ENTREVISTA /RICARDO ALARCON, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CUBANO

Indicios de cooperación en materia migratoria con EU

SE DISPARARON LAS CRITICAS DE LA ULTRADERECHA ANTICASTRISTA

Al devolver un barco secuestrado y repatriar a sus ocupantes, Washington no hizo más que aplicar el acuerdo bilateral existente desde 1995. "Nada más y nada menos que eso. Es lo que está pactado desde hace años y que obedece a intereses legitimos de estados unidos."

GERARDO ARREOLA/III Y ULTIMA CORRESPONSAL

La Habana, 3 de agosto. La insólita negociación entre Cuba y Estados Unidos para la repatriación a la isla de un barco secuestrado y sus ocupantes, con la garantía de que los responsables no serían fusilados como lo fueron tres atacantes de una lancha en abril pasado, fue un caso de cooperación bilateral excepcional, dijo el líder parlamentario Ricardo Alarcón.

Fue una reacción de "pragmatismo norteamericano", declaró a La Jornada el experto en relaciones con Estados Unidos. "No me atrevería a decir que vaya a ser una nueva política norteamericana", señaló, para acotar de inmediato: "Ojalá lo fuera".

En este parte de la conversación, Alarcón habla del caso de la embarcación de exploración geográfica Gaviota 16, secuestrada por un grupo de emigrantes indocumentados el 15 de julio. Después de cruzar el canal de las Bahamas, y entrar en zona jurisdiccional de ese archipiélago, la nave fue interceptada por la Guardia Costera estadunidense en aguas internacionales.

Estados Unidos decidió devolver la embarcación y Cuba pidió también la repatriación de los ocupantes de la nave; los estadunidenses alegaron que no podrían entregarlos porque estaban amenazados de inminente fusilamiento, según el precedente de abril; Cuba prometió limitar las condenas a un máximo de diez años, tras lo cual el barco y sus 12 ocupantes fueron entregados a la isla.

SIN PRECEDENTE

Fue la primera vez que Estados Unidos devolvió una embarcación de mediano porte y repatrió secuestradores a Cuba, en un gesto que marcó un hito en el conflicto migratorio, mereció el reconocimiento explícito del gobierno de La Habana y disparó las críticas de la ultraderecha anticastrista de Miami contra el gobierno del presidente George W. Bush.

Más aún: el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, pidió difundir en la prensa cubana una declaración de condena a la emigración ilegal y desordenada y advirtió que los secuestradores de naves serían enjuiciados en su país y quedaban inelegibles para residir allá.

Esa declaración "tiene tanta importancia o más que los hechos", dice Alarcón.

"Lo que hicieron fue muy sencillo: aplicar el acuerdo (bilateral de 1995). Nada más y nada menos que eso. No ha habido un nuevo acuerdo, no ha habido que escribir nada diferente. Es lo que está pactado desde hace años y que además obedece a las razones y el interés completamente legítimos de Estados Unidos. No es del interés nacional de Estados Unidos admitir terroristas que entren a su espacio aéreo en aviones secuestrados o barcos."

-Al parecer la decisión final sobre el barco la tomó un equipo interagencias, donde estaba la Secretaría de Seguridad de la Patria. ¿No refleja esto la nueva noción del peligro terrorista, con una aplicación pragmática al caso cubano?

-¿Cómo puede haber gente que en barcos o avionetas entre y salga de Estados Unidos como les dé la gana, sin pedir planes de vuelo, sin obedecer las órdenes de la torre de control y a la vez decir que usted está preocupado por el terrorismo? ¿Qué pasa si viene un avión que dice que viene de Cuba, que dice que lo traen unos cubanos? ¿Y sin son terroristas? Son temas ante los que usted tiene que tener una posición categórica. No sé de esa reunión, pero tiene sentido en este momento. Están enfrentados a un esfuerzo de mayor coordinación. Me imagino que cosas como éstas habrán formado parte del proceso de la toma de decisión correcta.

-¿A qué se refiere concretamente la nota oficial cubana (21 de julio) cuando habla de "circunstancias excepcionales" en este caso y cómo se distingue del de la lancha Baraguá (tres de cuyos secuestradores fueron fusilados el 11 de abril)?

