El Episcopado insiste en intervenir en escuelas públicas y poseer medios de comunicación

Quedará reglamentada la ley de asociaciones religiosas; la jerarquía católica, insatisfecha

JOSE ANTONIO ROMAN

Luego de 11 años de vigencia, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público tendrá finalmente su reglamento. El Ejecutivo lo publicará en el Diario Oficial antes de que concluya el presente mes. Sin embargo, siempre insatisfecha con las reformas en la materia, la jerarquía católica trabaja ya para impulsar nuevos cambios constitucionales enfocados, esencialmente, a impartir educación religiosa en escuelas públicas, poseer medios de comunicación masiva y gozar de todas las exenciones fiscales posibles.

Las demandas serían incluidas en el proceso de negociación de la llamada reforma del Estado, ahora que se prevé la reapertura del debate, tras las elecciones del pasado 6 de julio. Para muchos obispos la actual ley, impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, "está cargada de lagunas insalvables en la interpretación jurídica y con grandes contradicciones notorias que, en opinión de no pocos analistas, generan un producto de dudosa constitucionalidad".

La jerarquía católica señala que hay una "abierta contradicción" con el artículo 130 constitucional, que reconoce la personalidad jurídica de las iglesias, pues por un lado afirma que hay una separación entre el Estado y estas instituciones, pero por otro establece una "sujeción absoluta" de aquéllas respecto a la ley, la cual "mantiene candados" y "puede volver a ser persecutoria" en cualquier momento.

El arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, expresó a los obispos la necesidad de impulsar una auténtica ley reglamentaria en materia de libertad religiosa, pues la actual apenas se reduce a normar algunos aspectos del culto público, incluido el relativo a los ministros de culto. "O de plano (sería necesario) continuar con las reformas constitucionales", según establece el acta de la 73 asamblea del Episcopado mexicano, en la que el pleno de los obispos evaluó las reformas constitucionales.

Con 65 votos en favor, 23 abstenciones y cuatro en contra, el Episcopado aprobó la elaboración de un proyecto de reformas con propuestas completas para que, en su momento, se mejore el marco jurídico. Además se aprobó la formación de una comisión episcopal ad hoc para dar seguimiento y valoración de las leyes en la materia.

Así, mientras el gobierno ha estado preocupado por elaborar, consensuar y aprobar el reglamento del que ha adolecido la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la jerarquía católica tiene puesta ya la mirada en nuevos cambios constitucionales, que, según han expresado varios prelados, pueden ser incorporados a la reforma del Estado que será retomada por las dirigencias partidistas, el Congreso y el Ejecutivo.

El reglamento, elaborado por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, recibió ya la aprobación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), instancia encargada de revisar las normas legales. Se espera que en los próximos días Gobernación reciba los comentarios de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública, pues dicho reglamento señala que toda aquella persona que lo solicite podrá recibir asistencia espiritual en hospitales, centros de asistencia social, del sector público o privado, así como en reclusorios y estaciones migratorias.

Todo indica que, de no haber inconveniente, el reglamento será publicado, luego de infinidad de borradores que han elaborado los gobiernos de Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, desde que la ley entró en vigor el 15 de julio de 1992.

Si bien los obispos católicos han expresado que con los cambios constitucionales de hace 11 años quedó atrás una "injusta y opresora" legislación que desconocía a las iglesias, han reiterado que tampoco fue la mejor opción. "La nueva ley reglamentaria no carece de limitaciones y ambigüedades. El derecho a la libertad religiosa en el campo educativo es uno de los derechos humanos aún no plenamente reconocidos que coloca a nuestro país en claro rezago en el ámbito internacional", dijo el Episcopado el 13 de agosto de 1992, apenas un mes después de aprobada la ley.

Hoy, el presidente del Episcopado, Luis Morales Reyes, plantea nuevos cambios para extender a las escuelas públicas la "libertad de la que ya gozan" las escuelas privadas confesionales. "Que sean los padres de familia, no el Estado, quienes decidan si consideran necesario que una religión, la de su preferencia, ofrezca a sus hijos alguna luz sobre el ser humano, el mundo y Dios."

Pero también denuncian que en las escuelas confesionales sienten "cierta persecución" al tener que cumplir requisitos legales y obligaciones ante la Secretaría de Hacienda, las cuales "complican" la labor educativa de la Iglesia católica. "La obligatoriedad de otorgar gran número de becas hace que se encarezca la escuela particular o inclusive provoca que algunos planteles particulares tengan que cerrar", dijo el presbítero Salvador Saucedo, miembro de la Comisión Episcopal de Educación.

Por su parte, el cardenal Rivera, a quien ya se menciona como candidato a la presidencia del Episcopado en noviembre próximo, cuando se realice la próxima asamblea plenaria, criticó severamente el artículo cuarto de la ley, porque establece el estado civil de las personas como "monopolio" del Estado. "Podríamos hablar, por tanto, del reconocimiento del matrimonio religioso por el Estado y evitar así la necesidad de un doble matrimonio para el creyente."

Asimismo señaló que hay una abierta contradicción en la ley, pues al mismo tiempo que reconoce el derecho de las asociaciones religiosas a difundir su doctrina por medio de mensajes en forma pública, se han introducido "cortapisas", al exigir que la difusión de homilías sea objeto de autorización previa por la autoridad administrativa.

De igual forma reprochó la "amplia y peligrosa discrecionalidad" del gobierno para el reconocimiento de los bienes inmuebles propiedad de las iglesias. "En este mismo aspecto patrimonial, mantener excluidas a las asociaciones religiosas de la propiedad, posesión o administración de concesiones de medios electrónicos de comunicación, por motivos religiosos, es un agravio directo al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contrario al artículo 133 constitucional."

Rivera Carrera es uno de los jerarcas católicos con quien la futura coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo, tiene más cercanía. En junio de 1995 la dirigente priísta acudió a Roma a la ceremonia donde Juan Pablo II le entregó el palio arzobispal al recién nombrado arzobispo primado de México.

En la larga lista de exigencias de la jerarquía católica también se incluyen las exenciones fiscales y que los miembros de las fuerzas armadas y los policías reciban atención religiosa, pues afirma que el derecho a la libertad de culto a quienes desempeñan una función pública no se reconoce en las leyes, pues tienen que explicar que asisten no como funcionarios, sino como personas privadas. Así se pretendió hacer en el caso de la asistencia de Fox a la misa de canonización de Juan Diego, hace justamente un año.

Lázaro Pérez, recién nombrado obispo de Celaya y presidente de la Comisión del Episcopado para la Doctrina de la Fe, señaló que "no es nuestro interés levantar la voz en busca de privilegios para nuestra Iglesia, y aunque la religión católica siga prevaleciendo hasta hoy en cuanto al número de adeptos, lo que es un derecho natural está por encima de toda religión, clase social o posición económica".