El fin de semana pasado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emprendió -en sus zonas de influencia en Chiapas- la aplicación unilateral de los acuerdos de San Andrés, firmados con el gobierno federal hace seis años e incumplidos, desde entonces, por la Presidencia de la República.

En el marco de esa decisión histórica, el EZLN trasladó autoridad y atribuciones a las nuevas autoridades civiles autónomas -las juntas de buen gobierno, con sede en los Caracoles- y las comunidades rebeldes iniciaron una nueva etapa en su inserción en los movimientos civiles nacionales e internacionales que resisten la lógica depredadora con que se desarrolla actualmente la globalización. Asimismo, la organización insurgente levantó los retenes que mantenía en el territorio bajo su control y suspendió el cobro de peajes. En reacción a esas medidas, el gobierno federal, por medio de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, que preside Luis H. Alvarez, emitió un comunicado que se distingue por un tono tolerante y constructivo, pero también por la ausencia de propuestas específicas para reactivar el diálogo entre la institucionalidad política del país y las comunidades insurrectas de Chiapas.

Es reconfortante, sin duda, que el gobierno federal "estime positiva" la implantación de nuevas formas de organización política emanadas de las comunidades zapatistas y que "salude" y "valore" las otras medidas anunciadas y puestas en prác-tica desde ayer por el EZLN. Tal discurso oficial habría sido impensable hace apenas tres años, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo no era capaz de concebir más fórmulas de solución que el hostigamiento militar y la provocación paramilitar hacia las comunidades zapatistas. Sin embargo, no puede pasarse por alto que los zapatistas plantearon al comienzo de la administración de Fox tres condiciones para el restablecimiento del diálogo. A pesar de que el gobierno se comprometió a cumplirlas a cabalidad, siguen sin ser solucionadas.

Sería lamentable que el gobierno de Vicente Fox se quedara, ante la auspiciosa creatividad política de los rebeldes, en el mero enunciado de su "voluntad de paz", en el autorreconocimiento de "esfuerzos" hasta ahora estériles y malogrados, y en convocatorias huecas a la reanudación de un diálogo cuya reactivación requiere de algo más que palabras corteses.

Si la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas realmente desean volver al camino de la negociación pacífica con los zapatistas -que fue clausurado de manera abrupta por los legisladores que el año antepasado desvirtuaron y adulteraron la iniciativa de ley en materia de derecho y cultura indígenas-, tendrían que dar, a su vez, signos de buena voluntad como requisito previo. No puede olvidarse que mientras no se cumplan las condiciones establecidas para el reinicio del diálogo éste permanecerá lejano. Por ello, el Ejecutivo federal podría aprovechar la renovación del Legislativo para negociar y gestionar una nueva reforma legal que restituya los términos y el sentido original de la llamada ley Cocopa y que permita, de esa forma, la plena incorporación de los acuerdos de San Andrés a la formalidad institucional del país.