PETRICH

La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que agrupa al núcleo de represores más recalcitrantes de ese país, declaró ayer al diario local El Periódico que "los civiles ya tuvieron su oportunidad; ahora le toca al poder militar". Helen Mack, defensora de derechos humanos, destaca este pronunciamiento como una de las claves que explican lo que ocurre en estos días de agitación en su país.

"Llevar al general genocida Efraín Ríos Montt a la presidencia cumple dos objetivos para ese sector militar vinculado con la contrainsurgencia: declararse victorioso en la po-lítica como lo hizo en la guerra y consolidar en el poder a las fuerzas de las que se rodeó el actual mandatario, Alfonso Portillo. Son grupos que manejan el software del crimen organizado, contrabando, narcotráfico y el comercio de indocumentados", dice.

Presidenta de la Fundación Myrna Mack -su hermana, antropóloga, fue asesinada en 1990 en una operación de inteligencia militar-, Helen Mack calla unos segundos cuando se le pregunta qué pasaría en Guatemala si el viejo militar golpista llega a ganar las elecciones el próximo 9 de noviembre.

"Se instituiría -señala- no un Estado de derecho, sino uno autoritario integrado por la nueva clase emergente que ha desplazado del poder a la oligarquía tradicional: militares vinculados con el genocidio y la corrupción. Se implantaría no una visión para el desarrollo social, sino una militar de la economía. Y se alejaría aún más la posibilidad de la reconciliación nacional".

En entrevista telefónica desde Guatemala, esta exitosa empresaria reconocida internacionalmente como símbolo de la lucha contra la impunidad describe lo que está en juego en la batalla jurídica que actualmente se libra en los tribunales de esa nación centroamericana por el registro del militar genocida.

"El espíritu del artículo constitucional 189, que prohíbe a quien haya participado en un golpe de Estado aspirar a la presidencia, es-tablece que un antidemócrata no puede encabezar un Estado democrático. De ahí la opinión jurídica de que la Corte de Constitucionalidad, al aceptar el derecho del oficialista Frente Republicano de Guatemala (FRG) a registrar a Ríos Montt, está modificando en los hechos la Constitución".

Durante 13 años Helen Mack recurrió ante 12 tribunales diferentes para exigir justicia por el asesinato de su hermana Myrna, que investigaba en zonas de conflicto los efectos del desplazamiento de comunidades por la guerra. Comprados o amenazados, los jueces desestimaron una y otra vez las pruebas que demostraron que la ejecución de la antropóloga fue ordenada por el espionaje militar.

Uno de los fiscales en la investigación fue asesinado. Finalmente la demanda alcanzó la meta que ningún otro juicio por las atrocidades cometidas por los militares había logrado: un general y dos coroneles fueron declarados culpables y sentenciados. El año pasado fueron absueltos en última instancia.

Garantía de impunidad

"El caso de Myrna -explica Helen Mack- ilustra muy bien los poderes que entran en juego en este diferendo. No les importan las leyes ni la opinión internacional. Los militares que quieren llevar al poder a quien mejor les puede garantizar impunidad, Ríos Montt, están participando en todos los partidos co-mo candidatos a diputados o alcaldes. Sólo el FRG tiene 17 militares relacionados con el genocidio en sus listas electorales".

Ofrece algunos ejemplos: el general retirado Francisco Alfonso Ortega Menaldo, asesor del presidente Portillo, investigado por órdenes de Estados Unidos por narcotráfico, encabeza la lista del FRG; el general Otto Pérez Molina, relacionado con la matanza de Dos Erres, ex ministro de Defensa, compite con el Partido de Avanzada Nacional; el ge-neral Marco Tulio Espinoza, ex ministro y defensor de militares acusados en los juicios de Myrna Mack y el obispo Gerardi, es candidato de la alianza Gana.

Muchos otros militares con vínculos con el genocidio y el narcotráfico participan como jefes de campaña o encargados de logística.

Según Helen, esta nueva clase emergente rodeó y marcó la administración de Portillo y ahora está moviendo todas las hilos de la guerra sicológica que le funcionaron en la época del terror para inhibir a los electores.

"Lo que pasó el jueves lo demuestra. Encapuchados del FRG atacaron objetivos precisos: el barrio La Cañada, donde están las sedes de las embajadas; el barrio Las Conchas, donde viven los más ricos; los centros empresariales y las instituciones del Poder Judicial. El efecto fue que todos se quedaron encerrados en sus casas. Hubo miedo, cólera y vergüenza. Todo esto alimenta la apatía frente a las elecciones y aumenta sus posibilidades de éxito", señala.

La retórica que más éxito le ha dado a Ríos Montt, y también a Portillo y en general al FRG, es la que despierta el sentimiento an-tioligárquico que ha logrado identificar al general genocida con el interés de los más pobres. Esto ocurre principalmente en zonas rurales indígenas, explica Helen Mack, porque en su historia Guatemala nunca ha tenido un referente democrático.

Afirma: "Ríos Montt derrocó al general Lucas García en 1981, en el clímax de la política de tierra arrasada. A él le corresponde reorganizar el retorno de los desplazados. En esos regresos controlados por los Consejos de Desarrollo se integran los indígenas. Se descentraliza el poder, que queda en manos de las Patrullas de Autodefensa Civil. Por eso lo ven como el pacificador, el que entregó el poder a los indígenas, aunque no fuera más que una forma de control contrainsurgente. En zonas rurales de Guatemala los pueblos indios no tienen mecanismos para vincular la historia nacional a sus historias, por ignorancia, por falta de información. Ahí no se conoce el contenido del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, no han podido apropiarse de algo que es de ellos. A este sector de militares les interesa que la comisión se quede donde está, que no llegue a los pueblos".

Todo esto es lo que está en juego en la interminable batalla legal desde hace varias semanas en los tribunales guatemaltecos.

El plan del FRG, dice la humanista, de registrar a Ríos Montt aunque lo prohíba la Constitución, viene de tiempo atrás. Arrancó desde el momento en el que el FRG ganó las elecciones hace cuatro años, y para lograrlo han debilitado a las instituciones democráticas, sobre todo a las del Poder Judicial, la fiscalía, la Corte Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral.

A la resolución de la Corte Constitucional, que resolvió por cuatro votos en favor y tres en contra aceptar la candidatura del general golpista, Helen Mack la califica como una decisión "legal pero no legítima".

Destaca el hecho de que esta institución fue manipulada desde el inicio por el Ejecutivo. Señala que los cuatro magistrados que votaron en favor están vinculados a Portillo.