Marathon Oil obtuvo en un año el permiso que en EU habría gestionado en nueve

Al vapor, la concesión de plantas de energía en Baja California

La trasnacional pretende iniciar la construcción del complejo a principios de 2004 Alertan en Tijuana sobre el riesgo de centros industriales con alto potencial de destrucción ambiental

ROBERTO GONZALEZ AMADOR ENVIADO

Tijuana, BC, 3 de agosto. Un creciente sector de la población de Baja California mira con preocupación la rapidez con que varias de las trasnacionales energéticas toman posiciones en el estado para instalar aquí centros industriales con gran potencial de destrucción ambiental, cuyas operaciones representan, además, un riesgo real para los habitantes.

La suspicacia por la premura con que el gobierno del presidente Vicente Fox está otorgando los permisos para que esas empresas tomen posiciones en la región fronteriza va en aumento.

Marathon Oil Corporation, una de las principales compañías energéticas de Estados Unidos, con sede en Houston, recibió hace un par de meses autorización de la Comisión Reguladora de Energía para construir y operar, cerca de Tijuana, un depósito de gas natural licuado a gran escala. Curiosamente -dice Olga Leticia Martínez, líder de colonos de Tijuana-, el gobierno de Vicente Fox otorgó en el tiempo récord de un año la autorización correspondiente, la primera de este tipo en México. En Estados Unidos, asegura, hubiera requerido de por lo menos nueve años de gestiones.

Se trata de un proyecto de amplio alcance que apunta a modificar radicalmente el mercado eléctrico en esta región. El vecino estado de California, que enfrenta desde hace tres años una crisis por falta de energía, genera por sí solo un producto interno bruto similar al de México.

Marathon Oil planea construir entre Tijuana y Rosarito un centro regional de energía. Una vez recibida la autorización del gobierno mexicano la empresa iniciará a principios de 2004 la construcción de un complejo que incluye una terminal de almacenamiento de gas licuado natural y una planta de regasificación, además de una terminal generadora de electricidad y una planta desalinizadora de agua. La empresa espera terminar el proyecto en 2006.

La firma petrolera estadunidense logró el 24 de julio un memorándum de entendimiento con la autoridad reguladora de energía de Indonesia, para que ese país asiático la provea de entre 3 y 6 millones de toneladas métricas de gas licuado natural por un periodo de 20 años para hacer funcionar el proyecto de Tijuana. Un acuerdo similar con Bolivia está a punto de lograrse.

El plan es el siguiente: Marathon Oil transportará por barco, desde Bolivia e Indonesia, gas comprimido. El combustible llegará a las costas de Baja California y se depositará en los tanques de almacenamiento. Después la planta gasificadora convertirá el combustible sólido en gas, el cual se utilizará para abastecer las plantas generadoras que empresas estadunidenses como Sempra Energy han construido en la frontera para vender el fluido eléctrico a Estados Unidos, con costos de México y a precios de aquel país. El excedente de gas se venderá al mercado estadunidense, también a los precios que rigen en California.

"Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 este tipo de proyecto no se construiría en Estados Unidos. Es simplemente un blanco muy fácil. La explosión de los tanques igualaría una detonación de 250 toneladas de TNT. Nunca se destruiría algo así en California; sin embargo, se realiza en México para los californianos", comentó Greenpeace acerca de los planes para instalar plantas de almacenamiento de gas en la región ubicada al noroeste de Tijuana.

El grupo ambientalista estimó, con base en las cantidades de gas que las empresas estadunidenses planean almacenar en Baja California, que en la zona se instalarán por lo menos 20 plantas de generación de electricidad para vender el fluido a Estados Unidos. La primera de esas plantas, construida por Sempra Energy, firma con sede en San Diego, comenzó a funcionar el miércoles pasado.

El proyecto de Marathon Oil es el más avanzado. Pero, como explica Jaime Martínez Veloz, diputado federal por Tijuana, es sólo uno de los que varias empresas trasnacionales promueven ante el gobierno foxista.

"Ahora están en marcha los preparativos para instalar en cuatro zonas de Baja California, entre Tijuana y Ensenada, enormes depósitos para almacenar gas

gas que comercializarán las compañías trasnacionales como Shell, Marathon Oil, El Paso Energy, British Petroleum y Sempra Energy. No hay que olvidar que varias de ellas enfrentan demandas en Estados Unidos por prácticas fraudulentas y por daño ambiental", recuerda el legislador.

Un viaje de dos horas en auto por la carretera panorámica de Tijuana a Ensenada sirve para entender la creciente preocupación de los habitantes por el daño que pueden causar las trasnacionales energéticas apoyadas por el gobierno federal para asentar aquí plantas de electricidad que abastezcan a Estados Unidos. La zona marítima es de las más bellas del continente, refugio de ballenas y leones marinos, un banco importante para la pesca y que cuenta con arrecifes.

"Estas empresas desean instalar terminales de importación y almacenamiento de gas natural licuado y de generación de energía eléctrica para transportar la mayor parte a Estados Unidos utilizando nuestro territorio como paso, es decir, como su gran basurero industrial", alerta Olga Martínez Hurtado, líder de los colonos del fraccionamiento Playas de Tijuana, zona que resultaría más afectada por las instalaciones de Marathon Oil.

Para que funcione el tipo de complejo industrial que las trasnacionales energéticas pretenden construir en esta península "se tendrá que construir un puerto por empresa, de un tamaño similar al de Ensenada", añade Martínez Hurtado. "Esto traería un daño irreversible a nuestro ecosistema marino", alerta la dirigente.

