"Suicidio político", la decisión de radicales de abstenerse en la votación: analistas

Avance importante, anulación de leyes que protegieron a represores: Pérez Esquivel

El camino de la justicia en Argentina es aún muy largo, dice el premio Nobel de la Paz

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 13 de agosto. Como un avance importante ante el cual hay que mantener "una esperanza prudente", calificó el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la decisión anoche de la Cámara de Diputados de declarar "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que en la década del 80 consagraron la impunidad para los represores de la última dictadura militar (1976-1983).

La media sanción del Congreso a la anulación de estas legislaciones -ahora debe pasar al Senado- ha sido interpretada como una medida política, ya que según juristas, e incluso el vicepresidente Daniel Scioli, la última palabra sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia.

En declaraciones a La Jornada, Pérez Es-quivel advirtió que el camino de la justicia es aún muy largo, ya que se tiene que llegar a la Corte Suprema, y recordó que se perdieron "momentos históricos muy importantes para lograr que los responsables de los crímenes pagaran sus culpas".

Al mismo tiempo reconoció la emoción que comparte con familiares de las víctimas y con los sobrevivientes de la tragedia de la dictadura, que dejó 30 mil desaparecidos.

Precisamente anoche una mujer sintió que al fin una causa por la que luchó desde hace años se abría camino: la diputada Pa-tricia Walsh, de Izquierda Unida, llevó en febrero de 2002 su reclamo de anulación al Congreso, frente a la indiferencia de mu-chos y los arreglos bajo la mesa de los bloques políticos del momento.

"Lo que se logró anoche tiene detrás una larga lucha, de todos los que entendieron que sólo la justicia permite diseñar otro modelo de país", dijo Walsh, para quien mucho más allá de discutir los vericuetos jurídicos el tema tenía una fuerte importancia política y simbólica frente al dolor y frustración de los familiares de las víctimas.

"Cuando yo hablaba de que teníamos que llevar adelante esta lucha y luego llegué al Congreso, todos me decían que nada lograría. Pero ha sucedido un cambio", sostuvo.

Sin embargo, al igual que otros, aún no logra entender por qué la mayoría de los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) no votaron por la anulación.

Para muchos analistas esto aparece como otro "suicidio político" del radicalismo, que abandonó el gobierno en diciembre de 2001 cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa fue corrido por la rebelión popular.

Muchos diputados les tendieron la mano a sus colegas de la UCR para que tomaran la decisión de anular las leyes, ya que incluso se habló claramente de las "coacciones" militares sobre el gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) para enviar al Congreso las llamadas "leyes malditas", pero no quisieron dar el paso.

También hubo divisiones en otro de los bloques grande, el del oficialista Partido Justicialista, ya que legisladores que siguen a Carlos Menem, el hombre que indultó a los únicos condenados por los crímenes de la dictadura, los integrantes de las juntas militares, no apoyaron la anulación.

Caminos alternativos

El debate en el Congreso también deparó una sorpresa, como el discurso de Luis Za-mora, de la izquierdista Autodeterminación y Libertad, quien ofendió a muchos de sus colegas que lucharon durante años contra la anulación para destacar en cambio su propio "ejemplo de lucha", aunque finalmente votó en contra de la nulidad de estas leyes.

Pese a estas normas, que consideraron que quienes no estaban en las juntas sólo obedecían órdenes al cometer violaciones de los derechos humanos, y a los indultos -tema que no estuvo incluido en la anulación-, los familiares de las víctimas fueron encontrando caminos alternativos en los juicios en el exterior o en el hecho de que delitos como el robo de niños nacidos en cautiverio no prescribieran.

Como recuerda Nora Cortiñas, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, "íbamos abriendo ventanitas, puertas pequeñas, una y otra vez, y algunas comenzaban a dejar pasar la luz, y de repente todo volvía atrás".

Cuando el presidente Néstor Kirchner, a días de asumir el gobierno, ordenó una limpieza de la cúpula militar para que salieran los ligados a episodios de la dictadura, hubo otro paso decisivo hacia la justicia.

"Se está mostrando voluntad política. Eso es todo lo que pedíamos para poder avanzar aunque sea lentamente", dicen las madres.

Al mismo tiempo, cada día hay un nuevo rastro de aquellos años de la dictadura: restos de víctimas y datos que revelan hasta dónde dejó llegar la impunidad a muchos militares que participaron en los crímenes.

Precisamente surge la posibilidad de que otro represor de la siniestra Escuela de Me-cánica de la Armada (Esma) pueda ser identificado por sus víctimas, que lo conocían bajo el nombre de Horacio Guratti, cuando en realidad sería Rubén Lanzón.

Lanzón, acusado también por la desaparición de un bebé, negó hoy todo lo dicho por los sobrevivientes de la Esma e incluso dijo que desconocía un informe de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas, aunque su publicación fue un hecho histórico y ahí se nombra a los represores de las distintas armas.

Otro caso que sigue ahora es el de los hijos adoptados por la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, ya que existe la sospecha de que podrían ser de desaparecidos. Ambos jóvenes dieron finalmente su consentimiento para realizar los exámenes genéticos para confirmar o descartar esta sospecha.

A fines de 2002 Herrera de Noble fue detenida por irregularidades en las adopciones, hechas a finales de los años 70, pero el proceso, como lo manejó el juez Roberto Marquievich, sembró dudas sobre presuntos intereses políticos mezclados en el caso.

Separado Marquievich lo sucedió el juez Conrado Bergesio, mientras en otro avance judicial Kirchner anunció un nuevo sistema de nombramiento para garantizar la transparencia y autonomía del Poder Judicial.