México D.F. Sábado 2 de agosto de 2003
El general en retiro fue jefe de francotiradores
en 1968
Obligado a comparecer, Díaz Escobar se negó
a declarar
El dirigente de los halcones que actuaron el
10 de junio de 1971 no dijo si responderá por escrito a la fiscalía
especial
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El general en retiro Manuel Díaz Escobar, considerado
por las autoridades como uno de los ex funcionarios públicos con
mayor responsabilidad en lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco
y la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, compareció
en calidad de indiciado ante la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), luego de una orden de
localización y presentación en su contra que involucró
a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría
General de Justicia Militar.
Díaz
Escobar fungió como jefe de los halcones, el grupo paramilitar
que reprimió la marcha estudiantil que partió del Casco de
Santo Tomás al Monumento a la Revolución, el 10 de junio
de 1971, pero además, según investigaciones documentales
de la Femospp, dirigió un grupo de francotiradores que actuó
en distintos edificios de la unidad Nonoalco-Tlatelolco, el 2 de octubre
de 1968, que tuvo como encomienda disparar tanto contra los manifestantes
como contra los efectivos regulares del Ejército Mexicano que estaban
apostados en las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas.
Luego de tres citatorios a los cuales no atendió,
Díaz Escobar obtuvo la protección de la justicia federal
para no ser llevado por la fuerza pública (policías militares
o federales) ante el Ministerio Público.
Sin embargo, ayer, en el interior del Hospital Central
Militar se realizó la diligencia en la cual fue notificado de las
acusaciones en su contra, tras la práctica de un examen que determinó
que pese a sus enfermedades seniles (83 años), estaba en condiciones
de responder a los cuestionamientos de la Femospp.
No obstante, Manuel Díaz Escobar siguió
la tónica que han marcado otros implicados en esos acontecimientos
y se acogió al beneficio del artículo 20 constitucional para
no declarar, y tampoco, por recomendación de sus abogados, quiso
establecer si responderá por escrito a las imputaciones que se le
hacen.
Jesús Martín del Campo, actual subtesorero
del Gobierno del Distrito Federal (GDF), estuvo presente en la diligencia,
en razón del derecho que le asiste por ser uno de los denunciantes
en la averiguación previa en la cual se investiga lo ocurrido el
10 de junio de 1971, ya que durante esos hechos falleció su hermano
Edmundo Martín del Campo Castañeda.
Según información obtenida, Díaz
Escobar estuvo acompañado por dos abogados y su hijo durante el
desahogo de la diligencia.
En presencia de sus defensores se le practicó el
examen médico por Francisco Javier Reyes Ramírez, galeno
de la PGR, y por el mayor médico militar Gabriel Miranda Nava.
Nada le impedía declarar
El dictamen médico determinó que no presentaba
lesiones físicas recientes, y que a sus 83 años, a pesar
de padecer "queratosis senil y enfermedad vascular cerebral" estaba en
condiciones de declarar.
Díaz Escobar, quien supuestamente se encuentra
hospitalizado, fue presentado en pijama y pantuflas.
Según los testimonios recabados, el general en
retiro se durmió por varios minutos, antes de iniciar la diligencia,
pero una vez que comenzó la lectura de las averiguaciones previas
en las que se le involucra permaneció atento.
Cuando terminó esa parte de la diligencia, sus
abogados se negaron a conocer el contenido de las 169 preguntas que se
le formularían a Díaz Escobar.
De acuerdo con las versiones obtenidas, los abogados Salvador
Hernández Ramos y José Antonio Salcedo Amezcua aseguraron:
"es inútil que se le formulen las preguntas. Eso no tiene importancia".
Además, ante la insistencia del Ministerio Público
para que se leyeran los cuestionamientos, los litigantes amenazaron con
presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
porque si se leían se violarían las garantías del
general.
Los defensores de Díaz Escobar preguntaron si había
otras averiguaciones en las que se involucrara al general, y como la respuesta
fue positiva, aseguraron que ya después solicitarán conocer
de ellas.
Ante
lo dicho por los abogados, el agente del Ministerio Público ordenó
que esas manifestaciones quedaran asentadas en la averiguación previa,
para evitar que Díaz Escobar, una vez consignado ante un juez, pueda
decir que le fue negado su derecho a defenderse.
Asimismo, el agente del MP determinó que los cuestionamientos
fueran incluidos en el acta correspondiente, ya que advirtió a los
representantes de Díaz Escobar: "más pronto que tarde tendrán
que conocer de ellos".
Al respecto, Jesús Martín del Campo indicó
que desde su perspectiva, Díaz Escobar es una persona mayor de edad,
pero lúcida, capaz de aportar datos a las indagatorias de la Femospp.
Entre los cuestionamientos que se realizarían al
general en retiro estaban preguntas relacionadas con lo sucedido en 1968
y 1971.
Entre ellas: ¿cuáles son los cargos públicos
que desempeñó? ¿A quién le reportaba directamente
en 1968 y 1971? ¿Desde cuándo estuvo en el DDF? ¿Quién
lo nombró en el cargo de subdirector de Servicios Generales en el
DDF? ¿Cuál fue su actuación durante 1968? ¿Qué
sabe de los halcones?
Además, en el cuestionario se le preguntaría
acerca de los francotiradores en Tlatelolco, los hombres bajo su mando
y que constituyó como grupo de vigilancia para el cuidado de instalaciones
como el Metro, en 1968, y que supuestamente fueron parte de quienes habrían
disparado contra la multitud el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pero
que eran independientes de los 10 francotiradores que había enviado
a ese lugar Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial
en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.
Las denuncias que se le leyeron y en las cuales se le
involucra son las que presentaron Raúl Alvarez Garín, integrante
del Consejo Nacional de Huelga de 1968, y Jesús Martín del
Campo, respecto a 1971.
Las investigaciones
Documentos depositados en el Archivo General de la Nación
(AGN) revelan que Díaz Escobar Figueroa -jefe de los halcones
en 1971-dirigió un grupo de al menos 260 personas para llevar a
cabo actos de provocación durante las protestas estudiantiles de
1968.
Desde 1966, El Maestro, como le decían sus
subalternos, manejó un grupo de choque -que en 1971 llegó
a estar conformado por alrededor de mil hombres-, y que estaba dividido
en secciones (como en el Ejército).
Los halcones supuestamente laboraban como empleados
"temporales" en el extinto Departamento del Distrito Federal (DDF), específicamente
en la Dirección de Servicios Generales, dependencia de la cual Díaz
Escobar era subdirector desde 1966.
Reportes de la desaparecida Dirección Federal de
Seguridad (DFS), concentrados en el área dedicada a los informes
de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales
(DGIPS) en el AGN, y que ya forman parte de las investigaciones de la Femospp,
dan cuenta de que Díaz Escobar "platicó" desde el 27 de agosto
de ese año con "integrantes del movimiento estudiantil", inclusive
mencionan que "barrenderos" y "panteoneros" del DDF (áreas que dirigía
oficialmente Díaz Escobar) tenían órdenes de actuar
como grupo de choque en contra de los integrantes del Consejo Nacional
de Huelga.
Toda la carrera de Díaz Escobar en el ámbito
civil la realizó bajo el cobijo de Alfonso Corona del Rosal, quien
ocupó la dirigencia nacional del PRI, la titularidad de la extinta
Secretaría del Patrimonio Nacional y la regencia de la ciudad de
México. En todas esas áreas, cuando Corona del Rosal estuvo
al frente, Díaz Escobar ocupó cargos administrativos.
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