Marcos Roitman Rosenmann

Decisiones pueriles y valientes

En el campo de la acción política son muchas las ocasiones en que asistimos asombrados a la toma de decisiones cuyos fundamentos se encuentran en los extramuros de la justicia, la democracia y la libertad. Quienes impulsan su desarrollo hallan en la razón de Estado su justificación más pueril. En su nombre se llevan a cabo atrocidades sin necesidad de comprometer a sus hacedores intelectuales y materiales. Bajo este supuesto y el de "obligación sumisa" se esconden mentalidades obscenas y enfermizas, donde el poder de la muerte cubre todo el decorado. Con ello se da rienda suelta al nacimiento de verdugos, cuyo placer en el cumplimiento del deber se delata en la sonrisa cínica al ejecutar la orden. Las víctimas son personas físicas, instituciones públicas de bien común y aquellos derechos civiles, étnicos, de género o de clase que afectan el proceso de concentración económica concebido por el poder trasnacional para explotar y dominar el mundo.

En el teatro de la política internacional observamos hoy cómo los escenarios recogen la algarabía de ministros, jefes de gobierno o Estado prestos a firmar acuerdos para más privatizaciones, planes de modernización y proyectos faraónicos, dizque el Plan Puebla-Panamá, cuyo común denominador es la "liberalización" de la fuerza de trabajo, la precariedad laboral y el esquilme de riquezas naturales. Un insulto y desprecio a la vida en nombre del beneficio económico y la competitividad. No hay vergüenza, virtud propia de los dignos. Sus hacedores disfrutan con el castigo infringido y miran con sorna el grito hiriente de los "condenados". Es el regocijo con el que se premian los transgresores de la dignidad colectiva de pueblos y naciones.

No es necesario vivir bajo el poder omnímodo de tiranos, sean militares o civiles y se apoyen en la fuerza de las metralletas o el miedo social-conformista. La frontera entre tiranías y regímenes electorales se torna difusa. Basta con declamar la "razón de Estado" para lograr impunidad judicial y política. Despojados de la responsabilidad ética, propia del ejercicio democrático del poder, dan rienda suelta a sus apetitos voraces: tragar todo lo que puede ser engullido: personas, bienes materiales muebles e inmuebles, animales, minerales o plantas. Los nuevos trogloditas conforman una elite con licencia para matar. Se reproducen en cualquier país, siendo reconocidos por su abyecta acción de gobernar en nombre del progreso, la paz mundial y la guerra preventiva contra el terrorismo mundial. Son pragmáticos amantes del orden.

Nombres propios, procedentes de tradiciones políticas antagónicas y tiempos históricos encontrados, suelen confluir haciendo imperceptible en algunos casos, o anulando en otros, la diferencia en el origen político que les da vida. Pocos aceptarían comparaciones entre Tony Blair y Saddam Hussein o entre Patricio Ailwyn y el tirano Pinochet, tampoco valdría la unión entre José María Aznar y Francisco Franco, menos aún la conexión entre Berlusconi y Mussolini; otros cuestionarían tajantemente el vínculo político entre Menem y Videla y se escandalizarían si se relaciona de forma positiva a George W. Bush y Hitler. Sin embargo, la diferencia entre unos y otros se anula cuando sus decisiones se fundamentan en argumentos y principios que violan las reglas del ejercicio democrático afectas al orden republicano. Eximidos de cumplirlas logran saltarse el hilo de oro de la ley. Invocando la "razón de Estado", hoy guerra preventiva, sus diferencias iniciales desaparecen. No se repelen cual carga positiva y negativa. Son dos cuerpos cuya mezcla forma una melaza homogénea, tornándose imposible reconocer los componentes iniciales del precipitado. Así, lo que suponíamos caminos paralelos son rutas alternativas para lograr un fin: producir la muerte vía decisiones pueriles fundadas en la razón de Estado. La mentira, la tortura, la manipulación o la traición son herramientas de trabajo pertinentes para conseguir el objetivo político previsto: hacer desaparecer literalmente al enemigo.

En este orden una decisión valiente puede contrarrestarse con un cúmulo de artimañas pueriles de orden legal para proteger al transgresor. Un ejemplo lo constituye la firme convicción de Néstor Kirchner y su compromiso de levantar la veda impuesta por sus antecesores en el cargo -Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde- para juzgar a militares y civiles responsables de asesinar y provocar la desaparición de personas, crímenes de lesa humanidad, cometidos durante los años 70 y 80, periodo de la lucha "antisubversiva" y "anticomunista" emprendida por las juntas militares que gobernaron el país.

La acción ejemplar de Kirchner es digna de halago y se inscribe en el ejercicio de un poder político afincado en el respeto a los derechos humanos. La decisión debe extenderse a las esferas económicas, políticas y sociales, donde también se violan los derechos fundamentales de los argentinos. Por el momento, nunca más impunidad.

Sin embargo, su contraparte, el Estado español, impulsa por medio de su fiscal general del reino, nombrado por el gobierno de José María Aznar, la defensa de los inculpados, argumentando la prescripción de los delitos y la no jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar los crímenes imputados. Por ello, el Estado español y, en su nombre, el fiscal general, piden la libre absolución y la nulidad de los procesos. Esta es la verdadera cara del poder político que gobierna en España. La fiscalía no acude en ayuda del desvalido y de las víctimas. En este caso se pone al lado del transgresor, al cual apoya y justifica en un alarde de desprecio a la decencia política y moral. No estamos ante una excepción. De esta forma actuó en el caso Pinochet, saboteando la acción de los jueces, de la acusación particular y popular. Bloqueó los trabajos de la justicia hasta lograr su objetivo: impedir la extradición y poner en libertad al tirano Pinochet, amigo personal de Aznar y de Abel Matutes, su ministro de asuntos exteriores por entonces. No cabe duda. Se trata de una actitud consciente, cómplice y anuente con las prácticas adjetivadas como crímenes de lesa humanidad amparadas en una cruzada antisubversiva y anticomunista en tiempos de guerra fría.

Hoy, a más de una década del fin de la guerra fría, emerge el rostro sin caretas del neoconservadurismo mundial. Antes que permitir la acción judicial contra luchadores anticomunistas se impone el boicot a la justicia internacional. Junto a sus aliados, Berlusconi, Blair y Bush, representa la degeneración del poder político. Todos ellos hacen suya la máxima: viva la muerte.