De acuerdo con Víctor Manuel Borrás Setién, actual director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la mayor parte de las incontables aportaciones que asalariados y patrones realizaron a esa institución entre 1972 y 1992 -es decir en 20 años-"se perdió", ya fuera por los errores financieros de los directivos del instituto en los años de gran inflación, por la corrupción corporativa mediante la cual los gobiernos priístas pagaban a los caciques de la CTM su lealtad política con concesiones de créditos para vivienda, por "falta de control" de las aportaciones patronales o porque las administraciones de la institución diluyeron los fondos en caóticas actividades inmobiliarias, de construcción, fabricación de materiales y otras tareas impropias del Infonavit.

De esta forma, la entidad, concebida y fundada como instrumento de justicia social y de beneficio para los sectores más desfavorecidos, terminó siendo un instrumento de saqueo de los asalariados, una caja chica para pagar favores electorales y un sistema de redistribución de la riqueza en detrimento de los trabajadores y en favor de líderes sindicales corruptos y de funcionarios inescrupulosos. Frente a los cientos de miles de beneficiados por el Infonavit -de manera legal o ilegal- en tres décadas de existencia del organismo, hay que contabilizar a millones de asalariados defraudados y desposeídos de su dinero.

La descapitalización del Infonavit y la virtual desaparición de las aportaciones salariales y patronales se inscribe en una serie de atentados financieros contra el país, el más grave de los cuales fue el "rescate bancario" emprendido por Ernesto Zedillo con cargo al erario y posteriormente legitimado por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Junto con ese monumental desfalco y con las privatizaciones irregulares e inmorales perpetradas por Carlos Salinas en el sexenio anterior, la desaparición del dinero de los trabajadores en el Infonavit ha sido una de las formas por las que los tecnócratas neoliberales han succionado el patrimonio público y privado del grueso de la población para concentrarlo en unas cuantas manos, intensificando de esa manera la desigualdad ancestral y oprobiosa que caracteriza al país, independientemente de que pertenezca formalmente a la OCDE y que desde hace 12 años impere la manía discursiva, entre los gobernantes en turno, de situar la economía mexicana entre las más grandes y más prósperas del mundo.

Es evidente que el enorme agujero financiero del Infonavit exige una investigación penal y el castigo de los responsables por semejante descalabro. Para el gobierno actual esa obligación representa, además, una nueva oportunidad de deslindarse de sus predecesores y de demostrar -así sea tardíamente- una mínima determinación de cambio.