La presión para revelar las fuentes amenaza el ejercicio profesional: Jenaro Villamil

Se debe garantizar el secreto profesional de los periodistas, coinciden expertos

KARINA AVILES

El secreto profesional del periodista debe garantizarse y reconocerse jurídicamente, aunque también los informadores están obligados a ejercer la profesión con mayor rigor, puesto que ese derecho no es una "patente de impunidad", coincidieron periodistas, legisladores, juristas e investigadores, quienes señalaron la necesidad de incluir como uno de los puntos fundamentales de la agenda legislativa el derecho a la información.

En el marco del seminario internacional El secreto profesional del periodista, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, La Jornada, El Universal y la Asociación de Editores de los Estados y la Asociación Mexicana de Editores, advirtieron sobre las diversas presiones tanto del sector público como del privado en contra del ejercicio profesional del reportero.

Jenaro Villamil, coordinador de Asuntos Especiales de este diario, apuntó que la presión a periodistas para que revelen sus fuentes de información es "hoy por hoy una de las principales amenazas al ejercicio profesional", como muestran los citatorios que han recibido reporteros de La Jornada, El Universal y El Financiero.

Dichos citatorios "se dan en relación con casos claves de la salud del ejercicio democrático del país", como el asunto Pemexgate, por el que fueron citados reporteros de La Jornada.

El senador panista Javier Corral señaló que la posibilidad de no revelar la identidad de las fuentes "no sólo es para aplicarse frente a las autoridades judiciales. Uno de los mayores beneficios es que se trata de una garantía frente a particulares y a la propia empresa periodística".

El modelo de comunicación en México, dijo, está llamado a sufrir reformas y un nuevo marco legislativo. "El siguiente paso fundamental que tiene el Congreso de la Unión es el de un paquete de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación." Y para impulsarlo basta con que un diputado de cada partido se comprometa con la realización de estos cambios, añadió.

Luis Medina, diputado federal electo del PRD, manifestó que su partido hará un esfuerzo para que el tema forme parte de la agenda. Consideró necesaria una reglamentación en torno a los recursos públicos que se destinan a la publicidad.

También dijo que debe legislarse sobre los derechos del periodista desde la perspectiva social y la protección de los derechos privados.

El diputado federal electo del PAN Sergio Alvarez Mata insistió en que el secreto profesional no es "una carta" o "charola" de impunidad, por lo que se requiere de establecer "límites o alcances" para evitar que se convierta "en una especie de fuero que otorgue impunidad".

Roberto Rock, vicepresidente y director general editorial de El Universal, subrayó que es necesario impulsar un debate con el propósito de lograr consensos en busca de que estos temas se incluyan en una agenda. También insistió en que el secreto profesional no exime al informador de sus responsabilidades.

El director del IIJ, Diego Valadés, subrayó que si por razones de seguridad el Estado tiene derecho a proteger información reservada, la sociedad también debe defender por motivos de libertad el secreto profesional del periodista. Explicó que la diferencia entre el secreto de Estado y el secreto social es que el primero es el conjunto de elementos informativos que el poder tiene sobre la sociedad y se niega a difundir o lo utiliza para efectos de control, en tanto que el segundo es la información que la comunidad tiene sobre el poder y divulga para proteger su libertad.

Los participantes del seminario destacaron que el derecho al secreto profesional significa salir en defensa de la garantía de los mexicanos a saber. En este sentido, algunos plantearon elevarlo a rango constitucional. En las distintas mesas participaron Alvaro Delgado, de Proceso; Jorge Camargo, de El Universal; Claudia Villegas, secretaria general de la Fraternidad de Reporteros de México; Alejandro Ramos, de El Financiero, y Antonio González, presidente de la Asociación de Editores de los Estados, entre otros.