Comenzó en el Senado argentino el debate sobre las leyes de impunidad

Enfrenta Kirchner primera crisis abierta por desacuerdos con el vicepresidente

Se inició el juicio político contra el juez incondicional del menemismo, Moliné O'Connor

AFP, DPA Y REUTERS

Buenos Aires, 20 de agosto. El Congreso argentino otorgó hoy rango constitucional a la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, al sancionar el Senado por mayoría especial el proyecto de ley que ya tenía aprobación de la Cámara de Diputados.

El Senado, además, inició formalmente el juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O'Connor, al quedar constituido el tribunal de senadores que lo procesará. La destitución de Moliné O'Connor, considerado el mentor de la denominada "mayoría automática" que apoyó incondicionalmente las decisiones del gobierno de Carlos Menem (1989-99), había sido recomendada por la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, con base en una quincena de cargos en contra del magistrado.

Por otro lado, tras aprobar la convención, los senadores iniciaron el debate en torno a la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), aprobada la semana pasada por los diputados.

Esas normas exculparon a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-83), que dejó 30 mil desaparecidos. Pero los juristas consideran que si el Parlamento las anula, sólo será una medida de fuerte contenido político, ya que la anulación de leyes es facultad exclusiva del Poder Judicial.

En cuanto a aprobar el rango constitucional de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, esto permite avanzar en el enjuiciamiento de los militares en el país.

El gobierno de Néstor Kirchner ratificó la semana pasada la convención y envió el proyecto al Congreso para otorgarle rango constitucional, ya que los convenios internacionales con rango constitucional se imponen sobre las leyes locales.

Kirchner, anteriormente, derogó un decreto que impedía tratar judicialmente las extradiciones de militares. El pedido del juez español Baltasar Garzón de una lista de represores relanzó el debate sobre el tema. Hoy, en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el pedido de extradició del magistrado, al insistir en que la justicia española no tiene competenia para juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina, y dijo además que los hechos imputados no pueden ser calificados de terrorismo porque los represores pertenencía al aparato estatal, aunque no recuerda que era un gobierno de facto.

En tanto, Kirchner hace frente a la primera crisis abierta en el gobierno, luego de exigir la renuncia de funcionarios afines al vicepresidente Daniel Scioli, quien lo desafió al discrepar sobre el debate legislativo de las leyes de impunidad, y también sobre asuntos económicos.

Kirchner se mantuvo el miércoles en silencio sobre el conflicto aún no resuelto, pero el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo que el presidente "está ejerciendo la autoridad para que no se desordene el país.

"Nosotros no pedimos la renuncia del vicepresidente, quien ha sido elegido por la gente", dijo el ministro coordinador, quien aclaró, no obstante, que "lo que motiva este problema son lisa y llanamente las expresiones de un vicepresidente que chocan de frente con las de todo un gobierno".

Scioli, un poder paralelo

Analistas de los medios de prensa han comentado que Scioli estaba erigiéndose en un poder paralelo, al mantener contactos permanentes con empresarios. Algunos especularon que detrás de Scioli podría estar la mano de Menem, su otrora mentor político, o del ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), padrino político de Kirchner.

A su vez, la diputada centroizquierdista Elisa Carrió declaró que Kirchner debe "guardar mesura, porque todavía no es una crisis, pero lo será", cuando apenas van a cumplirse tres meses del gobierno.

"Siempre recuerdo que Scioli fue el que representó al menemismo y al banquero Raúl Moneta (argentino), acusado en la comisión (parlamentaria) de lavado de dinero", añadió Carrió.

Scioli, por su lado, se metió de lleno el miércoles en la campaña del Partido Justicialista (peronista) para las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, de la mano de la primera candidata a diputada, Hilda Chiche Duhalde, esposa del ex mandatario.

"Soy una persona de consenso y no de disenso", dijo el vicepresidente, y añadió que no renunciará, sin disipar las dudas sobre el final aún abierto de la crisis, justo en momentos en que Argentina mantiene una crucial negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa negociación fue hoy analizada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Roger Noriega, y el ministro argentino de Economía, Roberto Lavagna.

El funcionario estadunidense aseguró, no obstante, que el gobierno de George W. Bush "no quiere imponer una fórmula ni meterse con el tema del FMI.

"Ahora sería la oportunidad para lograr un acuerdo de largo plazo" entre Argentina y el FMI", estimó Noriega en conferencia de prensa.

El representante estadunidense también fue recibido por Kirchner en la casa de gobierno, por espacio de 20 minutos, sin que se informara oficialmente sobre los temas del encuentro.