México D.F. Lunes 8 de septiembre de 2003
Educación para todos, frágil sueño
y esperanza
Señora directora: Los estudiantes de Mactumactzá
son herederos del ahora frágil sueño y esperanza de una educación
para todos, especialmente para los pobres del campo. Los funcionarios del
gobierno de Chiapas y los represores policiacos en la ciudad de México
son los encargados de decapitar aquella lejana idea del cardenismo. Con
ellos, ¿cuál esperanza?
Hugo Aboites, UAM-X
PS. Gracias a los jóvenes del estado de México,
a Guillermo Sologuren y a La Jornada por habernos dado el jueves
4, en primera plana, una de las más extraordinarias imágenes
de los jóvenes que luchan por vivir y estudiar.
Defensores de derechos humanos del STUNAM, contra acoso
a reportero
Señora directora: Los defensores de derechos
humanos del STUNAM reprobamos el acto de dos funcionarios de la AFI, de
investigar las fuentes de Gustavo Castillo García, reportero de
La Jornada.
Esperamos que las declaraciones del subprocurador de Derechos
Humanos de la PGR, en el sentido de sancionar a los responsables, sea ejemplar
para que no se repitan estos actos y se norme al respecto en beneficio
de la libertad de expresión.
Promotores y defensores de derechos humanos del STUNAM:
Francisco Castro, Adrián Pedrozo, Alicia Andrade, Mariano Flores
y varias firmas más
Exige justicia, a 35 años de la desaparición
de su hermano
Señora directora: Le agradecería
la publicación de estas líneas en El Correo Ilustrado.
Era la mañana del 8 de septiembre de 1978, Juan
Chávez Hoyos retornaba a la casa del estudiante poblano después
de la jornada de trabajo nocturna; por la tarde asistiría a sus
clases en el CCH Vallejo, como de costumbre. Esa vez no sería así.
Una cuadra antes de llegar a su domicilio ya lo esperaban en un carro agentes
de la Brigada Blanca, dirigida por Nazar Haro.
Esto lo sabríamos después por el compañero
Rufino Guzmán, quien desapareció el 5 de septiembre de ese
mismo año. Aseguró que estuvieron en una de las cárceles
clandestinas del Campo Militar número uno en la ciudad de México,
después de ser sometidos a una serie de torturas físicas
y sicológicas.
Esto era uno más del clásico secuestro,
cobarde e inconfundible práctica del entonces gobierno de López
Portillo, que transgredía las garantías individuales más
elementales.
Hoy se cumplen 25 años. Sus amigos y familiares,
unidos en el Comité Eureka, exigimos la libertad de todos los desaparecidos
políticos.
Los mexicanos no debemos permitir que quede en la impunidad
este vergonzoso episodio de nuestra historia. Exigimos justicia al gobierno
de Vicente Fox. Ignorar esta petición lo hace cómplice de
estos agravios de lesa humanidad.
Pedimos juicio y castigo para los culpables. Vivos se
los llevaron, vivos los queremos.
Priscila Chávez Hoyos y compañeros de
Juan
Cuestiona posible extradición de Llona Olalde
Señora directora: Con gran pena leímos
la nota acerca de la torpe decisión del juez Ranulfo Castillo de
darle luz verde al proceso de extradición al ciudadano mexicano
de orígen vasco Lorenzo Llona Olalde.
Los miembros de la International Basque Organization for
Human Rights lamentamos tal decisión y nos preguntamos si en México
los funcionarios públicos se han olvidado de que es un país
independiente y soberano, que la guerra sucia y la vendetta
personal de herederos del rancio fascismo europeo no tienen lugar en la
sociedad mexicana.
Por si fuera poco, el subprocurador jurídico, Alejandro
Ramos Flores, se atreve a decir que las pruebas de descargo en favor del
acusado se analizarán en el proceso que se le siga en España,
cuando el acusado es ciudadano mexicano y no tiene por qué ser procesado
en España.
El acusado se encontraba en México cuando sucedió
el hecho por el que se le acusa, de lo que hay prueba fehaciente en documentos
emitidos por las propias autoridades federales mexicanas.
Si el señor Ramos Flores se quiere poner una venda
en los ojos, allá él; alrededor del mundo muchas personas
estamos conscientes de que a personas como Llona Olalde o a los otros seis
vascos detenidos les espera tortura, cargos prefabricados, prisión
preventiva por un periodo de cinco años sin que se presenten dichos
cargos y otra serie de lindezas de un régimen que es digno sucesor
de la Santa Inquisición.
Alejandro Eguía-Lis. International Basque Organization
for Human Rights Human Rights Committee, http://www.euskojustice.org/
La CNDH no se opone a que la PGR investigue en Ciudad
Juárez
Señora directora: Una vez más la
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, comete
la imprudencia de hacer declaraciones irreflexivas, esta vez porque supone
que la CNDH rechaza las investigaciones de la PGR en los casos de asesinatos
de mujeres en Ciudad Juárez (que en absoluto corresponde a la postura
de esta comisión nacional). La señora Espinosa levantó
un edificio de suposiciones sin sentido, por lo mismo nos permitimos precisar
que los señalamientos hechos por el ombudsman, consignados
en La Jornada del 4 de septiembre (a los que la señora Espinosa
se refiere) se enfocaron, a pregunta de su entrevistador, a insistir en
que la facultad de atracción jurídica no equivale a una panacea,
por lo tanto no está en tal decisión -en la atracción
o no- el arreglo de los casos, sino en la profundidad y resultados de las
investigaciones.
