Demanda trasparentar y acabar con la impunidad en operaciones irregulares del rescate bancario

Acuerda la Permanente dar salida legal al ''desastre'' del Fobaproa

Llama a autoridades y banqueros a cumplir con el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB

Pide se audite a las instituciones financieras, como se establece en el informe de Michael Mackey

ANDREA BECERRIL

El Congreso de la Unión logró ayer adoptar una postura unánime para dar salida legal al "desastre financiero" del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente demandó que se transparente y se acabe con la impunidad en las operaciones irregulares del rescate bancario, a fin de disminuir su costo fiscal. Para ello llamó a autoridades y banqueros a cumplir con la ley, de manera concreta con el artículo quinto transitorio de la ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

El punto de acuerdo, objeto de intensas negociaciones las últimas tres semanas, que llevaron a los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) a confrontarse con su coordinador, Diego Fernández de Cevallos, fue a fondo al exigir que las auditorías a cuatro bancos rescatados se lleven a cabo tal como se establece en el informe Mackey y en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que ordenó descontar 50 mil millones de pesos a Bancomer, Banamex, Banorte y Bital, por irregularidades en el rescate bancario.

Se impuso la dupla PAN-PRD

La dupla PAN-PRD logró imponerse a Fernández de Cevallos y a un Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pretendió todavía ayer por la mañana presentar un punto de acuerdo en el que se daba pie a que los bancos pudieran renegociar las cantidades millonarias que deberán descontarles por las irregularidades en su rescate.

De acuerdo con versiones de algunos de los participantes en la negociación de ayer por la mañana, los priístas aceptaron finalmente que deben deslindarse del Fobaproa y suscribieron el documento que después del mediodía presentó en tribuna el diputado del tricolor Jorge Carlos Ramírez Marín, en el que queda fuera toda posibilidad de auditorías light, como pretendían los banqueros y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se demanda asimismo fincar responsabilidades penales tanto a funcionarios como autoridades que cometieron irregularidades.

El priísta leyó el pronunciamiento de la Comisión Permanente, en el que se establece que las auditorías a los bancos rescatados deben realizarse con absoluta transparencia y rigor legal, y se exhorta en ese sentido al IPAB para que convoque a las instituciones bancarias a que cumplan con el quinto transitorio y se dé el debido procesamiento a los documentos de trabajo del informe Mackey, entre ellos los llamados bank reports.

En estos últimos, según detalló después en tribuna el perredista Jesús Ortega Martínez, se señala que el gobierno no debió rescatar a Banamex y Bancomer, ya que no lo requerían y ello debe tomarse en cuenta para el saneamiento requerido del rescate bancario. Asimismo, se pide que el IPAB tome en cuenta las determinaciones de la ASF en la revisión de la cuenta pública de 2000 y 2001.

La Permanente hace notar que si después de las auditorías se deriva que deben hacerse descuentos a los pagarés Fobaproa, el IPAB está obligado a hacerlo, y los banqueros que se ampararon cuando la Auditoría Superior de la Federación ordenó el descuento de los 50 mil millones de pesos, están también obligados a acatar las revisiones y conclusiones de las auditorías.

El exhorto a los banqueros a cumplir plenamente el quinto transitorio de la ley del IPAB significa, explicó el senador Ortega Martínez en tribuna, que retiren los amparos para llegar a los acuerdos necesarios, sin violentar la ley, a fin de reducir el costo fiscal.

Asimismo, ese órgano del Congreso de la Unión pide a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y demás autoridades correspondientes, penalizar las ilegalidades e irregularidades que se dieron en el proceso de rescate bancario.

Se trata de "un precedente" en un tema "particularmente sensible para la población y de gran importancia para el país", ya que el Congreso de la Unión está exigiendo que el Estado mexicano utilice correctamente los recursos fiscales y que "no se violente la ley ni se mantengan impunidades en contra del interés nacional".

El senador del blanquiazul Javier Corral Jurado resaltó a su vez que se trata de un asunto de ética política en el Congreso, que busca así fundar las bases "para la salida legal al desastre financiero del Fobaproa". El exhorto, señaló el legislador, es para que se cumpla la condición fundamental que el Congreso puso para el rescate bancario, en el sentido de que el Estado "no asuma créditos irregulares, fruto de operaciones cruzadas, autopréstamos o discrecionalidades que ampararon a instituciones que no calificaban".

En el punto de acuerdo se incluyó un tema que Fernández de Cevallos trató de vetar, y aunque se matizó y quedó como un exhorto para que no participen en decisiones del IPAB que tengan que ver con el rescate bancario aquellos funcionarios que formaron parte de la junta de gobierno del Fobaproa -entre ellos el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz-, de todas formas quedó presente.

Se incluyó como un exhorto a quienes participan en el IPAB a que lo hagan apegados a principios éticos y legales y eviten conflictos de interés. También, el Congreso demandó que la selección de los auditores se realice con la máxima transparencia y legalidad y que no participen despachos que pudieran estar relacionados con los bancos.

"En el vértice de nuestra preocupación está defender los intereses de la nación de lo que constituye una de las mayores cargas que el Estado mexicano tendrá. Todo lo que se pueda hacer por reducir el costo fiscal del rescate bancario será bienvenido. šQue paguen los que deben y que el Estado no asuma créditos u operaciones irregulares", agregó Corral Jurado.

No juzgamos a priori: PRI

En su turno, al hablar en nombre del Partido Revolucionario Institucional, el diputado David Penchyna dijo que en el tricolor se manifiestan también por el cumplimiento irrestricto de la legalidad, por el descuento de todo aquello que no cumpla la ley. Aclaró sin embargo: "No pretendemos una descalificación a priori ni de banqueros ni de funcionarios, no anticipamos ninguna aprobación o valoración sin que se haya hecho y practicado la auditoría reconocida por la ASF, pero con el mismo énfasis, no permitiremos ningún abuso de interés que trasgreda el marco normativo del rescate bancario".

En nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la senadora Sara Castellanos consideró que es ''valiosísimo'' lo acordado, porque el costo del Fobaproa entre 2002 y 2004 será de 49 mil 350 millones de pesos y para 2005 ascenderá y el gobierno tendrá que pagar 176 mil 200 millones de pesos.

Al final, tanto Ortega Martínez como Corral Jurado expresaron confianza en que para el próximo año podrá disminuir el costo fiscal del rescate bancario, por lo menos en los 50 mil millones que la Auditoría Superior de la Federación ordenó descontar a cuatro bancos.