Ciudad Juárez, fábrica de chivos expiatorios

En los asesinatos de mujeres, resoluciones exprés mediante torturas y siembra de evidencia

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, julio. En Chihua-hua, y particularmente en Ciudad Juárez, la procuración de justicia, lejos de resolver el desafío de la larga historia de crímenes contra mujeres, se ha convertido en parte del problema. Creación de chivos expiatorios que se declaran culpables de homicidios luego de ser torturados, alteración de evidencias, falta de identificación plena de los cuerpos, apresuramiento para catalogarlos como ''crímenes pasionales'' o ''situacionales'', intimidación a los familiares y, por si fuera poco, siembra de evidencias, constituyen, entre otros, los ingredientes de un coctel explosivo que alimenta el círculo vicioso de la impunidad y de la violencia.

Punto por punto, distintos casos considerados ''resueltos'' por la Procuraduría de Justicia del Estado y por las distintas fiscales -van siete funcionarias que desfilan por este puesto desde 1998- se enlazan en un patrón común: la resolución exprés, en menos de 24 horas, de homicidios contra mujeres que cualquier perito o investigador requeriría de mayores elementos para considerarlos como solucionados.

Los crímenes más recientes salieron a la luz al día siguiente de que se anunciara el Plan Integral de Seguridad Pública para Ciudad Juárez. Tres cuerpos de mujeres fueron localizados en los arenales cercanos a San Isidro. La Policía Judicial Estatal los identificó de inmediato, luego de mantener diferencias con los agentes de la Procuraduría General de la República. Fueron reconocidas como Karina Ramos González, Miriam García Solorio y Mayra Gema Alamillo González. Los cuerpos de dos de las asesinadas estaban desnudos. La procuraduría estatal se apresuró a ratificar su hipótesis de los hechos: el presunto narcotraficante Felipe de Jesús Machado Reyes, esposo de Karina Ramos, es considerado el autor material e intelectual de las tres ejecuciones, por motivos ''pasionales''. Según la procuraduría, el 20 de julio las tres mujeres estuvieron en los arenales de Valle de Juárez en compañía de Machado Reyes, quien se encuentra prófugo y, a decir de varios observadores, ''muy posiblemente ya esté muerto''. Fueron trasladadas en una camioneta pick up Ford 150 Harley Davidson.

De inmediato la procuraduría detuvo a dos presuntos cómplices del asesinato: José Carlos Valdez García y Oscar Alejandro Hernández Prieto, quienes dijeron que actuaron en los homicidios porque Felipe de Jesús Machado los amenazó de muerte. Sin embargo, previamente habían declarado ante el Ministerio Público que su participación fue voluntaria, e incluso Oscar Alejandro declaró que él resultó quemado de un brazo al incendiar la camioneta Harley Davidson. El ex perito Oscar Máynez, al observar las fotos publicadas por la prensa local, apunta que llama la atención que aparezcan botas caras de piel manchadas de sangre, seis días después de que se cometieran los crímenes. ''Resulta un tanto extraño que alguien deje evidencias tan claras. Es necesario analizar el patrón de sangre, ya que toda una bota está cubierta", apuntó.

Para Oscar Máynez el problema central es que ''están desenterrando a las víctimas y desde el mismo momento ya están identificando al homicida".

Una forma sencilla de corroborar la versión oficial es que se realice un examen de ADN a la sangre de las botas para saber si corresponden al de las víctimas. Hasta ahora no se tiene información de que dichas pruebas se hayan realizado.

Tortura y chivos expiatorios en casos anteriores

El problema es que por los antecedentes de por lo menos cinco casos existen serias dudas de que exista una investigación eficaz. Tan sólo para enumerar los casos más polémicos:

1. Los 8 cuerpos del lote algodonero, encontrados el 6 y 7 de noviembre de 2001. Por lo menos cinco cuerpos tienen huellas de haber sido cometidos desde hace un año. Oscar Máynez fungió como perito de este caso, pero no concluyó sus investigaciones. Renunció al momento de no querer maquillar las evidencias. Sin órdenes de aprehensión son detenidos los choferes de la Ruta-1 Gustavo González Meza, La Foca, y Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, el 9 de noviembre. Se documenta la tortura contra ambos para que se declaren culpables, tal como consta en el oficio número 4142/00 del expediente 426/01.

