Batres: se vigilará que no circulen unidades del GMT

Remitirán al corralón a autobuses irregulares

Protestan grupos del Sutaur en la PGJDF y la CDHDF

MIRNA SERVIN Y SUSANA GONZALEZ

La vigilancia en el conflicto de los ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 continuará para evitar que pongan en circulación autobuses del transporte público concesionado y ofrezcan el servicio sin tener la titularidad administrativa de la empresa, informó el subsecretario de Gobierno en la capital, Martí Batres, quien enfatizó sobre la actitud conciliadora del gobierno; no obstante, destacó, se remitirán al corralón las unidades que incurran en irregularidades, como ya sucedió con 37 de ellas.

Al término de la reunión del gabinete de seguridad, Batres aseguró que el conflicto ha evolucionado de manera pacífica en los últimos días, e indicó que mientras haya buena disposición de las partes, el gobierno mediará para que se den los acercamientos que se requieren para solucionar el problema por la vía del diálogo.

"Se requiere una actitud responsable y cuidadosa. Vamos a ver cómo evoluciona. Necesitamos que la mediación del gobierno tenga como contraparte la disposición de ellos", apuntó.

El funcionario mencionó que se mantendrá la vigilancia y que aquellos autobuses que sean sacados de los módulos sin la autorización respectiva serán detenidos y trasladados a los corralones y no podrán ser entregados a menos que los afectados demuestren que tienen el control administrativo de los mismos.

Aseguró que distintos representantes del gobierno de la ciudad mantienen contacto con los grupos que intervienen en el conflicto y reiteró el llamado a los disidentes para que devuelvan las instalaciones que tienen en su poder, como una medida para promover la negociación.

Por su parte, unos 200 trabajadores del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT) exigieron ayer a mediodía -con otro plantón frente a la sede de la procuraduría capitalina- que el Ministerio Público agilice las investigaciones sobre las dos denuncias penales que presentaron por la toma de tres módulos del consorcio y que se gire orden de presentación contra los dirigentes del grupo disidente del ex sindicato de Ruta 100 (Sutaur 100).

El plazo que dieron a las autoridades para que actúen es hastael próximo viernes, pero mientras tanto "todos los días" se presentarán en las PGJDF para "exigir justicia", advirtió Gabino Camacho Barrera, quien junto con siete representantes más del consejo de administración del GMT, fueron recibidos por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia.

Fernando García Guzmán, también del GMT, insistió en que está latente la posibilidad de que recuperen las instalaciones por sus propios medios, pero si llega a darse un enfrentamiento entre ambas partes, dijo que la responsabilidad recaerá en el gobierno capitalino, y mencionó que en los nueve días que cumple el conflicto han perdido unos 10 millones de pesos, frente a la creciente desesperación de 900 trabajadores que no han percibido ningún ingreso.

Casi a la misma hora y a unas cuadras de distancia de la PGJDF, seguidores de Jorge Cuéllar Valdés se presentaron en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para demandar respeto a su derecho a trabajar y a sus garantías individuales, al tiempo que acusaron de "hostigamiento" a la procuraduría y dijeron que harán frente a cualquier intento que haga Camacho Barrera, García Guzmán y Ricardo Barco, asesor del GMT, por recuperar los módulos y autobuses tomados.

Atendidos por Jaime Calderón, titular de la Dirección General de Quejas e Información, estos ex trabajadores de Ruta 100 no presentaron ninguna queja porque el organismo no atiende conflictos laborales, ni entre particulares, según el área de comunicación social, pero el asesor legal del grupo, Jorge García, aseguró que ampliaron y ratificaron una querella presentada el año pasado y se les aseguró que la comisión se mantendría atenta y vigilante del desarrollo del conflicto, incluso enviaría oficios para tomar medidas cautelares para evitar afectaciones a sus derechos humanos.