En asamblea, decide esperar a que la PGJDF actúe penalmente contra los inconformes

Acuerda el Sutaur no recuperar por la fuerza módulos tomados

Insta Ricardo Barco a disidentes a entregar a las autoridades las instalaciones ocupadas

Jorge Cuéllar se dice dispuesto a acceder, "si hace lo mismo" el grupo de Gabino Camacho

ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ

En asamblea, más de 3 mil integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores de Ruta 100 (Sutaur-100) acordaron no intentar recuperar por la fuerza las instalaciones que el grupo disidente, encabezado por Jorge Cuéllar, tomó el sábado pasado. "Se equivocan quienes piensan que nos vamos a meter en la misma espiral de provocación", señaló el asesor jurídico Ricardo Barco López.

Dijeron que esperarán a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) proceda penalmente contra Cuéllar y quienes estuvieron al frente en la ocupación de los módulos 13 y 10, e hicieron un llamado a la unidad para que sus compañeros que "fueron engañados" por los líderes disidentes se reincorporen y apoyen a las empresas del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT).

Fernando García, representante del Consejo de Administración del GMT, dejó en claro que no negociarán con Cuéllar, como propuso el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y reiteró que lo que ocurra, en caso de que las autoridades no actúen, será responsabilidad del mandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Aplicar la ley, única salida

En otro tono, Barco planteó como única salida la aplicación de la ley, al hacer un llamado a la asamblea para no actuar de manera irresponsable, pues al dirigir la toma de instalaciones, Cuéllar Valdés se colocó al margen de la ley, dejando un mal precedente ante las autoridades jurisdiccionales que dirimen el conflicto sobre la representación de la comisión liquidadora del Sutaur, a las que entregarán copia de la averiguación previa que se inició por los hechos del sábado pasado, para que se integre al expediente.

Hizo un llamado a Cuéllar para que entregue cuando antes a las autoridades capitalinas las instalaciones ocupadas, y advirtió que no cometerán el error de recibirlas directamente, al existir una denuncia penal en curso y porque hubo bienes dañados que la PGJDF tendrá que verificar.

Barco informó que registraron la participación de 3 mil 850 trabajadores, sin contar a los que se quedaron laborando para no descuidar el servicio, lo cual demuestra que tienen mayoría.

La asamblea también votó en favor de que Gabino Camacho siga al frente de la comisión liquidadora. Barco dijo que tiene confianza en López Obrador; "le tenemos ley", pero no a algunos funcionarios menores, e inclusive sembró sospechas contra el PRD-DF al asegurar que el grupo de Cuéllar está recibiendo apoyo desde la calle Monterrey, en la colonia Roma, donde se encuentra la sede de ese partido.

Por su parte, Jorge Cuéllar Valdés señaló que su grupo está dispuesto a entregar los módulos que mantiene en su poder, "si hacen lo mismo los otros y las autoridades nos dan facilidades para destrabar este asunto mientras se resuelve quién tiene la titularidad de la comisión liquidadora y se inicia la distribución de los bienes".

Reunión con Martí Batres

Antes de las 6 horas, unos 35 trabajadores encabezados por Cuéllar Valdés arribaron al edificio del antiguo Ayuntamiento para solicitar audiencia con López Obrador, pero se les indicó que sería el subsecretario de Gobierno, Martí Batres, quien los recibiría. Las aseveraciones de que querían ver al jefe de Gobierno porque el problema ya rebasó a Batres, las atajó éste de inmediato: "No, nadie nos rebasa, ni por la izquierda, y mucho menos por la derecha".

Los inconformes dialogaron durante tres horas con el subsecretario en su oficina. A su salida, Cuéllar Valdés expresó la disposición de devolver los módulos, si las autoridades exigen lo mismo a Gabino Camacho respecto de los módulos de La Providencia y La Virgen, y "nos dejan trabajar en paz, pues también somos socios de las empresas".

El funcionario reiteró en conferencia de prensa que el conflicto es intergremial y el gobierno sólo mediará en la medida en que las partes establezcan acuerdos, pues su intervención hasta ahora está circunscrita a tres aspectos: la vigilancia en los módulos, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, la remisión a los corralones de los camiones que no estén en regla, y dar servicio con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros en los derroteros no atendidos desde el sábado pasado.

"Nosotros no podemos escoger quién es titular de los derechos, ya que ambos grupos han interpuesto recursos legales ante los órganos jurisdiccionales, los cuales se encuentran en curso; ni podemos intervenir en las empresas para convertirlas en cooperativas, como se sugirió", expuso.

El secretario de Transporte, Francisco Garduño, informó que los 37 autobuses del GMT remitidos al corralón el jueves serán entregados a quienes acrediten su propiedad, previo pago de una multa de entre 60 y 80 días de salario mínimo, por no contar los conductores con licencia-tarjetón vigente y póliza de seguro.