Los detenidos son ex agentes de la CIA con profusos antecedentes criminales

Juzgar y sentenciar a cuatro anticastristas, demandan organizaciones panameñas

La célula, encabezada por Posada Carriles, planeó un atentado para asesinar a Fidel Castro

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Panama, 2 de septiembre. Las principales organizaciones del movimiento popular panameño -cinco federaciones de estudiantes, todas las centrales sindicales y campesinas y la nación indígena Kuna- demandarán este miércoles a la justicia del país que juzgue y sentencie por terrorismo a los cuatro cubanos detenidos el 17 de noviembre de 2000 por intentar detonar una potente carga de explosivos en el paraninfo de la universidad nacional, donde al día siguiente se presentaría el presidente de Cuba, Fidel Castro, ante miles de convocados.

Entre los nueve acusados por este complot frustrado hay un cuarteto singular. To-dos fueron agentes de la CIA; dos son egresados de Fort Benning. Han participado en asesinatos, bombazos, conspiraciones y atentados en varias urbes latinoamericanas, incluidas la ciudad de México y Mérida.

Han servido a aparatos de seguridad de va-rias dictaduras. Son, según el embajador de Cuba en Panamá, Carlos Zamora, "cuatro de los seis o siete terroristas más peligrosos del hemisferio", con cuatro décadas de trayectoria: Luis Posada Carriles, involucrado en la explosión de un avión en pleno vuelo sobre Barbados (1976), con saldo de 73 muertos, y organizador de los bombazos contra objetivos turísticos en La Habana (1997, un muerto). Guillermo Novo Sampol, coautor del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, en Washington, y de tres diplomáticos cubanos en Canadá y Argentina, además de colaborar con la policía secreta de Pinochet. Pedro Re-món Rodríguez, especialista en bioterrorismo, con más de 20 bombazos, homicida de dos cubanos en Nueva York y Miami. Y Gaspar Jiménez Escobedo, homicida de dos cu-banos en México, autor de un plan fallido a un avión de Mexicana de Aviación, con asesinatos en Argentina y Estados Unidos.

Paradójicamente, en estos tiempos en los que perseguir células terroristas es una prioridad mundial ante la epidemia de atentados dinamiteros, estos cubanos con amplia experiencia en el ramo podrían ser sobreseídos por el juez Enrique Paniza, quien tendrá una audiencia preliminar esta semana para determinar si los detenidos son juzgados.

Ese es, por lo menos, el peor escenario que abogados de la parte acusadora y el gobierno cubano no pueden dejar de contemplar.

Para Zamora, llevar a los acusados a la corte "sería la mejor opción para Panamá" pues estaría enviando un fuerte mensaje antiterrorista al mundo, "sobre todo si consideramos que de haber logrado su objetivo el estallido en la recepción popular a Castro en el paraninfo hubiera cobrado miles de vidas, por la magnitud de la carga explosiva que les fue incautada a los conspiradores. Hubiera sido tan grave, proporcionalmente, como la voladura el 11 de septiembre de las Torres Gemelas".

Crimen de lesa humanidad

Según Silvio Guerra, representante legal de las organizaciones estudiantiles, llevar a los acusados a juicio por cargos de terrorismo y tentativa de asesinato debería ser "algo ineludible" en un estado de derecho.

El penalista, que dirige el movimiento Poder Social Siglo 21, pedirá que el juez considere el perfil criminal de los acusados y se tome en cuenta que la conspiración tenía alcances para perpetrar un crimen de lesa humanidad: "Es un caso de crímenes majestics, además de un gran agravio para la soberanía panameña. El juez no debe dejar de poner estos hechos en la balanza".

En el sumario que este miércoles celebra una audiencia preliminar, los nueve acusados (los cuatro mencionados y otros cinco presuntos cómplices) sólo tienen cargos por posesión de explosivos y atentado contra la seguridad colectiva. Los abogados de la parte acusadora demandarán la adición de cargos por terrorismo, atentado contra la seguridad del Estado y homicidio en grado de tentativa.

En medios académicos no hay optimismo sobre el pronóstico del resultado de la au-diencia, por la connivencia de los jueces con los sectores en extremo conservadores y debido a la gran cantidad de dinero que las organizaciones anticastristas de Miami están destinando al equipo de la defensa.

El abogado de Posada Carriles y demás coacusados es Rogelio Cruz. Cercano colaborador del derrocado presidente (hoy pre-so en Miami) Manuel Antonio Noriega, aceptó el cargo de procurador de la República bajo el mando de Guillermo Endara, el presidente y ahora candidato que juró en el mando en un portaviones estadunidense, en plena ocupación militar, en 1990.

Poco después fue destituido a instancias de Washington, al descubrirse que al amparo de su cargo realizaba negocios ilegales. Es abogado de conocidos narcotraficantes.

El argumento central de la defensa es que el atentado en el paraninfo nunca se concretó. Los acusadores esgrimen que las convenciones internacionales determinan que basta con que hubiera una tentativa para configurar el delito. Esta definición es la que estará en juego esta semana.

La voluntad política frente al terrorismo de la presidenta Mireya Moscoso también está a prueba. Testigos de los hechos del 17 de noviembre recuerdan que días antes de la décima Cumbre Iberoamericana, en esta ciudad, agentes de la inteligencia cubana habían advertido del atentado que se preparaba y alertaron sobre la presencia de Posada Carriles en la ciudad. Antes de que Castro despegara de La Habana se había pedido que la policía detuviera a la célula anticastrista, pero la policía panameña no actuó.

Ese mediodía el mandatario cubano aterrizó en el aeropuerto de Tocumén y denunció, con todos sus detalles, el plan que estaba en marcha. Eran las 13 horas. Sólo en-tonces la policía panameña entró en acción.

A las 17 horas, siguiendo la información de los servicios de inteligencia cubanos, en un operativo relámpago fueron detenidos los dirigentes del grupo, entre ellos Posada Carriles, en el Aparthotel Coral Suites, en el céntrico barrio del Cangrejo. Simultáneamente se incautaron los explosivos (varios kilos del mortífero C-4, de uso regular de los ejércitos) en una finca de Chiriquí.

Al día siguiente los presidentes iberoamericanos deliberaron en su décima cumbre, y el mandatario cubano pidió un fuerte pronunciamiento contra el terrorismo. Francisco Flores, de El Salvador, en cuyo país se había planeado el atentado, y Ernesto Zedillo, de México, mofándose de su homólogo echaron abajo la propuesta.

Hoy, con las pruebas a la vista, se puede iniciar finalmente el juicio contra los terroristas cubanos. O puede escribirse otro ca-pítulo vergonzoso de impunidad.