Mantienen su postura de no desistir del amparo contra revisión de créditos irregulares

Aceptan bancos la posibilidad de que se realice auditoría final sobre el rescate

Externan su interés en que concluya el intercambio de pagarés emitidos por el Fobaproa

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Los cuatro bancos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido apoyos irregulares del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) aceptaron anoche la posibilidad de que sea realizada una "auditoría final y definitiva" a las operaciones del rescate bancario, pero no desistieron del amparo interpuesto contra la revisión que pretende hacer el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La posición de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, los cuatro bancos señalados por la ASF de haber recibido apoyos irregulares del Fobaproa, fue dada a conocer después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo en el que exhorta a esas cuatro instituciones de crédito a permitir que el IPAB las audite y descuente los créditos que irregularmente fueron transferidos al Fobaproa durante el rescate bancario de 1995 y1996, operaciones que, a la fecha, alcanzan un valor de 52 mil millones de pesos.

En un comunicado conjunto los bancos aseguraron que comparten el interés de la Comisión Permanente para que concluya el proceso de intercambio de los pagarés emitidos por el Fobaproa con la garantía del gobierno federal por obligaciones a cargo del IPAB.

"Para ello, los bancos reiteran una vez más su mejor disposición para encontrar fórmulas que, en un marco de seguridad jurídica y transparencia, permitan convenir la realización de una auditoría final y definitiva", indicó el comunicado conjunto.

De acuerdo con la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dio origen al nacimiento del IPAB, los pagarés del rescate bancario emitidos por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo en favor de los bancos deben ser intercambiados por títulos de deuda avalados por el IPAB, después de que este instituto realice una revisión de cada una de las operaciones. En caso de que no fuera realizado el intercambio, los pagarés Fobaproa perderían todo valor legal al momento de su vencimiento, que se inicia en 2004.

En abril pasado, la ASF, al dar a conocer el informe de la Cuenta Pública de 2001, indicó que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte recibieron de manera irregular apoyos del Fobaproa por un monto actualizado de 52 mil millones de pesos. La ASF recomendó que el IPAB auditara esas operaciones antes de intercambiar los pagarés. El instituto manifestó disposición de realizar esas auditorías, en cumplimiento del artículo quinto transitorio de su ley, pero los bancos interpusieron, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un amparo para evitar la revisión.

Desde entonces, el centro de la polémica ha sido la petición reiterada a los bancos para que retiren la solicitud de amparo contra la revisión que debe hacer por ley el IPAB, posibilidad a la que hasta anoche se siguen negando, como lo estableció el comunicado difundido como "posición" sobre el punto de acuerdo aprobado ayer por la Comisión Permanente.

El comunicado emitido anoche por Banamex, Bancomer, Bital y Banorte aseguró que "en legítimo ejercicio de sus derechos legales, los bancos impugnaron la pretensión del IPAB de realizar una serie de revisiones, ya que éstas no se encuentran previstas en la ley y sus alcances y consecuencias generan una extraordinaria incertidumbre, dada la imprecisión y amplitud de sus términos".

Las cuatro instituciones aseguraron que las operaciones que realizaron con el Banco de México como fiduciario del Fobaproa se efectuaron con estricto apego a derecho. Dichas operaciones, añadieron, "han sido realizadas con total transparencia" y revisadas en diversas ocasiones por distintas instancias, incluidas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Fobaproa, auditores externos, el IPAB e incluso por el propio Congreso de la Unión mediante el auditor canadiense Michael Mackey.

Después de insistir en que están dispuestos a encontrar fórmulas "que en un marco de seguridad jurídica y transparencia" permitan convenir la realización de una auditoría final y definitiva, las instituciones involucradas expresaron "su esperanza fundada de que este proceso culminará con la plena normalización del entorno en el que se desenvuelve la actividad financiera en el país, lo que implicaría grandes beneficios para el desarrollo económico nacional".

La respuesta de los cuatro bancos fue hecha pública al tiempo que los tres principales partidos políticos del país acordaron en la Comisión Permanente impulsar acciones para lograr el "saneamiento" de las operaciones de rescate bancario realizadas por el Fobaproa durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, que generaron para los contribuyentes una deuda estimada oficialmente en 920 mil millones de pesos.

El IPAB, responsable de dar legalidad a los pagarés de rescate bancario, insistió por su parte en que la revisión y auditoría del procedimiento es necesaria antes de hacer el intercambio de los documentos.