León Bendesky

Reformas

El presidente Vicente Fox quiere reformas. Sobre todo las quiere en el terreno de las finanzas públicas y de la energía. Ambas están estrechamente ligadas, pues cualquier afectación del régimen fiscal que hoy tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) requerirá de una profunda revisión de la estructura fiscal del país, ya que una tercera parte del ingreso público proviene de esa empresa. Fox planteó esas reformas desde el inicio de su gobierno, pero no tuvieron el respaldo del Congreso, ya que ambas fueron presentadas de manera muy controvertible técnica y políticamente, y sin la suficiente negociación en un entorno en que la oposición tenía la mayoría legislativa.

Tres años después no se ha avanzado, y mientras tanto se sigue parchando la gestión del fisco que acumula grandes deudas, así como el funcionamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. El asunto ya provocó la salida del gabinete del secretario de Energía.

No es totalmente claro qué es lo que pretende el gobierno con la reforma energética, ni cómo se imagina que operará un sector sumamente complejo, que además es estratégico para el crecimiento de la producción y el desarrollo del país. Esta falta de claridad es relevante porque se tata de hacer cambios que habrán de operar muchos años, por la naturaleza misma de las inversiones y las modificaciones legales en juego.

El Presidente dice abiertamente en cada ocasión que se le cuestiona que no se privatizarán las empresas del sector energético, aunque cada vez se abren más espacios a la participación del sector privado. Esta situación, que se da en el marco de una indefinición aún grande de la política energética del país, puede generar conflictos políticos y económicos derivados de la falta de una visión clara y de una incapacidad política de todas las partes que tienen que ver en el asunto.

Muchos de los implicados en la redefinición de la política energética siguen actuando, no obstante, como si el propósito del gobierno fuera la privatización, lo que complica el trabajo técnico, financiero y político que tiene que hacerse. Esta disputa se advierte de modo muy evidente en el seno del PRI con las discrepancias entre la dirigencia de Roberto Madrazo y la diputada Elba Esther Gordillo de un lado y el senador Manuel Bartlett del otro. En el PRD también se aprecia una postura que parte de la convicción de que lo que quiere el gobierno es privatizar.

Los recursos de la nación deben servir para generar riqueza y extender las condiciones del bienestar de la población, hoy es notorio que no lo están haciendo. Lo que no debería pasar en el Congreso es que se sacrifique la necesidad de un profundo replanteamiento de las políticas energética y fiscal, estancándose en un debate estéril. Debe prevalecer una visión clara de tipo técnico, económico y político que sirva de base para sostener un nuevo periodo de crecimiento productivo, de consolidación de la infraestructura física que eleve el nivel de productividad, la ordenación del fisco con la generación de más ingresos y la capacidad de mayor gasto público y, no por último menos relevante, de ampliación de la independencia nacional en el marco del modo en que funciona el capitalismo mundial.

Para ello la propiedad pública de las empresas productoras de energía no representa de manera natural un obstáculo y debería, en cambio, ser el eje ordenador de un sector cada vez más eficiente. No se puede asimilar de manera mecánica la experiencia de otras naciones, ni someterse a las exigencias de los organismos financieros multinacionales, que en los últimos años han mostrado enorme incapacidad en su injerencia en las políticas económicas de muchos países, incluyendo a México.

La experiencia internacional de privatizar y desregular la generación y distribución de la energía eléctrica es bastante polémica; no se olvide que ese sector no se puede reformar solo sin considerar la industria del petróleo y el gas. El mecanismo del mercado muestra de modo recurrente que no crea los estímulos necesarios para el funcionamiento eficiente del sector, es decir, en cuanto a las condiciones que provoquen mayor competencia, menores precios y suficiente cantidad de inversiones. Hasta el campeón actual del libre mercado, George W. Bush, ha reconocido, luego del apagón en el noreste estadunidense, que ese país tiene una economía de primer mundo y un sistema eléctrico de tercer mundo.

México no puede darse el lujo de seguir administrando mal su economía e imponer sobre la población la enorme carga financiera de reformas mal hechas, que acaban en salvamentos con dedicatoria al sector privado que controla la riqueza. Los experimentos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son muestra cabal de incompetencia e irresponsabilidad. Los parámetros de la reforma energética, insistimos, tienen que plantearse en un marco técnico y financiero que sea compatible con una estrategia clara y de largo plazo para el desarrollo del país. La reforma no debe acabar como el caso de las carreteras y de los bancos. Esa es la responsabilidad de Fox y del Congreso; son ya más de 20 años desperdiciados, y más nos vale que estén a la altura de dicha exigencia, pues la resistencia económica y social se está llevando al límite.