Testimonios del horror en un panteón argentino

El general Luciano Menéndez, detrás del asesinato de una joven embarazada de 20 años

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 4 de agosto. Al tiempo que continúan los trámites judiciales por la lista de los más de 40 represores de la última dictadura militar (1976-1983) pedidos por la justicia española, las huellas del horror vivido en aquellos años siguen presentes, como quedó en evidencia con el descubrimiento de los restos de una jovencita secuestrada y asesinada justamente por uno de los requeridos para ser extraditados: el entonces poderoso general Luciano Benjamín Menéndez.

El cadáver de Liliana Sofía Barrios, quien tenía 20 años y estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada el 26 de marzo de 1976 por los grupos de tareas de Menéndez, fue identificado luego de ser hallado en una fosa común en la provincia de Córdoba. La joven habría sido asesinada junto con otro grupo de detenidos, desaparecidos en abril de 1976.

A Liliana llegaron a buscarla una noche cuando su compañero Alberto Castro, militante del sindicato municipal cordobés, no estaba en casa. Se habían unido desde muy jóvenes y a los 16 años Liliana ya había tenido a su primera hija, Sara, y casi tres años después a Humberto. ''Esperaba su tercer vástago cuando se la llevaron'', recuerdan sus suegros.

Alberto Castro pudo rescatar a sus hijos y los entregó a los abuelos. Pero nadie creía que algún día se sabría el destino de los secuestrados. Castro se convirtió en un exiliado interno por mucho tiempo. La historia que se cuenta de Liliana fue hilada por los testimonios de algunos sobrevivientes. Se dice que la torturaron terriblemente y la asesinaron el 7 de abril de 1976 junto con otros dos chicos muy jóvenes: Tomás Eduardo Gómez Prat y Alfredo Eusebio Esma, uno de los cuales murió en una de las temibles sesiones de interrogatorio del campo de concentración clandestina de La Perla.

A Liliana "la fusilaron desde un metro de distancia. Fue terrible, sólo dos disparos: un tiro en la pelvis y otro en el tórax. Recién el 27 de abril su cadáver fue arrojado, junto con otros, en aquella fosa del cementerio de San Vicente, donde ahora se pudo identificar", narró un testigo. Habían transcurrido 27 años cuando el pasado jueves sus restos fueron entregados a la familia. Estaban los hijos Sara y Humberto, quienes desde muy pequeños fueron llevados por su abuela Angela a las rondas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde diciembre de 2002 el Equipo Argentino de Antropología Forense está dedicado a exhumar los cuerpos de 91 de las víctimas de la dictadura descubiertos en esa fosa en el cementerio de San Vicente, en Córdoba, y el primero de julio pasado habían identificado el cuerpo de Mario Osatinsky, secuestrado y asesinado el 25 de marzo de 1976 en la Serranita, cerca de una localidad veraniega en Alta Gracia. No era el único de la familia. Su padre Marcos Osantinsky, que fuera uno de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) peronistas y su hermano José, de 15 años, fueron también secuestrados y desaparecidos.

Su madre, Sara Solarz de Osatinsky, quien ahora vive en Suiza, fue plagiada en mayo de 1977 y llevada a vivir el horror en los temibles laberintos de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante más de un año.

Torturada, Sara Osatinsky debió escuchar del capitán Héctor Vergez los terribles detalles de cómo sus familiares habían muerto torturados. En 1978 fue llevada al aeropuerto de Ezeiza y la obligaron a exiliarse.

Varios cuerpos tenían placas de identificación

En el expediente, elaborado en Córdoba por la juez Cristina Garzón de Lascano respecto de la fosa común del cementerio de San Vicente, se dice que esos cuerpos fueron enterrados de manera clandestina. Muchos de los restos tenían placas de identificación: 160 para Mario Osatinsky y 156 para Liliana Barrios.

Luciano Benjamín Menéndez, quien figura en la lista de extradiciones de Garzón, era el máximo responsable en Córdoba cuando se producían esos crímenes. El mismo que alguna vez, ya en la democracia, desenvainó un cuchillo para atacar a periodistas y amenazaba a los familiares de los desaparecidos que le gritaban "šasesino!", lo único que podían hacer ante la impunidad que permitieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En estos días Menéndez intentó lograr su excarcelación. Pero quizá nunca rinda cuentas porque tiene 77 años y puede cumplir el arresto en su domicilio y los tiempos de los exhortos judiciales de apelaciones y subterfugios legales serán largos.

Hoy, el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó las detenciones el pasado fin de semana en respuesta a un requerimiento de Garzón, negó la excarcelación a 11 ex represores. De los 46 militares, policías y un civil requeridos por la justicia española sólo hay 41 detenidos, porque dos ya fallecieron y otros tres se encuentran prófugos.

El magistrado español Baltasar Garzón espera conocer la posición de la fiscalía y de la Acusación Popular de España para enviar su exhorto judicial, en el que figuran, entre otros, el intendente electo de Tucumán, el general Antonio Domingo Bussi ųa quien hoy se le concedió el beneficio del arresto domiciliario por ser mayor de 70 añosų, el ex capitán de fragata Alfredo Astiz (condenado a cadena perpetua en Francia por la desaparición de dos monjas de ese país), el ex comandante de la Armada Armando Lambruschini, el capitán de fragata Jorge Enrique Perren y el suboficial retirado de Prefectura Juan Antonio Azic, actualmente internado porque intentó suicidarse cuando lo iban a detener.

La Acusación Popular de España, en la que figuran familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos humanitarios, dijo que reiterará su conformidad con el exhorto y que se confirme a la justicia argentina el pedido de embargo de bienes de todos los procesados. La fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se tramita el juicio por genocidio, terrorismo y torturas desde 1996, ya dictaminó que las autoridades de su país no son competentes, pero aunque rechace otra vez los exhortos su posición no es vinculante. Para el juez ya están corriendo los tiempos. Para los que esperan justicia cada hora que pasa es otra forma de tormento y en este país, donde los familiares de miles de desaparecidos declararon la guerra al olvido, cada día en algún lugar aparece una nueva historia en el camino a la verdad, como la de Liliana y Mario, unos de los miles que pasaron por La Perla, la Esma en Buenos Aires o los más de 300 centros clandestinos de detención de la dictadura, paso previo a la desaparición.

En este marco, el presidente Néstor Kirchner prometió su apoyo al poeta y escritor Juan Gelman, quien pidió la ayuda del Estado argentino para encontrar los restos de su nuera, María Claudia García Iruretagoyena, secuestrada aquí y desaparecida en Uruguay durante la operación Cóndor, de coordinación represiva, que funcionó durante la dictadura. Gelman sostuvo que no sólo el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, no ha respondido a las solicitudes para encontrar los restos, sino que además el mandatario sabría quién asesinó a su familiar.

Kirchner ha derogado el decreto que impedía la extradición de los represores a España y ha desatado un debate que ahora abre la posibilidad de que la Corte Suprema, ante la magnitud de los sucesos, decida finalmente anular las leyes del perdón de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), que consagraron la impunidad, con lo que cada día parece más cercana la posibilidad de que se haga justicia.