MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Involuntaria confesión del fracaso privatizador

Después de 20 años de desmantelamiento productivo, el gobierno carece de recursos

SIN PROPONERSELO, con unas cuantas palabras el secretario de Hacienda resumió el rotundo fracaso de la política privatizadora, la venta de garaje que a lo largo de las dos últimas décadas ha sido promovida y aplicada en México por cuatro administraciones gubernamentales cuyo único alcance ha sido el desmantelamiento de la infraestructura productiva y de servicios del Estado, así como el creciente uso de recursos públicos para fines privados.

REFIRIENDOSE A LO HECHO por el actual gobierno, pero concentrando en su dicho lo sucedido de 1983 a la fecha, Francisco Gil Díaz subrayó: "A la fecha ya utilizamos los recursos de las privatizaciones, las bursatilizaciones y el rescate de la deuda externa; todo ha llegado a un grado considerable de agotamiento y al mismo tiempo hay una dinámica de gastos muy fuerte que hay que enfrentar (...) El año entrante prácticamente no vamos a tener ingresos por esos conceptos, pero tendremos que atender necesidades muy urgentes, entre ellas las del campo" (La Jornada).

EN UN DESAYUNO con los próximos diputados cenecistas, el funcionario subrayó: "Hemos vendido las acciones que tenía el gobierno en algunas instituciones bancarias, en Aseguradora Hidalgo y se colocó el papel de las carreteras en un fideicomiso, entre otras cosas que nos han dado ingresos extraordinarios adicionales y de todos estos conceptos de los que hemos echado mano nos hemos valido para salir dentro de los topes que el Congreso establece para el déficit."

EL PANORAMA FUE redondeado por el secretario de Hacienda: en el próximo trienio, el gobierno mexicano reportaría un déficit de 360 mil millones de pesos "para hacer frente a sus gastos" y éste "será el reto más importante e inmediato que como gobierno vamos a tener que enfrentar". No perdió oportunidad para bromear con los futuros legisladores: "Seguramente no sabían esto cuando se postularon como candidatos a la Cámara de Diputados. Yo tampoco lo sabía cuando me invitó el Presidente y hasta ahora no me he rajado."

EL DESOLADOR PANORAMA presentado por Gil Díaz corresponde al gobierno de Vicente Fox, pero en nada dista del ofrecido por cada una de las tres tristes administraciones públicas que lo precedieron, si se recuerda que --tal como sucede ahora--- todo vendieron, a todo le metieron mano (Infornavit, SAR, IMSS, ISSSTE, Afore, etcétera, etcétera) jugando, comprometiendo o de plano robando dinero ajeno (no es casual que los recursos "aplicables", es decir, los que "desaparecieron", los que "nunca reclamaron" o los que la autoridad pide "prestados" siempre correspondan a los trabajadores y a las instituciones de seguridad social), y ahora resulta que el gobierno de la República carece de recursos "para hacer frente a sus gastos".

LOS "GASTOS", como los define Gil Díaz ("México no puede decir que no va a cumplir sus compromisos externos"), no tendrán mayor destino que el creciente, explosivo, inagotable pago del servicio de la deuda pública (externa, interna y los rescates bancario y carretero, sin olvidar los "funcionales" Pidiregas) que desborda todas sus posibilidades, a pesar de la tesis presidencial de que el del débito público en México es un "problema superado". Por ello, los únicos "pasivos contingentes" a los que pretenden meterle cuchillo sin mayor consideración corresponden a la seguridad social: alrededor de 450 mil millones de pesos, en un proceso de "borrón y cuenta nueva". Allí están las "reformas" al IMSS; allí vienen las del ISSSTE.

VEINTE AÑOS EN los que no ha dejado de aplicarse una decidida política de desmantelamiento de la infraestructura productiva y de servicios propiedad de la nación para concluir que el gobierno de la República carece de recursos para hacer frente a lo que se aproxima (cuando el futuro nos alcance), amén de que ya no tiene de dónde agarrarse, ya no tiene nada más que vender... excepto el apetitoso mercado energético nacional.

EL PRETEXTO PRIVATIZADOR fue, es, que al liberarse el gobierno de los fuertes gastos derivados de la administración de alrededor de mil 200 empresas estatales "ineficientes" (que tenían un peso específico en 68 de 73 sectores de la economía mexicana y que, obvio, generaban empleo), los recursos obtenidos por su privatización nutrirían al erario público y se destinarían a la atención de las grandes urgencias sociales, a la reducción de la enorme deuda social acumulada.

EN LOS HECHOS, ¿qué ha sucedido en estas dos décadas privatizadoras? Las arcas nacionales están en calzoncillos; se utilizan los recursos públicos para las necesidades privadas; el Estado se ha quedado sin empresas, sin infraestructura productiva y de servicios; ha cedido soberanía en todos los ámbitos; las urgencias sociales son más urgentes que nunca y la deuda social desborda cualquier estimación.

AL GOBIERNO FOXISTA le llega el agua a los aparejos y aun así no desiste de su propósito privatizador, de la aplicación puntual de un modelo económico que a lo largo de esas dos décadas ha demostrado su fracaso. Así procedieron las tres administraciones públicas que lo antecedieron. Allí están los resultados, pero no quita el dedo del renglón: privaticemos el mercado energético... ¿Y después?

DESPUES, NADIE SABE, pero todos lo prevén. Lo que sí se conoce es que el desempleo sigue avanzado, con o sin "programas de emergencia" de cien millones de pesos: de acuerdo con la más reciente información de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo en los primeros 15 días de julio pasado 22 mil 320 trabajadores perdieron su fuente de empleo; 98 por ciento eran plazas permanentes y 2 por ciento eventuales.

Las rebanadas del pastel:

NO Y MIL VECES NO: el Banco Mundial niega que su función sea imponer políticas privatizadoras al gobierno mexicano, como la correspondiente a los ahorros de los burócratas, la supuesta "iniciativa de Hacienda para reformar el ISSSTE", o la relativa a la "electrificación fuera de la red" -pública- en áreas rurales del país... Lo que sí hace, de acuerdo a su propia definición, es "demostrar una práctica de compañerismo público-privado que maximice la participación del sector privado, ampliando la disponibilidad de recursos para mejorar el bienestar social"... ¿Alguna duda?