Les otorgaron ''cantidades enormes'' con las que aseguran su supervivencia: ex directivos

300 empresas trasnacionales acaparan contratos en Pemex

La petrolera, incapaz de financiar sus proyectos de inversión; debe 9 de cada $10 de su valor

Contratistas mexicanos no representan más de 10%; silenciosa privatización con Pidiregas

VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Alrededor de 300 empresas trasnacionales que ya operan en el sector petrolero mexicano buscan beneficiarse de los tres principales proyectos energéticos impulsados por el gobierno del presidente Vicente Fox: Cantarell, Chicontepec y los contratos de servicios múltiples para la extracción de gas natural en la cuenca de Burgos, los cuales implican más de 40 mil millones de dólares en inversiones para los próximos 15 años.

En tanto, al límite de su capacidad financiera, Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra atado para impulsar proyectos de inversión con recursos propios por el peso de un pasivo total que alcanza 678 mil millones de pesos, los cuales representan casi 90 por ciento del valor de los activos, calculados en 770 mil 310 millones de pesos. Esto significa que la empresa más importante del país ya debe nueve de cada 10 pesos de su valor.

En esas condiciones la paraestatal ha tenido que apoyarse en el sector privado para solventar los gastos que representan los proyectos de expansión petrolera. De esa forma, en el país ya operan 300 empresas trasnacionales mediante contratos diversos, afirma el dirigente del Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, Francisco Garicochea.

Desde el punto de vista del dirigente de la agrupación, conformada por ex directivos de la paraestatal, las trasnacionales que intervienen en una especie de ''Pemex paralelo'' desplazan a los obreros mexicanos y son las mayores beneficiarias de los contratos que licita esa empresa. Los contratistas mexicanos asociados con extranjeros para la ejecución de las obras de Pemex, dice, no representan más de 10 por ciento.

En esas condiciones, sostiene, los contratos otorgados por la paraestatal representan ''cantidades enormes, con las que las empresas extranjeras aseguran su supervivencia''. Refiere, a manera de ejemplo, el caso de la estadunidense Flour Daniel que junto con Ingenieros Civiles Asociados (ICA) este año obtuvieron sendos contratos para la construcción de la planta hidroeléctrica El Cajón, en Nayarit, así como la perforación y construcción de pozos petroleros en Chicontepec, Veracruz, por un total de mil 250 millones de dólares. Otro importante contratista, según Garicochea, es la también estadunidense Bechtel.

Recuerda que sólo en Cantarell ya se han asignado más de 10 mil millones de dólares, mientras para la explotación de los hidrocarburos del paleocanal de Chicontepec se calculan más de 31 mil millones de dólares. En su mayoría, dice, esos recursos irán a parar a contratistas extranjeros.

Conformada por ex directivos y expertos jubilados de la paraestatal, la agrupación pugna por ''una correcta administración de Pemex''. Incluso han hecho llegar diversas propuestas de proyectos alternativos que consideran más eficientes y representarían menor costo para la empresa.

Desde una perspectiva apartidista, estos ingenieros petroleros consideran errónea la inversión de cifras estratosféricas en, por ejemplo, la inyección de nitrógeno en los pozos petroleros del campo Cantarell y el impulso dado por esta administración a los contratos de servicios múltiples para la extracción de gas natural ''que servirá para la generación de energía eléctrica en plantas privadas de ciclo combinado'', señala Garicochea.

Inocultable apertura a la IP

Si la endeble situación financiera de Pemex ha sido la puerta de entrada para la participación del capital privado en actividades petroleras, en el sector eléctrico del país la situación no es distinta.

Las inversiones privadas se han expandido desde 1993 en actividades antes exclusivas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En los últimos diez años la Comisión Reguladora de Energía otorgó 211 autorizaciones para que empresas privadas operen plantas generadoras de energía eléctrica, que representarán 50 por ciento de la luz que consuma el país antes de concluir esta década. Apenas a finales de 2001 el 92 por ciento de la producción eléctrica total del país era generada por la CFE (87 por ciento) y Pemex (5 por ciento, para consumo propio), de acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.

La participación privada en el sector eléctrico llega a tal grado que la empresa española Unión Fenosa, con inversiones por mil 100 millones de dólares en tres plantas generadoras de energía que ya operan en el país, plantea utilizar este negocio como su ''centro de capacitación'', donde los trabajadores ibéricos puedan ''tener una formación in situ''.

La puerta trasera

Para muchos analistas, los Pidiregas han sido un forma ''silenciosa'' de privatización del sector energético del país. Pero en todo caso se han convertido en la puerta del patio trasero por donde se ha colado la inversión privada en actividades reservadas al Estado. Incluso, no son considerados deuda pública ni se encuentran registrados en el presupuesto del gobierno federal y por tanto son ''inmunes a los recortes presupuestales''.

De acuerdo con información de Hacienda el saldo de los Pidiregas asciende a 28 mil 744.5 millones de dólares, que han sido financiados por inversionistas privados. En Pemex se han impulsado 36 proyectos mediante esta figura de financiamiento, que al 30 de junio involucraba recursos por 24 mil 744.5 millones de dólares; mientras en CFE el saldo comprometido en obras financiadas mediante Pidiregas asciende a 4 mil 286.8 millones de dólares.

Según la información oficial los recursos autorizados en el sector petrolero para ejercerse mediante este tipo de participación privada son de 748 mil 399.4 millones pesos.