Lo más impresionante es que la descripción que hace la testigo Laura Güereca, quien vio a un hombre alto, blanco, apuesto, en un carro, arrojar un bulto la noche anterior al hallazgo, no corresponde con ninguno de los inculpados; sin embargo, en esa declaración se basó la procuraduría para detener a El Cerillo. El 20 de septiembre de 2002, un examen de la perito en materia genética forense Xóchitl Adriana Félix (del cual La Jornada tiene copia), concluye además que el examen de acido desoxirribonucleico de cinco de las víctimas "no presenta parentesco genético" con ninguno de los familiares. Es decir, no son los nombres que la procuraduría antes había dado.

El caso se vuelve explosivo porque Mario Escobedo, el abogado de La Foca, muere asesinado en un enfrentamiento con judiciales el 5 de febrero de 2002. La Foca también fallece en circunstancias extrañas en el Cereso. Sólo sobrevive El Cerillo, y su esposa, Miriam García, ha dado una batalla frontal contra el gobierno del estado para liberar a su esposo ante la falta de evidencias que lo incriminen. Miriam García se presentó el pasado martes 22 de julio a desafiar al gobernador Patricio Martínez en el acto de presentación del Plan Integral de Seguridad Pública. En entrevista con este reportero, Miriam responsabiliza al gobernador y a las autoridades por la integridad de su familia y documenta, con partes del expediente, la inocencia de su marido.

La tortura de La Foca y El Cerillo está documentada con fotografías y evaluación médica que, por cierto, le costó el puesto al director médico del Cereso. También se despidió al director de transporte, quien afirmó que ninguno de los inculpados era adicto al alcohol ni a la cocaína ni a la mariguana, como pretendió achacarles la procuraduría.

2. Otro caso emblemático es el de Paloma Angélica Escobar Ledesma, de 16 años, trabajadora de maquila y estudiante de la escuela de computación Ecco, quien desapareció el 2 de marzo de 2002 cuando se trasladaba a la escuela. Su cadáver fue encontrado el 27 de marzo y, según datos que arrojó el certificado expedido por el médico legista, la joven ya se encontraba muerta cuando el procurador informó a la familia que estaba con vida. En su cuerpo se encontró sobrepuesta una pantaleta que no era la suya, como ha ocurrido en otros casos en Ciudad Juárez.

A los tres días, el 30 de marzo, se detuvo al presunto responsable: Vicente Cárdenas Anchondo, su novio, quien recibiría 40 años de prisión bajo el cargo de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, según el subprocurador Julio César Portillo Arroyo. La única evidencia para incriminarlo era que el cuerpo de la víctima tenía una foto del novio. La propia madre de la occisa indicó que ella le proporcionó esa foto a la comandante Gloria Cobos, por lo que se presume que fue sembrada la evidencia.

La procuraduría, según el reporte de la organización Justicia para Nuestras Hijas, "se ha negado a abrir una línea de investigación sobre el probable encubrimiento de los responsables del asesinato o bien a investigar quién ordenó la siembra de evidencias". La misma organización apunta que no se investigó la escuela de computación Ecco, siglas de la misma institución a que asistían dos muchachas (Liliana Holguín Santiago y María de los Angeles Acosta) que fueron violadas y asesinadas en Ciudad Juárez.

