La pesadilla por homicidios y desapariciones se extiende a Chihuahua; 9 casos en 2003

Critica AI la ineptitud oficial en torno a las asesinadas en Juárez

La titular del organismo se reúne con parientes de víctimas, que denuncian acoso de funcionarios

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, Chih., 10 de agosto. La pesadilla por los asesinatos y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez se ha extendido a la capital estatal, Chihuahua.

En el contexto del informe del encuentro entre Irene Khan, presidenta de Amnistía Internacional (AI), y los familiares de las víctimas se documentaron nueve casos tan sólo en 2003 en Chihuahua, que se suman a la larga lista de crímenes en la ciudad fronteriza.

El reporte de AI, adelantado a los familiares, contabiliza 370 asesinatos de mujeres, de los cuales 137 son considerados producto de la violencia sexual. Es la cifra más alta que ha dado un organismo internacional hasta ahora.

"Admiramos la fortaleza y el valor que han tenido para pedir justicia. Compartimos su tristeza, su pesar, su enojo", dijo Khan durante unacto en memoria de las víctimas, en el cual se depositó una ofrenda floral en el terreno conocido como lote algodonero, donde fueron encontrados en noviembre de 2001 los cuerpos de ocho jóvenes, sin que hasta ahora quede plenamente clara la identidad de las víctimas. Asimismo, se desconoce a los responsables.

"Por el bienestar de ustedes, esperamos que las autoridades investiguen y podamos saber la verdad", subrayó la dirigente de AI, y confió en que el caso de los homicidios de mujeres en Juárez será considerado por la organización -de 1.8 millones de integrantes- como el más emblemático de violencia sexual e impunidad en todo el mundo.

"Estas historias las llevaremos alrededor del mundo. Es un escándalo que esta situación se siga presentando", subrayó Khan.

Otras instancias

La visita de AI a Ciudad Juárez se realiza en medio de la puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad Pública -en el que intervienen cinco dependencias federales- y del descubrimiento de otros tres cuerpos de asesinadas en el valle de Juárez, el pasado 23 de julio, al día siguiente de que comenzara a operar dicho plan.

AI también está presente una semana después de la visita de especialistas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se entrevistaron con familiares de las víctimas y de quienes son considerados chivos expiatorios o culpables fabricados.

Precisamente uno de los presuntos chivos expiatorios más importantes, el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, fue acusado de 25 crímenes seriales por la fiscalía especial del caso exactamente un día antes de la llegada de AI a Ciudad Juárez.

Los casos de Diana Jazmín y Neyra Azucena

Entre los testimonios escuchados por Irene Khan durante la reunión a puerta cerrada con dirigentes y familiares de las víctimas en el hotel Fiesta Inn, estuvo el de Hilda Medrano Beltrán, madre de la joven Diana Jazmín García Medrano, desaparecida el pasado 27 de mayo en Chihuahua y cuyo cuerpo no ha sido hallado.

Visiblemente conmovida en la ceremonia en el lote algodonero, Hilda Medrano recordó que desde la desaparición de su hija las autoridades lo único que han hecho es amedrentar a la propia familia. Primero acusaron al novio de Diana Jazmín de ser el responsable, pero resultó que ella "ni siquiera tenía novio".

Después le dijeron a Alejandra, hermana menor de Diana Jazmín, que debía pasar por el polígrafo, porque era una de las sospechosas, ya que fue la última que habló con la desaparecida.

Diana Jazmín desapareció cuando se dirigía a la escuela de cómputo B&T en la capital estatal. En este contexto, más de una decena de casos en Juárez y Chihuahua están relacionados con escuelas de cómputo que no han sido investigadas.

"He perdido la confianza en las autoridades", dice Hilda Medrano. Tiene como trasfondo las ocho cruces sembradas en el lote algodonero y el calor sofocante de esta ciudad en el desierto. "Más que hostilidad, lo que siento es burla de los agentes. Temo cada vez que me llaman por teléfono a la casa, porque sólo quieren intimidarnos y acusar a nuestra propia familia", relata.

Este caso se suma a una lista en la que aparecen también los nombres de las jóvenes Claudia Yudith Urías, Paloma Angélica Escobar, Neyra Azucena Cervantes y Erika Noemí Carrillo Rodríguez, todas de Chihuahua, desaparecidas o halladas muertas en las últimas semanas. Sus familiares se presentaron ante AI con carteles con fotos de cada una de las jóvenes y demandas de justicia.

Otro caso expuesto ante AI fue el de Neyra Azucena Cervantes, desaparecida el 13 de mayo de 2003 y cuyos supuestos restos fueron presentados a la familia el 15 de julio pasado, pero no corresponden con la identidad de la joven. La osamenta fue encontrada en un sitio conocido como Los cuernos de la luna. Las autoridades han inculpado al primo de la víctima, David Meza, y al padrastro, Jesús Argueta.

En una carta, Patricia Cervantes, madre de Neyra, expone que ni el cabello ni la dentadura de los restos corresponden con los de su hija, mientras, afirma, autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado y el sacerdote Antonio Ramírez, conocido como padre Toño, la han presionado para que acepte que es el cuerpo de la joven.

