Se perdieron 15 mil empleos en ese lapso, dice

Por el ambulantaje cerraron 3 mil negocios en cinco años: Canaco

LAURA GOMEZ FLORES

En los últimos cinco años, el ambulantaje ha provocado el cierre de 3 mil negocios y la pérdida de 15 mil empleos, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Juan Manuel Arriaga, al advertir el riesgo de reubicar a 3 mil 700 vendedores de vía pública del Centro Histórico en plazas y corredores comerciales sin rentabilidad, como sucedió en el pasado.

Su regreso a las calles y la "tolerancia" de las autoridades provocó que su número creciera en 66 por ciento en los últimos nueve años, al sumar 299 mil en la ciudad, de los cuales una quinta parte se concentra en el Centro, quienes evaden anualmente al fisco 9 mil 600 millones de pesos y generan "pérdidas" a los negocios establecidos por 30 mil millones, principalmente del ramo electrónico, vinaterías, juguetes, ropa y calzado, precisó.

La determinación del gobierno capitalino de encontrar lugares apropiados para que vendan su mercancía, a cambio de una renta o compra, "es aceptable, pero se requiere mano dura para evitar vuelvan a la calles nuevamente, en perjuicio del comercio organizado y los propios consumidores al ofrecer productos introducidos ilegalmente, falsificados e, incluso, robados", precisó en entrevista.

Actualmente, comentó, la incidencia que el sector informal tiene en el comercio es más elevada que en cualquier otra actividad económica, pues su producción bruta representa 19.5 por ciento del total, absorbe más de la mitad de la población económicamente activa y en él se producen alrededor de seis de cada 10 transacciones comerciales en el país, lo cual es alarmante, principalmente, por las condiciones de sus trabajadores.

La reubicación en plazas, bazares o corredores comerciales es benéfica, así como también la puesta en marcha de la Comisión Presidencial de Combate al Comercio Ilegal, para dificultar y encarecer la posibilidad de que los ambulantes operen en la vía pública mediante el establecimiento de una cuota fija obligatoria y la aplicación de un programa de cero tolerancia en materia de contrabando, piratería, mercancía robada o productos peligrosos, destacó.

Su aceptación representaría la elaboración de propuestas del sector empresarial junto con los secretarios de Hacienda y Economía, así como con el procurador general de la República, para desarrollar mecanismos eficaces que ataquen la informalidad, la cual se ha convertido en una "gran contingencia social y económica que, de no hacer algo, estallará sin ningún remedio", advirtió.