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México D.F. Jueves 21 de agosto de 2003

La bancada del PRD le imputa "actuación dolosa" y "defraudación" al país

Impulsan juicio político contra Diego Fernández

ROBERTO GARDUÑO

El Partido de la Revolución Democrática denunció al panista Diego Fernández de Cevallos por haber actuado con dolo, al no enviar en 2001 las modificaciones hechas por los senadores a la iniciativa de la Cámara de Diputados sobre la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y por voluntad individual la devolvió al órgano legislativo de origen.

Por esa razón el presidente de la subcomisión para la reforma del Estado, Uuc Kib Espadas, solicitó el inicio de procedimiento de juicio político.

El diputado perredista adujo que "por esta omisión el legislador Fernández de Cevallos alcanza el grado de defraudador a la nación", porque alteró un documento oficial al cual tuvo acceso privilegiado y pasó por encima del voto mayoritario del pleno del Senado.

Uuc Kib Espadas acudió a la secretaría general de la Cámara de Diputados para entregar la solicitud de juicio político. El documento establece que el panista violó el artículo séptimo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Causó perjuicios graves a la Federación, a la administración pública federal, provocados por el hecho de que la propuesta presentada por el senador Eric Rubio, durante la sesión referida, consistía en pasar los incisos 1 y 2 del apartado A de la fracción XIII del artículo 3 al 18 del proyecto de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que fue aprobada por la asamblea con 66 votos a favor y 44 en contra; el propio Fernández de Cevallos, actuando como presidente de la mesa directiva, declaró aprobados esos cambios al proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la legislación con la adición aprobada".

El decreto manifestaba una imposición fiscal para cobrar impuestos a los mexicanos, entre ellos 25 millones de usuarios de teléfonos celulares, que dio como resultado para esas personas el pago de mil millones de pesos. Tiempo después este ordenamiento fue derogado.

La petición señala que para declarar la procedencia de la denuncia y para que de la valoración de los elementos de prueba ofrecidos se sustente el juicio político contra Diego Fernández de Cevallos, se deberá remitir el expediente a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.

Una vez practicadas las diligencias necesarias para comprobar la conducta y hechos materias de la misma, y establecidas y precisadas las características y circunstancias del caso, se iniciará la "substanciación" del procedimiento correspondiente hasta ponerlo en estado de resolución ante el pleno de la Cámara de Diputados.

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