TOROS

Afirma el apoderado

El Juli no volverá a México mientras continúe Herrerías

LUMBRERA CHICO

Después de un infructuoso viaje de ocho días a Madrid, donde trató sin éxito de reconciliarse con Julián López El Juli, el pasado miércoles Rafael Herrerías arribó al aeropuerto internacional Benito Juárez y al bajar del avión declaró que no abrirá la Monumental Plaza Muerta (antes México) mientras el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no reforme el reglamento taurino a la medida de sus caprichos.

Luego de echar la culpa de la gravísima crisis que atraviesa la tauromaquia mexicana a Andrés Manuel López Obrador, el "empresario" cogió el teléfono y amenazó de muerte a Jorge de Jesús Gleason, El Glison, quien el jueves denunció los hechos ante el Ministerio Público en la delegación Benito Juárez, que todavía no culmina la averiguación previa solicitada por el juez de plaza Ricardo Balderas, al que Herrerías también amenazó de muerte durante la corrida del 5 de febrero.

"El Juli no regresará a la Plaza México mientras no cambien al empresario", reiteraron en la capital española los representantes del joven diestro madrileño, al salir del breve encuentro que sostuvieron con Herrerías, quien viajó a la península ibérica en busca de figuras para organizar la próxima temporada de otoño. Sin embargo, topó con el rechazo de Manuel Caballero, José Tomás, Joselito y El Fandi, lo que, aunado a la suspensión de Enrique Ponce por un año, significa que la única figura europea dispuesta a hacer el paseíllo en el embudo de Mixcoac es el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.

A pesar de estos fracasos, una fuente conectada con Televisa reveló que Herrerías ya pagó la renta de la Plaza Muerta gracias a un préstamo por 2.2 millones de dólares que obtuvo en un banco de Laredo, Texas, mediante el aval de una poderosa familia veracruzana. Este hecho, plenamente confirmado, no garantiza que habrá de salirse con la suya, pues aparte del repudio que le expresaron las máximas estrellas de la torería española, está esperando la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que analiza las pruebas del fraude cometido por el "promotor" cuando falsificó la firma de Enrique Martín Arranz, para defraudar a la afición por un monto estimado en 26 millones de pesos.

Con la espada de la justicia pendiendo sobre su cabeza por aquella estafa y las amenazas de muerte contra El Glison y Balderas; con la abierta oposición de Adolfo Lugo Verduzco, líder de los ganaderos bravos; con el descontento que reina entre los picadores y banderilleros, que llevan meses muriendo de hambre por la falta de corridas, Herrerías pretende que López Obrador doble las manos y acepte cambiar el reglamento, desapareciendo el principio de autoridad en el ruedo. A este respecto, un grupo de taurinos prepara una ponencia para solicitar que si el GDF cede ante el cacique, ordene también que desaparezcan los asientos numerados, se establezca un precio único a todos los boletos y la gente que llegue primero a la plaza pueda sentarse en los mejores lugares.