Martha Rocha, dirigente de Amas de Casa de Playas de Tijuana, recuerda que grupos sociales organizados ya han librado batallas contra empresas que pretenden realizar operaciones contaminantes en la zona. La estadunidense Chemical Waste Management pretendió instalar aquí, en 1988, un centro de acopio e incineración de residuos industriales, incluidos los llamados bifelinos policlorados, conocidos como askareles, sustancias altamente tóxicas que se producen en las plantas de generación de electricidad.

Esta empresa contaba con todos los permisos del gobierno, pero la oposición social provocó que en abril de 1992 el proyecto fuera cancelado.

"Ahora se presenta otro monstruo igual o más grande. Con los mismos argumentos de querer beneficiar a México estas empresas energéticas pretenden usar el territorio para hacer sus negocios. La lista de daños en caso de que siga adelante toda esta estrategia sería interminable: el sector pesquero sería devastado y lo mismo ocurriría con el turismo. El precio de las propiedades en todo el sector turístico se devaluaría y el ecosistema marítimo sería destruido en forma casi irreversible. La recuperación de un arrecife puede llevar de 900 a mil años y ahora podrían ser destruidos por los barcos que van a llegar a la costa para descargar el gas", traído de Bolivia e Indonesia, prevé Martha Rocha.

Como suele ocurrir cuando surge una polémica de este tipo, las empresas energéticas de Estados Unidos quieren hacer creer que sus actividades son inocuas. Ante la creciente oposición al proyecto, Marathon anunció este viernes, en un desplegado de plana completa publicado en los periódicos locales, que pretende involucrar a la población en el proyecto del Centro Regional de Energía. "Todos los que estamos involucrados en el proyecto tomamos muy en serio nuestras responsabilidades sociales, ambientales y corporativas", asegura la empresa. Ofrece que, además de sus instalaciones para el procesamiento de gas y generación de energía, construirá una planta desalinizadora de agua de mar para consumo de 350 mil habitantes de la ciudad y una instalación de tratamiento de aguas residuales para la planta.

"Nos quieren comprar", dice Ignacio Carlos Hurtado, ex presidente del Colegio de Arquitectos y actual dirigente de la Alianza Ciudadana Urbana de Tijuana. "No nos oponemos al proyecto sólo por oponernos. Hemos pedido opinión a expertos y las conclusiones que sacamos son que este proyecto es devastador."

El especialista, quien ha participado en el diseño urbano de Tijuana, duda que Marathon esté preocupada por el ambiente. "Si las normas que pretende aplicar aquí son tan estrictas como las de California, Ƒpor qué entonces no construye la planta allá? Le saldría mucho más barato, pues el gasoducto para transportar el gas sería de 30 kilómetros en vez de 64".

Carlos Hurtado, al igual que el diputado Martínez Veloz, manifiesta recelo ante la falta de interés de las autoridades federales, estatales y locales por abrir el debate sobre los proyectos energéticos que empresas transnacionales desarrollan en Baja California.

"Esas compañías donaron dinero para la campaña de Fox", asegura Martínez Veloz. "Marathon dice que desea consultar a la sociedad, pero hasta ahora sólo ha organizado reuniones con unas cuantas personas y se niega a participar en foros de debate más concurridos", manifiesta por su parte Carlos Hurtado.

J. P. Ross, encargado de la campaña de energía limpia de Greenpeace en Estados Unidos, dice que no tiene suficiente información para afirmar si el gobierno del presidente Vicente Fox es antiecologista por apoyar proyectos como los que desarrollan las trasnacionales energéticas en Baja California; sin embargo, agrega: "Existen ciertamente varias catástrofes ecológicas que el gobierno del presidente Fox está provocando, como el Plan Puebla-Panamá y la Escalera Náutica", también en la Península de Baja California. Uno de los problemas, añade, es la enorme influencia de los corporativos.

El experto de Greenpeace remata: "Por ejemplo, los empresarios de la industria del gas están teniendo enorme influencia en el desarrollo de las regulaciones sobre uso de gas natural licuado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales usará para regular las nuevas plantas industriales en la costa de Baja California. Esto obviamente crea problemas para asegurar que esas regulaciones serán hechas con el interés de proteger el ambiente y no para garantizar los intereses de los participantes en ese mercado, que buscan altas ganancias".

Sempra asegura que tiene autorización federal

Tijuana, BC, 3 de agosto. El representante de Sempra Energy, Carlos Loyola Peterson, se reunió con el alcalde de Ensenada, Jorge Catalán Sosa, para notificarle que la empresa cuenta con los permisos del gobierno federal para iniciar la construcción de una planta de gas natural licuado en aquella demarcación, lo que le permitirá obtener la autorización de uso de suelo local y comenzar la exportación a Estados Unidos.

La semana pasada Sempra Energy fue el centro de la polémica provocada por el alcalde ensenadense sobre supuestas obras sociales de la empresa por 15 millones de dólares, a solicitud del mismo edil.

El fideicomiso para apoyo a la comunidad de Ensenada, sin embargo, no es una condición para obtener los permisos de la autoridad municipal, aclaró Carlos Loyola Peterson.

Sempra obtuvo ya el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y está en espera de recibir la autorización de la Comisión Regulador de Energía (CRE) para operar la planta de almacenamiento de gas natural.

Actualmente existen dos proyectos para instalar plantas de gas natural licuado, 25 kilómetros al norte de Ensenada, en la zona conocida como Costa Azul.

Los proyectos son de las empresas Shell y Sempra Energy; ambas cuentan con la autorización de Semarnat.

Se prevé que la inversión de Sempra Energy en la ciudad ascenderá a unos 550 millones de dólares y que la construcción de la planta se iniciará a principios de 2004.