Hace ya mucho tiempo que Guido Belsasso, quien hasta ayer presidía el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), venía siendo objeto de señalamientos adversos por los atropellos, las ineptitudes y hasta las crueldades que se cometen en los centros de salud a cargo de esa dependencia, sin que la Secretaría de Salud o la Presidencia de la República hicieran algo para corregir tales situaciones. En su edición del pasado lunes, este diario divulgó la investigación y documentación de las actividades de tráfico de influencias que el ahora ex funcionario había venido realizando en forma paralela al desempeño de su cargo. Y esta vez, al parecer, el equipo presidencial consideró demasiado oneroso, en términos políticos y de imagen, mantener en el cargo a un funcionario de alto nivel que vendía, por Internet, coyotajes varios, permisos de salud y hasta Normas Oficiales Mexicanas, y optó, en consecuencia, por "aceptar la renuncia" del siquiatra nacido en Italia.

Desde esa perspectiva, la remoción de Belsasso es un hecho alentador que permite apreciar cuánto ha avanzado el país en la capacidad de su opinión pública para exigir cuentas a sus gobernantes.

Pero el despido apenas disfrazado de renuncia es, por sí mismo, insuficiente. El completo silencio que guardó Belsasso durante las 60 horas siguientes a la publicación de sus truhanerías, silencio seguido por una renuncia fulminante que dio a conocer anoche la Presidencia de la República, refuerza los indicios sobre las conductas presuntamente ilícitas del ex presidente del Conadic y tendría que llevar al gobierno federal a investigar los negocios que, según los datos disponibles, habría realizado el ex funcionario al amparo de su puesto público, a aplicarle las sanciones administrativas a que pudiera hacerse merecedor y a iniciar las demandas penales correspondientes. De otra manera, quedaría en el aire la percepción de que el gobierno encubre a funcionarios públicos descubiertos en flagrancia, o que procura, al menos, la impunidad para ellos.

Esta semana se ha documentado y difundido un caso de tráfico de influencias en el ámbito del Ejecutivo federal y las repercusiones han sido casi inmediatas. Por desgracia, en el Legislativo esa práctica se realiza desde hace muchos años sin que sus protagonistas -el panista Diego Fernández de Cevallos y el priísta Salvador Rocha Díaz son ejemplos claros- se sonrojen en lo más mínimo y sin que exista una normatividad clara para sancionar a los coyotes escondidos bajo pieles de senadores o diputados. Por eso es pertinente que el Congreso de la Unión retome la iniciativa elaborada por la senadora Luisa María Calderón orientada a impedir que los malos representantes populares se hagan ricos, o se hagan más ricos, a expensas de sus curules.