Aterriza de emergencia helicóptero en el que viajaba el presidente Nésor Kirchner

El Partido Justicialista busca consenso para derogar las leyes de impunidad

Izquierda Unida encabeza una denuncia pública contra el general Antonio Bussi

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 1º de agosto. Al tiempo que se advierte en el país una fuerte movilización de legisladores para ajustar una posición del Partido Justicialista en favor de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), que significaron impunidad para los responsables de delitos de lesa humanidad, Izquierda Unida encabezó un escrache (denuncia pública) contra el general Antonio Domingo Bussi.

Bussi está a disposición de la justicia en el edificio Libertador, sede del ejército, y es uno de los que integran la lista de 45 militares y un civil requeridos por el juez español Baltasar Garzón, en el juicio que sigue en España por genocidio, terrorismo de Estado y tortura.

Hasta hoy, 13 de los militares detenidos cumplen prisión domiciliaria, después que el juez Rodolfo Canicoba Corral aceptó la solicitud del general Ramón Díaz Besone de pasar el arresto en su casa, debido a su avanzada edad. El mismo destino podrían seguir Jorge Olivera Rovere (solicitado también por Italia y Francia), de 77 años, o Luciano Benjamín Menéndez, quien fue el temible jefe del poderoso tercer cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, donde funcionó La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención en los que estuvieron más de 2 mil 500 arrestados, la mayoría de los cuales están desaparecidos.

Menéndez estaba condenado cuando lo indultó Menem en 1989, después de dos años de detención y poco antes del inicio de un juicio por el robo de bebés, torturas, asesinatos y desapariciones.

El mayor símbolo de los años del horror está representado por el general Jorge Rafael Videla, primer presidente de la dictadura, quien enfrenta aquí varios juicios también por el robo de niños y la causa de la operación Cóndor, por la cual se ha pedido la extradición de otros dictadores del área que participaron en la criminal coordinación para la muerte.

Existe mucha confusión en las cifras sobre la cantidad de militares que están detenidos, ya que el juzgado ha llamado al silencio e inclusive trata de no divulgar los lugares exactos en los que están puestos a disposición de la justicia los arrestados desde el pasado fin de semana. Hoy hubo trámites apresurados tanto en el Congreso como en la Corte Suprema para analizar y buscar consensos que lleven a la anulación de las llamadas leyes del perdón o de impunidad, que se votaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).

El ex presidente Alfonsín afirmó hoy que no fue víctima de extorsiones militares para mandar este proyecto a diputados en su momento, como señaló ayer Kirchner, cuando abogó por la necesidad de anular estas leyes. Alfonsín dice ahora -aunque hubo dos golpes militares para forzar la medida- que su actitud fue buscar la pacificación (nunca lograda), aunque admite que ahora son otros tiempos.

Kirchner considera que ambas leyes son "inconstitucionales", pero admite que preferiría que los militares fueran juzgados en Argentina. El tema de la nulidad se aceleró notablemente tras el pedido de detención de Garzón, que se cumplió rápidamente. Al parecer, en la Corte Suprema también podría darse una señal positiva, después de negarse a la anulación de las leyes que consagraron la impunidad, a lo que ayudaron los indultos del presidente Carlos Menem, dictados en 1989-1990.

La Corte tiene que decidir sobre las resoluciones de varios jueces, que desde 1998 han considerado inconstitucionales las dos leyes. Los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos deben asistir con espanto al desfile de los victimarios citados por periodistas de los canales de televisión del menemismo y la campaña de periódicos de los que se apropiaron los hombres de Menem y sus socios, entre ellos los grupos anticastristas de Miami, que en su momento colaboraron con los crímenes de las dictaduras y, especialmente, en la operación Cóndor, como está probado.

Publicaciones de estos sectores en Argentina, en Internet, también forman parte de la campaña contra el gobierno, que adoptan el discurso de los responsables de los delitos de lesa humanidad. Los abogados de los acusados se afanan en lograr la excarcelación o privilegios dentro de la "prisión" de personajes como Jorge Perrén, Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda Tigel o Alfredo Astiz, el más joven de la lista, todos ellos marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Alarma en Argentina

Hoy fue difícil evitar preocupación y versiones audaces porque el helicóptero que transportaba al presidente Néstor Kirchner, a su antecesor Eduardo Duhalde y a altos funcionarios debió realizar un aterrizaje de emergencia cuando volaba desde Posta de los Hornillos a San Salvador de Jujuy.

Voceros oficiales restaron importancia al incidente, pero algunos medios recordaron que recientemente Kirchner tuvo otro percance en un vuelo desde Santa Cruz. El helicóptero de hoy pertenece al gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, quien viajó con el grupo y fue candidato a la vicepresidencia en la fracasada fórmula que encabezó Carlos Menem.

Kirchner hizo algunas bromas al respecto, y afirmó que no se había dado cuenta de nada hasta que vio desencajados y pálidos a sus acompañantes. El grupo regresaba de los festejos por la declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad, unido esto a la tradicional Pachamama (ofrendas a la madre tierra). Kirchner se refirió a su compromiso con los más necesitados y abogó por los derechos de los pobres durante el acto en el lugar, una pequeña localidad de la Quebrada, a 70 kilómetros de la capital de Jujuy.