Miguel Concha

Nuevos factores de riesgo

El pasado miércoles se dio a conocer en México el informe de seguimiento de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) sobre la situación de tales garantías en nuestro país (La Jornada, 30 de julio, p.30). En él expresa no sólo su temor por la aplicación de las recomendaciones de su anterior informe (junio del 2002) -desconocidas por las autoridades, a pesar de haber sido ampliamente difundidas-, sino también su preocupación por el surgimiento de nuevos factores de riesgo para el cumplimiento de la agenda pendiente en materia de derechos humanos, en razón de las actuales circunstancias económicas, políticas, jurídicas y sociales del país.

A propósito de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que fueron objeto de su misión en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y en el Distrito Federal, entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre de 2001, la FIDH expresa con todas sus letras su convicción de que con las actuales políticas macroeconómicas, aplicadas sin el consentimiento ni la participación de la ciudadanía, no es posible cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por México en la materia.

Luego de recordarlas, haciendo mención expresa de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, y de consignar las principales conclusiones de varios de nuestros expertos a propósito de la pobreza y la exclusión en México, así como de la creciente dinámica de distanciamiento entre los distintos sectores de la nación, la FIDH concluye en efecto no únicamente señalando la existencia de graves dificultades para la realización de los DESC por parte de la mayoría de la población, y por lo mismo la persistencia de serias omisiones del Estado mexicano en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen las normas internacionales de las que es parte, sino sobre todo proponiendo que el actual enfoque del desarrollo sea materia de revisión, con la participación de la sociedad civil: "La misión de la FIDH considera, por ende, que la supervivencia de los rasgos fundamentales de las políticas macroeconómicas que condujeron en el pasado reciente a una manifiesta exclusión de la mayoría de la población de México de los beneficios del crecimiento económico, así como de reformas estructurales en la administración del Estado que no están basadas en la transparencia y la participación sustantiva de la ciudadanía, no sólo conspira contra la realización de los derechos y las libertades fundamentales que en los órdenes civil, político, económico, social y cultural son garantizados por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, sino que amenazan las propias condiciones de gobernabilidad democrática nacional.

"Por esta razón -añade-, aunque claramente no le corresponde precisar qué clase de modelo o políticas deben ser aplicados con este objetivo, estima que el enfoque de desarrollo en vigor debería ser materia de revisión, con la participación de la sociedad civil, en orden a promover el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los mandatos derivados de las normas internacionales de derechos humanos de las que México es parte."

En esta tesitura, la FIDH denuncia también con todas sus letras la ausencia de mecanismos institucionales y la falta de voluntad política para involucrar a la sociedad civil en la realización de megaproyectos, cuya incidencia en el desarrollo social de la población ha sido contradictoria y más que escasa, y muestra por ello su grave preocupación por el carácter predominantemente reservado con el que se conducen las negociaciones sobre el Area de Libre Comercio de las Américas a partir de enero de 2005, y por la subordinación que en ella una vez puede darse de los DESC a los intereses y beneficios de las empresas trasnacionales.

He aquí sus palabras, que no tienen desperdicio: "Durante la negociación de los tratados de libre comercio celebrados por México en estos años, no sólo no han existido mecanismos ni voluntad política para involucrar a la sociedad, sino que se ha favorecido principalmente la posición de las grandes empresas mexicanas y las multinacionales estadunidenses. Estos hechos se inscriben en el marco de un proceso en el que incluso se ha visto mermada la capacidad de incidencia de las propias autoridades legislativas del Estado mexicano elegidas por la población".

ƑSeguirán los legisladores, formalmente elegidos por la población para que la representen, soportando esta vergüenza y faltando gravemente a sus obligaciones constitucionales?