El mortífero y devastador ataque contra la sede de Naciones Unidas en la capital iraquí, en el que perdieron la vida, entre otras personas, el jefe de la misión, Sergio Vieira de Mello, diplomático brasileño que se desempeñó como alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, y Christopher Klein-Beekman, coordinador en Irak del Programa para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF), fue una acción atroz y repudiable que no debe, sin embargo, analizarse fuera de su contexto: el de un país bloqueado durante una década, luego invadido a contrapelo del derecho internacional, destruido, masacrado, avasallado y saqueado por potencias extranjeras que detentan, manu militari, el poder supremo y el control del territorio iraquí.

Pero la justa y necesaria condena mundial al atentado terrorista cometido ayer contra la sede la de la ONU ha prescindido, en la mayoría de los casos, de los elementos de contexto arriba mencionados y ha quedado, por ello, como un juicio maniqueo, parcial e hipócrita que distorsiona la pesadilla que se abate desde marzo de este año sobre los iraquíes e impide comprender a cabalidad la significación de un hecho sin duda criminal, pero no inexplicable ni tan irracional como podría parecer a primera vista.

Sin ninguna pretensión de justificar la masacre del hotel Canal, es oportuno recordar que, desde la primera guerra contra Irak, la ONU ha sido percibida en ese país como un instrumento de los designios hostiles de Washington. El Consejo de Seguridad dio cobertura diplomática a la guerra encabezada por George Bush padre y, tras la derrota de los iraquíes y la liberación de Kuwait, Naciones Unidas impuso al país árabe un bloqueo casi absoluto que causó muchísimas muertes, incontables sufrimientos y una dramática regresión de la sociedad iraquí en ámbitos como la salud, la educación y el empleo. Ese embargo salvaje resultaba innecesario para garantizar la seguridad de Kuwait o para contener el sempiterno belicismo de Saddam Hussein, y sus consecuencias eran mucho más graves para los iraquíes comunes y corrientes que para los miembros del régimen; sin embargo, fue mantenido, a instancias de Washington y Londres y en contra de los principios humanitarios más básicos.

Cuando los gobiernos de Bush hijo y de Tony Blair maduraron su decisión de derribar a Saddam Hussein y apoderarse de Irak, al margen del derecho internacional y de la propia ONU, el organismo fue incapaz de denunciar las mentiras y la arbitrariedad de los gobernantes anglosajones y de preservar la vigencia de su propia carta fundacional. Y cuando las bombas inteligentes de las potencias anglosajonas caían sobre casas particulares, escuelas, fábricas y oficinas de prensa independientes; cuando los soldados angloestadunidenses asesinaban a mansalva a civiles desarmados y a periodistas extranjeros; cuando los invasores contemplaban con parsimonia la destrucción y los saqueos del patrimonio cultural, ninguna instancia de la ONU -su Consejo de Seguridad, su Asamblea General- condenó esos actos de barbarie y terrorismo de Estado. Y desde la caída del régimen de Saddam hasta la fecha, la ONU ha aceptado acomodarse a las tareas de amable auxiliar civil de la ocupación que Washington y Londres se dignaron asignarle en la nación invadida.

Cabe insistir: los hechos mencionados no justifican el atentado, pero permiten explicar el odio y el resentimiento que pueden experimentar los sectores más radicales del nacionalismo iraquí hacia el organismo internacional. Ayer esos sectores arrasaron la sede de la ONU en Bagdad, pero en los meses precedentes Bush y Blair demolieron sistemáticamente cualquier vestigio de credibilidad que el organismo pudiera tener entre los iraquíes.

Sería razonable esperar que los gobiernos de Bush y Blair percibieran -si es que aún son capaces de percibir algo- la redoblada ira de los combatientes iraquíes hacia todas las instancias vinculadas a la ocupación militar, como era el caso de la misión de la ONU en Bagdad, y que adoptaran las medidas de protección pertinentes alrededor de su sede. Más aún, las potencias ocupantes, responsables de la seguridad en el país invadido, tendrían que conocer la lógica de la resistencia iraquí, la cual -como toda resistencia nacional en cualquier nación sojuzgada- no golpea los blancos mejor defendidos, sino los más vulnerables. Sin embargo, y a pesar de las advertencias de la propia ONU sobre el problema de la seguridad, el hotel Canal no disponía, en el momento del atentado, ni la décima parte de los dispositivos de protección que rodean a los cuarteles de las tropas estadunidenses y británicas en Irak.

Sería injusto y desproporcionado, en suma, atribuir toda la responsabilidad de lo ocurrido a combatientes desesperados por la destrucción, el pillaje y el sometimiento de su país, y cerrar los ojos ante la circunstancia de sufrimiento, caos, barbarie y resentimiento en que los gobernantes de la llamada coalición -Bush, Blair y otros de menor monta, como José María Aznar y Silvio Berlusconi- han sumido a la infortunada nación árabe. Ellos son, a fin de cuentas, tan responsables de lo ocurrido como los autores del atentado.