En mayo pasado el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó que el Ejecutivo federal había colocado en manos de trasnacionales 30 por ciento de la generación de energía en el país, y alertó sobre semejante atropello a la Constitución, perpetrado por los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Documentos posteriores de la propia Comisión Reguladora de Energía (CRE) indican que los productores privados cuentan con permisos para realizar obras que representan 50 por ciento de la capacidad total de generación de energía eléctrica, que pondrán en marcha en un futuro cercano.

A la luz de esas cifras es obligado señalar, una vez más, que el gobierno actual se desempeña en materia energética a contrapelo de la Carta Magna, en cuyo artículo 27 se asienta la exclusividad de la nación para "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica".

Por si no fuera suficientemente malo este incumplimiento constitucional, en el norte del país la entrega de la generación de energía a corporaciones trasnacionales ha dado lugar al establecimiento de una suerte de maquila de electricidad que abastece a localidades estadunidenses y se lleva las ganancias y la energía al otro lado de la frontera, dejando en nuestro país la contaminación resultante, como denunció en la edición del pasado domingo de este diario el diputado Jaime Martínez Veloz, quien señaló la perspectiva de que México se convierta en una suerte de "cuarto de máquinas" para el sur de Estados Unidos.

Los hechos mencionados representan, por un lado, la materialización parcial de los afanes explícitos del foxismo por privatizar lo que queda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, así como del denominada Alianza Energética de América del Norte, promovida por el gobierno de George W. Bush para convertir a nuestro país en un proveedor barato y contaminable de electricidad, gas y petróleo para la economía estadunidense. En tales circunstancias no parece casual la reaparición de Carlos Salinas en el panorama político nacional, con sus loas a los intentos gubernamentales por culminar las "reformas estructurales" -léase privatizaciones- que el propio Salinas, para fortuna de la nación, no logró terminar en su sexenio.

Si ha de juzgarse, pues, por los quebrantos a la Constitución y a la soberanía nacional, el actual gobierno, más que del cambio, está resultando el de la continuidad salinista y neoliberal.