-El de Nuevitas (el puerto de donde zarpó el Gaviota 16) era un barco con capacidad de navegación para llegar hasta allá. No es un barco inapropiado. No estaba poniendo en riesgo la vida de la gente en sí mismo por eso. No hubo, como sí hubo en el caso de la Baraguá, amenazas de matar a las personas. Pero además se hubieran muerto, porque (la Baraguá) no hubiera llegado jamás a Cayo Hueso. Este otro no. Este otro hubiera podido seguir y llegar hasta allá.

"Hay una diferencia en la parte norteamericana en los dos casos. En el primero, recuerde que ellos dijeron que era de bandera cubana y que estaba en aguas internacionales y por tanto le tocaba actuar a Cuba. Conforme al derecho internacional es así, pero hace muchos años que Estados Unidos se arroga el derecho a detener cualquier embarcación en el golfo de México y el Caribe. Hace años. Detienen embarcaciones mexicanas, cubanas, de cualquier nacionalidad, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

"En segundo lugar hay un deber de ayuda. (La Baraguá) evidentemente no podía llegar a Florida y se dirigía hacia allá. Tenían el deber de auxiliar a esas personas. Usted dirá que también lo tenía Cuba. Pero Cuba trata de persuadirlos de que no se vayan a esa aventura y evita la acción física, para evitar un accidente. Ellos, los que se han arrogado esa facultad, que lo hacen todos los días, ¿por qué no lo hacen en el caso de la Baraguá? Para tirarnos un problema.

"En el caso del Gaviota 16 la actuación de ellos fue completamente diferente. Vinieron a buscar el barco, lo detuvieron en alta mar, lo devolvieron. Se llegó a un entendimiento de que los secuestradores no serían sancionados con la mayor gravedad. Pero hay una cosa diferente: la cooperación norteamericana, que ahí actuó completamente diferente que en el caso de la Baraguá. Ya no dijeron "bandera cubana, es cubano, está en aguas internacionales, ocúpense ustedes."

-Al principio así fue...

-Pero recapacitaron. Quizá recapacitaron porque se dieron cuenta de que ese barco sí llega a Estados Unidos...

-Siendo barco de bandera cubana en aguas internacionales, ¿Estados Unidos pidió autorización a Cuba para abordarlo?

-El acuerdo que suscribimos en el 95 implica que ellos puedan hacer eso, que ellos puedan interceptar en altamar. No es un barco mercante cubano, no es un barco cualquiera. Lleva personas que tienen, evidentemente, el propósito de llegar a Estados Unidos. El acuerdo que tenemos implica que ellos pueden detener esos barcos en altamar.

-¿Había ocurrido antes algo así, la devolución de un barco secuestrado?

-No recuerdo. Es la primera vez. Ha habido embarcaciones de pequeño porte, pero como este no creo que lo hubiera habido antes, ni tampoco que ellos hubieran devuelto a los secuestradores.

-Son los primeros secuestradores devueltos...

-En ese sentido hay un carácter de excepcionalidad. No es por gusto que en Miami se haya armado este alboroto. Ellos por primera vez han devuelto a Cuba a los autores de un hecho de este tipo (...) incluso hay otro elemento de excepcionalidad. Según se ha publicado en versiones de prensa, un argumento en contra de esta gente, que tuvieron ellos, es que guardacostas dicen que fueron agredidos por los ocupantes.

(Las versiones, siempre de fuentes anónimas, que no llegaron a ser respaldadas oficialmente, aunque tampoco desmentidas, dijeron que algunos de los cubanos resistieron con violencia el abordaje de la Guardia Costera, hasta el punto de que esa fuerza tuvo que emplear gas pimienta para reprimirlos).

"Desde el punto de vista estrictamente legal", señala Alarcón, "a partir de este momento ellos podían haber asumido cierta jurisdicción, llevarlos a juicio por atacar a una autoridad. Yo no sé si los condenaban o no, pero había eso. La reacción fue al revés. Se quitaron de encima un paquete: abrir un juicio en Miami o en Cayo Hueso que implicara, incluso, acusar a estas personas de agresión a norteamericanos.

-Era repetir el caso del An-24 (el avión cubano secuestrado en marzo pasado; el atacante fue hallado culpable en Miami de piratería aérea y aguarda una sentencia que puede llegar a 20 años)...