3. También está el caso de Marcela Viviana Rayas, de 16 años, quien desapareció en Chihuahua el 16 de marzo de 2003 y su cuerpo fue encontrado dos meses después, el 28 de mayo, en un terreno baldío, en estado de descomposición, pero con huellas de tortura. En menos de 24 horas se detiene como presuntos culpables a Ulises Ricardo Persábal Ibáñez, La Changa, y a su pareja, la estadunidense Luisa Kicker, La Cheyenne. Tres testigos declaran haber visto que en un rito satánico la estadunidense golpeó con un bate a la niña por celos. Ninguno de los testigos ratificó sus declaraciones. Uno de ellos, Miguel Melito Sibaja Juárez, huyó y los otros dos, Manuel López Domínguez y Erika Pérez Arzate, se retractaron en una rueda de prensa y acusaron a la procuraduría de haberlos torturado para que declarara contra los acusados.

El caso se le cayó a la procuraduría. Informes extraoficiales revelan que La Changa y La Cheyenne podrían ser liberados ante la presión de los familiares y la gestión del consulado de Estados Unidos. Por lo tanto, el homicidio no está resuelto.

4. El 14 de julio de 2003 sucedió uno de los casos más recientes. Se halló en Chihuahua el cuerpo de Neyra Azucena Cervantes, de 19 años, desaparecida el 13 de mayo. El cadáver se encontró en un sitio conocido como Los Cuernos de la Luna. Al parecer estaba mutilado. Al día siguiente se detuvo a David Meza Argueta, primo de la victima, quien se encontraba en Chiapas el mismo día que la víctima desapareció, y también al padrastro. Este último fue liberado 24 horas después, pero el primo fue acusado de homicidio.

Según la versión oficial, David Meza contrató por 350 dólares a dos desconocidos para que secuestraran a su prima. El primo, que se encontraba en Chiapas, regresó a Chihuahua para violar y matar con un rifle a Neyra Azucena. No se aclaró quiénes eran los sicarios, dónde la tuvieron secuestrada y dónde está el arma. Inclusive, el día en que David Meza confesó haberla matado los familiares de la víctima declaró que él estuvo con ellos todo el tiempo. El reporte de la organización Justicia para Nuestras Hijas indica que los familiares aseguran que tanto el padrastro como el sobrino fueron torturados.

5. La joya central de la corona de irregularidades es el caso de la profesora Elodia Payán, cuyo cuerpo se encontró el 5 de agosto de 2002 en Ciudad Juárez. Fue violada y brutalmente asesinada. Fue un crimen que conmocionó a la ciudad fronteriza porque era una profesora muy reconocida, pero el asesino confeso, Mario Cavarría Barraza, se encontraba preso el día que se cometió el delito y la juez tuvo que liberarlo. Sin embargo, la procuraduría, contra toda lógica, siguió sosteniendo que él era el homicida.

Otros ejemplos, como el del ex dirigente de la Coparmex, Juan Blanco, a quien le plantaron 40 envoltorios de cocaína el 4 de marzo de 2000, pocos días después de cuestionar los procedimientos de la procuraduría en las investigaciones de los crímenes seriales, confirman para distintos observadores que en Ciudad Juárez se vive un "estado de terror".

La fabricación de culpables y la creación de chivos expiatorios tranquilizan momentáneamente a la ciudadanía, pero, en el caso de los homicidios seriales, "sólo sirven para alentarlos porque los criminales actúan con total impunidad", analiza Oscar Máynez.

Miriam García, esposa de El Cerillo, expresa una inquietud lógica: "si mi marido mató y torturó a tantas mujeres y aún está preso, Ƒpor qué siguen ocurriendo los crímenes?" Convencida de la inocencia de su cónyuge, relata que hace varios meses fue secuestrada durante tres horas en una camioneta, cuando se dirigía a El Paso, donde trabaja en labores de limpieza. También se le acercó un hombre escoltado a preguntarle "Ƒcuánto dinero quieres?" Poco después, en un carro Tsuru rojo, un hombre alto la amenazó con una pistola. "Fue el mismo día, estoy segura, que mataron a La Foca", relata.

Frente a este panorama, Miriam García, de 29 años, quien desafió al gobernador del estado recientemente, no duda en afirmar: "cualquier cosa que me suceda, de antemano sé que el responsable es Patricio Martínez".