La legislación de 1999 desconoce que los pagarés sean deuda pública, aclara

La auditoría a bancos está claramente definida por la ley, asegura el IPAB

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) rechazó que los términos de las auditorías que está obligado a realizar a cuatro instituciones de crédito sean indefinidos, como argumentaron el martes los directivos de los bancos para oponerse a las revisiones.

El instituto anunció que la próxima semana se reunirá la junta de gobierno para discutir la invitación realizada por los directores generales de Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y Bital para encontrar una "alternativa" de solución a la polémica desatada por la oposición de las instituciones de crédito a ser nuevamente auditadas, pero el IPAB anticipó que aceptará el encuentro.

Los cuatro bancos afirmaron el martes pasado que no retirarían los amparos interpuestos para evitar la revisión de las operaciones realizadas a partir de 1995 por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) mediante el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que está obligado a realizar el IPAB. Esta revisión es indispensable para que las instituciones de crédito puedan intercambiar los pagarés del PCCC -que cuentan con la garantía del Fobaproa y que comienzan a vencer en 2005- por otros bonos avalados por el IPAB.

En caso de que la revisión no sea hecha y por tanto los bonos Fobaproa no sean intercambiados, el gobierno federal deberá solicitar al Congreso, a finales de 2004, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya una partida para liquidar los títulos, en una cantidad que ese año puede alcanzar 70 mil millones de pesos.

Uno de los argumentos esgrimidos el martes pasado por los directivos de los cuatro bancos para oponerse a la nueva revisión -prevista en el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que fue la que creó al IPAB- fue que los términos de la nueva auditoría son vagos e imprecisos.

El argumento de los banqueros fue rechazado este miércoles por el IPAB. "Los términos de la auditoría están claramente definidos por la ley y por supuesto que no son ni vagos ni imprecisos", indicó el instituto.

En mayo pasado, el IPAB definió a los cuatro bancos involucrados los términos de referencia para la realización de las auditorías "y ello se hizo con gran precisión y esto es lo que tiene molestos" a los directivos de las instituciones de crédito.

En respuesta a la postura de los cuatro bancos, expresada el martes, de que los amparos para evitar la revisión sólo serían retirados si se llega a una propuesta que atienda satisfactoriamente la postura de las dos partes, el IPAB respondió ayer que para el instituto "la única postura aceptable es que los términos de la auditoría sean legales y que cumplan con las disposiciones previstas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario".

En el contexto del PCCC, uno de los mecanismos ideados por el gobierno de Ernesto Zedillo para rescatar a los bancos durante la crisis de 1995, el Fobaproa emitió en favor de las instituciones de crédito involucradas pagarés por un monto actualizado de 230 mil millones de pesos, cuyo vencimiento comienza a partir de 2005. Aunque esos pagarés cuentan con el aval del IPAB, no tienen carácter de deuda pública, dado que nunca fueron avalados por el Congreso.

La ley que creó al IPAB, vigente desde 1999, desconoce que esos pagarés sean deuda pública, como confirmaron ayer fuentes del propio instituto. Por eso, para que los títulos del Fobaproa sean intercambiados por bonos del IPAB y, por tanto, tengan el aval de este organismo, es necesaria la revisión de las operaciones del PCCC, como establece el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Cuando en 2005 comiencen a vencer los pagarés del Fobaproa, los bancos acudirán ante el gobierno a reclamar el pago; entonces la administración federal tendría que pedir al Congreso que le autorizara recursos para redimir los títulos del Fobaproa, lo que desataría nuevamente la controversia sobre la legalidad de la deuda emitida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro sin el aval del Poder Legislativo.

"Ante esta duda sobre la legalidad de los pagarés Fobaproa es que los bancos están buscando intercambiar por bonos IPAB, para garantizar el aval de los documentos como deuda pública", indicaron fuentes del instituto. "Pero si están tan seguros de que no hay duda sobre la legalidad de los títulos del Fobaproa y no quieren someterse a las auditorías, la ley les da la opción de que no realicen el intercambio", agregaron.

"Si están tan seguros de que el aval del Fobaproa no es controvertido, entonces pueden no optar por el intercambio; también, si los cuatro bancos están tan seguros de que no hubo irregularidades (que fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación), entonces por qué se oponen a la revisión", comentaron fuentes del IPAB.