-Exactamente. El elemento de excepcionalidad es la secuencia objetiva de los hechos.

-Técnicamente, en el caso del Gaviota 16 se configuraba el delito de terrorismo, como lo establece la ley cubana...

-...y la norteamericana también y la internacional. A mí no me queda duda.

-La decisión cubana (de limitar la condena, evitando un nuevo juicio sumario con pena capital) ¿va en el sentido de reciprocar un acto de Estados Unidos de apego al acuerdo?

-Sí. Y además, también lo decimos en la declaración, es un paso positivo, indudable, de Estados Unidos, que puede ayudar a poner fin a este tipo de cosas. Fue realmente eficaz, acompañado por la declaración de Cason, que fue categórico en defender una política de no favorecer, no aceptar la emigración ilegal o por la violencia.

-¿Diría usted que han sido medidas de confianza mutua?

-Se demostró la posibilidad de cooperación, que es lo que establecen los acuerdos, y es algo que tiene que haber molestado mucho a ese sector de la ultraderecha de origen cubano. No a la ultraderecha norteamericana, que sabe que Cuba es un país serio, creíble.

(La negociación surgió) sobre la base de un compromiso cubano, que es lo que la fiscalía pediría (en el juicio a los secuestradores del Gaviota 16). O qué es lo que haría el gobierno, en el caso de que el tribunal decidiera otra cosa. Es decir, un tipo de actuación con relación a la posible sanción que se puede poner a estas personas por el delito cometido, que no pasa de ser la palabra de Cuba. Pero ellos creen en la palabra de Cuba.

-En lo que hemos hablado, ¿usted ve un panorama de elementos que van erosionando la política estadunidense de 40 años hacia Cuba, que la van desgajando paulatinamente?-Es un ejemplo de posibilidades de cooperación y de que se puede cumplir con la ley. Ojalá esto sea el inicio de una posibilidad de desarrollo. Nosotros les hemos propuesto ya varios proyectos de acuerdos bilaterales (sobre narcotráfico, terrorismo y tráfico de personas), que incluso cubrirían esta tarea, para complementar los acuerdos migratorios. Ellos se han negado incluso a discutir esas propuestas. Sin embargo, ahora en la práctica, con ese pragmatismo norteamericano, en un caso concreto, han dado un paso, a partir del cual ojalá pudiera avanzarse, digamos, a convertir en norma lo que hasta ahora es una excepción. No me atrevería a decir que ya vaya a ser una nueva política norteamericana. Ojalá lo fuera.

"La declaración de Cason tiene tanta importancia o más que los hechos. Porque, obviamente, él no dijo lo que le dio la gana. Es una declaración consultada a Washington que ellos quisieron hacer pública, que nos pidieron que publicáramos acá. Si fuera así, por supuesto sería un elemento de erosión a esa política anticubana.

"Era legítimo que nos pusiéramos de acuerdo con los norteamericanos en que "esas personas que ustedes devuelven serán tratadas como las que ustedes han devuelto en otras ocasiones. Ahora, en este caso, además, se han robado un barco, han usado la violencia, inclusive la violencia contra ellos, contra los norteamericanos, aparentemente... sobre eso sí son juzgables."

-O sea que no serán juzgados bajo la ley antiterrorista, sino bajo la ley penal...

-La ley antiterrorista incluye robo, secuestro, navegación ilegal de barcos, pero también hay otras leyes que los prevén.

-El gesto cubano, tácitamente, ¿es abstenerse de emplear la ley antiterrorista y en cambio usar otras leyes que dan como resultado una sanción leve, máximo de 10 años y no la pena de muerte?

-No podría responderle eso, porque la ley contra el terrorismo no es una ley maximalista, que en todos los casos tenga que imponer el máximo de condena. Como en toda ley, tiene cierta gradación y todo tribunal puede tomar en cuenta diversos atenuantes.

-El compromiso fue fijar un tope de condena...

-Lo que puede hacer cualquier gobierno. La fiscalía es una rama del gobierno. La fiscalía no va a pedir penas superiores a 10 años. Ahora, el tribunal puede modificar lo que pida la fiscalía y puede condenar a más de 10 años. El gobierno tiene la facultad de clemencia, de intercesión posteriormente, para dejar como máximo 10 años.