Jorge Santibáñez Romellón*

Migración: ¿se abren nuevas ventanas?

Sucesos recientes hacen creer que probablemente en el futuro cercano haya algunas modificaciones en la forma en que nuestros vecinos abordan el tema migratorio. Es importante analizar el significado de esos cambios desde una perspectiva realista que no los minimice o descalifique de antemano, pero que tampoco sobredimensione algunas actitudes presentándolas como un giro de 180 grados en las relaciones con Estados Unidos.

Estos cambios se reflejan de diversas maneras; cuando menos deberían ser clasificados en tres categorías: los que corresponden esencialmente a la agenda estadunidense, los que forman parte de la agenda mexicana y los que eventualmente -por desgracia los menos- se relacionan con una agenda compartida. Quizá la distinción sea esquemática y simplista, pero ayuda a analizar el futuro de las iniciativas. Me referiré aquí a las primeras.

Me gustaría mencionar dos iniciativas recientes de Estados Unidos no por su relevancia, sino porque en mi opinión proyectan una parte central de los intereses de sectores de la sociedad estadunidense: la seguridad nacional y el futuro poblacional de la llamada comunidad hispana.

Efectivamente, en la agenda paranoica de nuestros vecinos en torno a su seguridad, resulta contradictorio y absurdo que haya en su territorio 9 millones de personas sin la documentación que las autorice a residir en ese país y de las que sólo se tienen estadísticas generales, sin saber dónde trabajan, qué servicios utilizan o qué lugares frecuentan, ni quiénes son, en términos de "seguridad". ¿Cómo puede el país más poderoso del mundo, el que más tecnología ha desarrollado para cuidar sus fronteras y el acceso a su territorio, albergar a 9 millones de personas (de las cuales 4 millones son mexicanos) sin "datos oficiales" que permitan reconocerlos?

En una lógica estricta de seguridad esa situación resulta inaceptable. Por ello un grupo de congresistas republicanos ha lanzado una iniciativa de programa de trabajadores temporales-regularización, el cual, precisamente por derivarse de congresistas del partido más opuesto a este tipo de propuestas, tiene posibilidades de éxito. De cualquier modo, no se reconoce la necesidad de la mano de obra mexicana o la existencia de facto de un mercado laboral regional-binacional, sino más bien se buscan mejorar los esquemas de seguridad y control de la frontera. Contiene cuestiones de dudosa calidad moral que impedirían al gobierno mexicano sumarse a esta iniciativa y aplaudirla, por ejemplo que los indocumentados tendrían que pagar una multa de mil 500 dólares por su "osadía" de entrar a Estados Unidos de manera subrepticia, haber trabajado y beneficiado la economía estadunidense sin recibir prácticamente ninguna prestación laboral a cambio.

Otra iniciativa, de menor dimensión pero importante, tiene que ver con un cambio de posición de Gray Davis, gobernador demócrata de California, en torno a la aprobación de la licencia de conducir en ese estado sin que el solicitante deba residir de manera documentada en Estados Unidos. El contexto de esta medida, además de mostrar la contradicción en la que viven nuestros vecinos al no reconocer a los indocumentados para efectos laborales, pero sí para otorgarles selectivamente algunos derechos, tiene que ver con una pugna política interna que enfrenta al gobernador a una eventual votación para destituirlo, lo que busca evitar mediante todos los apoyos posibles, aun de los indocumentados. Este "cambio" de un gobernador tiene que ver con la importancia poblacional que de manera creciente tendrá la población hispana en Estados Unidos, en particular en California, Texas o Arizona, estados en los que esta presencia, específicamente de origen mexicano, tendrá un peso político cada vez más importante. En síntesis, estas comunidades irán obteniendo más derechos, por su crecimiento, y esto los hace más importantes desde el punto de vista político, económico y social.

En lo que toca a México, la evolución de la relación con Estados Unidos (no sólo de México, sino de todo el mundo) después del 11 de septiembre ha reducido nuestras posiciones a tratar de capitalizar los pequeños espacios, como los mencionados líneas arriba, a canalizar nuestros esfuerzos a que los migrantes tengan mayor acceso a servicios en ese país, esperando que en algún momento se abra una oportunidad más importante. Hay quien cree que ese momento está por llegar; yo soy menos optimista: estos cambios son esencialmente coyunturales, unilaterales y no se enmarcan en una relación general entre vecinos. En lo que corresponde a las acciones en nuestro territorio, los programas de orientación y protección de migrantes (Paisano, grupos Beta, etcétera), que ya demostraron su vigencia y eficiencia, tardan en crecer y evolucionar hacia programas más completos y de mayor cobertura, y el tema del voto de los mexicanos desde el extranjero parece que, ahora sí, aterrizará en algo modesto, pero concreto. Todo esto parece poco, pero no nos engañemos: por el momento, y por desgracia, el país no da para más, y si al menos las cuestiones aquí mencionadas avanzan, podríamos darnos por satisfechos a corto plazo.

En cuanto a los puntos que podrían clasificarse dentro del rubro de la agenda compartida no hay mucho que decir. No hemos logrado una visión regional, compartida, de corresponsabilidad, de nuestros problemas. En síntesis, Estados Unidos contempla su agenda, nosotros tratamos de capitalizar esa visión combinándola con algunas acciones propias y quizá esto explique por qué los desplazamientos migratorios se desarrollan desde hace decenas de años en un marco de riesgo, desorden, violación de derechos humanos y laborales y vulnerabilidad.