En la parte medular de su testimonio, Patricia Cervantes afirma: "Desde la desaparición de mi hija, la procuraduría me ha engañado, como a las otras madres. Hasta 15 días después de que presenté la denuncia empezaron a buscarla. Me dijeron que Neyra estaba viva y no quería regresar. Ignoraron la información que les proporcioné. Allanaron mi domicilio, sin orden judicial. Hostigan y presionan a familiares y amigos. Privaron de la libertad ilegalmente a Jesús Argueta, mi esposo, y a David Meza, mi sobrino. Los torturaron física y sicológicamente. Inventaron una historia ridícula e inculparon a mi sobrino de la muerte de Neyra.

"Estos meses han sido un infierno. Al dolor por desconocer la suerte de mi hija se ha sumado el maltrato y abuso de autoridad de la procuraduría, la prisión de un inocente, el chantaje, la difamación y ahora el hostigamiento de un ministro de la Iglesia católica y del especialista contratado por la procuraduría del estado. A las personas y organizaciones que nos apoyan, las descalifican. Ya basta."

"¡Ni una más!"

La ofrenda de flores colocada sobre las ocho cruces en el lote algodonero por Irene Khan anuncian, a decir de observadores, una nueva ola de repercusiones internacionales por los crímenes en Juárez, y ahora también en Chihuahua.

Las madres de las víctimas cantan la plegaria y el himno de batalla: "Rumbo a Juárez llegarán/ lucharán, lucharán y la justicia llegará/ ellas gritan: ¡Ni una más! ¡Ni una más!"

La frase "ni una más" se ha transformado en un grito de rabia, en un lamento y en una denuncia ante la impunidad. Hoy AI confirmó que, según sus cifras, son 370 las mujeres asesinadas en una década.

"Esta es una falta total del sistema de justicia. Queremos agre-

gar nuestra voz para poner fin a esto", subrayó Irene Khan ante las madres de las víctimas que han escuchado en los últimos tres años a cuatro instancias distintas de Naciones Unidas y a más de cinco redes civiles internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unirse a su demanda de justicia. Y todo sigue igual o peor.

Autoridades mexicanas no usan la ley para proteger, sino para mantenerse al margen

Antes de viajar a Ciudad Juárez, Khan criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) haya dejado pasar más de 10 años para involucrarse en el caso, y señaló que dicha tardanza muestra que se ha visto la ley como mecanismo para mantenerse al margen, en lugar de usarla para proteger.

Si bien es positivo que la PGR haya declarado que atraerá el asunto, ahora lo importante es saber qué hará para resolverlo, agregó, y consideró que los homicidios en la ciudad fronteriza son muestra de la peor forma de violencia que se puede ejercer contra la mujer.

Pidió a las autoridades condenar los hechos como una expresión de la violencia contra la mujer, que acabe la impunidad -derivada, entre otros motivos, por una inadecuada investigación- y se proteja al género femenino.

Respecto a las familias de las víctimas, Khan expresó que Amnistía busca que se les apoye y no se les amenace, como ha ocurrido. Diez años de matanza y más de 400 asesinadas es demasiado, refirió, y destacó que no hay certeza sobre el número de homicidios, pues, subrayó, ni las autoridades conocen las cifras exactas.

Sobre las causas de los asesinatos, agregó, hay varias hipótesis, algunas ligadas al narcotráfico o al tráfico de órganos. No obstante, abundó, lo que "tratamos de hacer es recalcar que es responsabilidad de las autoridades estatales averiguar y de las federales asegurarse de que los estados realicen su labor".

Los asesinatos se dan en un contexto de globalización, de un cambio en el desarrollo económico que ha llevado a esa solución violenta, por lo que Amnistía busca dar al caso una exposición internacional que ayude a su solución.

Como parte de su agenda en el país, Khan dará a conocer este lunes el informe México: muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua.

También se reunirá con el presidente Vicente Fox, el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rafael Macedo de la Concha -titular de la PGR-, Santiago Creel -secretario de Gobernación-, varios embajadores y autoridades del gobierno de Chihuahua.

Del 16 al 24 de agosto participará en la reunión del consejo internacional de Amnistía, que se realizará en Cocoyoc, Morelos. Se prevé la asistencia al encuentro de 500 delegados de la organización de todas partes del mundo.

En tanto, Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AI, informó que este organismo ha acompañado el proceso de implementación del acuerdo que el gobierno de México firmó con Naciones Unidas para la promoción y defensa de las derechos humanos.

Se prevé que a finales del presente año se presente el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país, y se espera que en dicho documento se haga referencia a las raíces de las violaciones a las garantías individuales (como la tortura).

Ahora, señaló, es un momento clave para que el gobierno asuma todo el proceso que se ha venido haciendo y lo transforme en un programa nacional de derechos humanos. Vamos a poner énfasis en que las autoridades deben mostrar liderazgo, asumir los resultados y combatir las raíces de la violación a esos derechos, dijo.