Los represores deben ser juzgados en el país, estima 65% de argentinos: sondeo

Aprueba una comisión legislativa acusación contra magistrado menemista

La decisión abre proceso para destituir a Eduardo Moliné O'Connor de la Corte Suprema

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 31 de julio. En un nuevo avance para la depuración de la desprestigiada Corte Su-prema de Justicia, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy un dictamen acusatorio contra el juez Eduardo Moliné O'Connor, que abre proceso para su eventual destitución, en tanto que familiares de las víctimas de la última dictadura apoyaron al presidente Néstor Kirchner en su llamado contra la impunidad.

Moliné O'Connor fue el llamado "cerebro" de la alineación del máximo tribunal con el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), amparando la impunidad de sus funcionarios en el que se considera el periodo de mayor corrupción en la historia nacional.

La decisión fue aprobada por 16 votos en favor y uno en contra de una diputada menemista, sector que además de defender a los magistrados que convalidaron actos corruptos también lo son ahora de los represores de la pasada dictadura militar (1976-1983).

En momentos en que Kirchner logra 90.9 por ciento de imagen positiva a dos meses de asumir el gobierno, más de 65 por ciento de los argentinos estima además que los militares detenidos a requerimiento de la justicia española deberían ser juzgados aquí, y para eso necesitan "una justicia depurada".

Aún está por abrirse este nuevo periplo de búsqueda de justicia y verdad, tras la década menemista en que las mafias del poder se enlazaron con reductos de ex represores que, como en el caso del ex marino Ricardo Mi-guel Cavallo, se reciclaron en empresarios que manejan áreas estratégicas.

Varios organismos de derechos humanos, encabezados por Madres Fundadoras y Abuelas de Plaza de Mayo, se pronunciaron hoy por una "Argentina sin impunidad" y apoyaron la política del actual gobierno.

"Si bien la inequidad es una constante en nuestro sistema judicial, es a partir de 1986 que los tres poderes del Estado instalan la impunidad, mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos que decretó Menem para los miembros de la junta militar que produjo la dictadura más terrible de la historia local", recordaron.

Señalaron que el Poder Judicial avaló una impunidad que comenzó con el "impedimento de juzgar a responsables y ejecutores de crímenes atroces", y que continuó creciendo, como en el reciente asesinato de dos jovencitas en Santiago del Estero a manos de "hijos del poder corrupto del pasado reciente", es decir, hijos de políticos y de ex represores.

También mencionaron los abusos policiales y recordaron que "hemos denunciado en innumerables oportunidades que más de 50 por ciento de los centros clandestinos de de-tención funcionaron en dependencias de las policías federal y provinciales. Allí se robaron niños, se secuestró, se torturó y se asesinó impunemente. Y repiten sus crímenes. Estas son las consecuencias de la impunidad para el terrorismo de Estado".

Afirmaron que "somos los argentinos, me-diante nuestras instituciones, quienes debemos terminar con la impunidad", al explicar que aunque apoyan las extradiciones prefieren que los criminales (unos mil 500 deben ser juzgados) sean procesados aquí.

Leyes inconstitucionales

En años recientes algunos jueces dictaminaron la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y esos ca-sos han llegado a la Corte Suprema, que in-sistió en cambio que eran constitucionales.

Esto llevó a los organismos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que ambas leyes, así como el decreto de indulto, son incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y "los artículos uno, ocho y 25 de la Convención Americana so-bre Derechos Humanos".

Pero después de 17 años de gobiernos "que han impedido la administración de justicia, es para nosotros grata sorpresa este cambio proveniente de quien ejerce la más alta ma-gistratura de la nación", señalaron en alusión a Kirchner, quien antes de pronunciarse contra las leyes de impunidad derogó el decreto presidencial que impedía a la justicia tratar el tema de las extradiciones.

Madres, abuelas, familiares, hermanos, hi-jos de detenidos desaparecidos y otros organismos humanitarios esperan una actitud similar del Congreso para anular las leyes, que se discutirán el próximo 12 de agosto.

Mientras, continúan las notificaciones judiciales a la casi totalidad de 46 militares y un civil detenidos y puestos a disposición de la justicia por requerimiento del juez español Baltasar Garzón, algunos de los centenares de represores que además de evitar a la justicia jamás quisieron dar informes sobre el paradero de unos 30 mil desaparecidos.

Cada uno de los detenidos tiene una historia temible detrás. Por ejemplo, uno de los represores que más intentó rehuir a la justicia, el general Jorge Olivera Rovere, está comprometido en la ejecución de la llamada Operación Cóndor, de coordinación represiva con otras dictaduras para desaparecer a extranjeros, como el de la nuera del poeta Juan Gelman. Embarazada de ocho meses, María Claudia fue trasladada a Uruguay, donde nació su hija en cautiverio.

En tanto, en otro gesto que destacaron organismos humanitarios, Kirchner nuevamente rompió el protocolo y se mezcló con grupos de desocupados que manifestaban frente a la Casa Rosada, cuando algunos índices de pobreza e indigencia registran una leve caída en comparación con los niveles de octubre de 2002, según cifras oficiales.

En mayo se registró 54.7 por ciento de pobres frente a 57.8 en octubre de 2002, y la desocupación en 15.6 por ciento, dos puntos menos, en el mismo periodo.