El punto de acuerdo que adoptó ayer, por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y que demanda a los bancos "rescatados" en el marco del Fobaproa-IPAB permitir las auditorías que marca la ley, constituye una fiel representación del sentir de la sociedad mexicana. Esa sociedad fue saqueada y endeudada por los propios bancos, por el Ejecutivo federal que presidió Ernesto Zedillo y por los integrantes panistas y priístas de la legislatura pasada que legalizaron al vapor, en forma por demás inescrupulosa, el multimillonario y hasta entonces fraudulento rescate y aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario, cuyo cumplimiento ha sido hasta ahora eludido por los banqueros mediante amparos y otras triquiñuelas legales.

El exhorto aprobado ayer delimita con nitidez las posiciones en torno a las operaciones más insostenibles, turbias y sospechosas del rescate bancario, que según la Auditoría Superior de la Federación exceden de 50 mil millones de pesos: de un lado, el conjunto de la ciudadanía, los partidos, la clase política --que en esta ocasión ha recogido el clamor de justicia, esclarecimiento y castigo para los responsables del saqueo--, el propio IPAB y hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); del otro, grupos financieros con un poder vastísimo, tres de ellos trasnacionales. El fiel de la balanza lo representa ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tendrá que decidir si concede la razón al pueblo esquilmado y a sus representantes o a los especuladores nacionales e internacionales que pretenden seguir realizando negocios astronómicos a costas de las arcas públicas y, en última instancia, de los contribuyentes. El presidente Vicente Fox se alineó con los segundos, cuando intentó una controversia constitucional para no auditar a uno de los bancos rebeldes. Cabe esperar que el exhorto legislativo de ayer induzca al mandatario a desistir de esa actitud y colocarse del lado de la razón, la justicia y la transparencia. Los banqueros, por su parte, ya hicieron ver que no se desistirán de sus amparos, con lo que evidencian el temor que les causan las auditorías y sus posibles consecuencias.

Desde una perspectiva política, el exhorto formulado ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión representa una severa derrota para el coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos, representante de grupos de interés afines a los especuladores financieros, que se mantiene en contacto frecuente de Carlos Salinas, según declaración propia. De acuerdo con algunos testimonios, para votar a favor del exhorto parlamentario al cumplimiento de la ley los senadores panistas tuvieron que hacer a un lado a su coordinador.

La otra derrota del día para Fernández de Cevallos fue el anuncio de que su correligionaria Luisa María Calderón presentará una iniciativa de ley orientada a impedir que legisladores y funcionarios públicos se desempeñen, en forma paralela a sus cargos, como litigantes, apoderados, representantes o asesores de particulares. Las prácticas que la iniciativa busca prohibir son un retrato preciso de la doble actividad de Fernández de Cevallos y de otros, como el priísta Salvador Rocha Díaz, quienes en la mañana hacen leyes y en la tarde hacen fortuna personal ganándole juicios al Estado. Es significativo del deterioro de la posición de Fernández de Cevallos el que haya sido una colega y compañera de partido la que busque proscribir esa práctica inmoral --aunque legal, hasta ahora-- que deja tan buenos resultados monetarios para legisladores-gestores como el referido.