Por lo demás, la facultad de atracción exige
que se den los supuestos que la ley establece; no es, pues, un hecho voluntario
que dependa de quererlo o no, como equivocadamente lo entendió la
señora Espinosa.
Es lamentable que desde un puesto con responsabilidad
de servicio público, la señora Espinosa desconozca información
básica sobre asuntos acerca de los cuales también se permite
opinar con ligereza, lanzando ataques insostenibles contra agrupaciones
civiles y anteponiendo sus inclinaciones y preferencias de carácter
ideológico a la cabal comprensión de sus funciones.
Esta es, por lo demás, la tercera ocasión
que, en el ánimo de entender y atender institucionalmente sus reclamos,
se le aclara a la señora Espinosa que esta comisión nacional
es un órgano público autónomo, no una dependencia
del gobierno.
Miguel Angel Paredes Ramos, director de Información
Sobre solicitud de financiamiento de la FMOPDH a la
CE
Señora directora: En atención a que
se hicieron señalamientos sobre el presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), maestro Emilio Alvarez
Icaza L., le solicitamos atentamente publicar esta carta en relación
con el desplegado firmado por representantes de organismos públicos
de derechos humanos, que apareció el pasado 2 de septiembre.
Por mandato estatutario, las acciones de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) están
encaminadas a fortalecer los principios de autonomía, independencia
y autoridad moral de los organismos públicos de derechos humanos
en México, entre otros aspectos. Desde principios de 2002, el comité
directivo de la FMOPDH impulsó ante la Comisión Europea (CE)
el proyecto Fortalecimiento institucional de los organismos públicos
de derechos humanos.
Los beneficiarios serían los ciudadanos de todo
el país.
En septiembre de 2002, el comité directivo de la
FMOPDH y la propia CNDH aprobaron el proyecto y los contenidos de la solicitud
de subvención que ahora critican. En la asamblea ordinaria de los
días 7 y 8 de noviembre de 2002 se aprobó por 17 votos a
favor, cero en contra y 2 abstenciones dar seguimiento a la solicitud de
financiamiento y suscribir el convenio con la CE.
La CE evaluó positivamente el proyecto que presentó
la FMOPDH. De un total de 530 solicitudes de financiamiento en el ámbito
mundial, la CE seleccionó 66 en esta categoría, uno de los
cuales fue el presentado por la FMOPDH. El financiamiento otorgado por
la CE ascendía a 640 mil euros.
En mayo de 2003, el embajador Nigel Evans, jefe de la
delegación de la Unión Europea en México, y el presidente
de la FMOPDH, Juan Alarcón González, firmaron el contrato
ante 20 titulares y representantes de organismos públicos de derechos
humanos.
Cuando la CE ya había entregado parte de los recursos,
en una asamblea extraordinaria del 1º de julio, a propuesta de la
CNDH se modificó el orden del día; el proyecto fue nuevamente
sometido a votación y rechazado por la mayoría.
Una de las objeciones de algunas comisiones estatales
y la CNDH se refiere a las consecuencias de un eventual incumplimiento
y el compromiso de sujetarse a la legislación y tribunales belgas.
Las reglas para este tipo de apoyo son ampliamente conocidas por quienes
han sido beneficiarios de financiamiento, como el gobierno mexicano y la
CNDH, entre otros. Por ello sorprende ese cuestionamiento, en particular
de la CNDH, la cual presentó solicitudes de apoyo al mismo programa
de la CE, bajo las mismas normas.
Rechazamos tajantemente que para lograr la aprobación
del proyecto se haya incurrido en "omisiones y francas mentiras".
La CDHDF presentó informes de ingresos anuales
de los últimos tres años para cumplir con un requisito de
la solicitud de subvención, con conocimiento de la FMOPDH y de la
CE, en virtud de que la federación se constituyó como asociación
civil en febrero de 2002 y no contaba con registros financieros anteriores
a esta fecha, que respondieran a esta figura jurídica.
Además la CE solicitó expresamente proceder
de esa manera, ante la falta de información sobre las finanzas de
la federación en los años anteriores.
Irma Rosa Martínez Arellano, directora general
de Comunicación Social de la CDHDF
No han llegado recursos del año pasado para
investigación, acusa
Señora directora: Le solicito incluya en
El Correo Ilustrado la presente carta, la cual también fue enviada
al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil
Díaz.
El 17 de agosto de este año, Daniela Pastrana presentó
en Masiosare, bajo el título "Los números de la ignorancia",
una serie de datos generados en fuentes nacionales e internacionales, públicas
y privadas, que manifiestan sin duda la urgente necesidad de incrementar
el presupuesto destinado a la educación, incluyendo el apoyo a la
ciencia y la tecnología, si se pretende verdaderamente el desarrollo
de México.
En octubre del año pasado, a través de esta
misma sección, presenté el documento que dirigí al
secretario de Educación Pública en representación
del grupo de investigadores que participamos en un proyecto interinstitucional
relacionado con el establecimiento de los recursos bióticos para
la producción de un antitumoral, en la que expresamos nuestra preocupación
por la serie de acciones que consideramos irregulares y a las que nos hemos
enfrentado en el supuesto asignamiento de recursos para este proyecto,
vía SEP-CoSNET.
La SHCP ha emitido una normatividad (ver oficio SEP-SAG/937/03
del 10 de junio 2003), causal en gran parte de acciones tales como: aprobación
del proyecto con 54 por ciento de lo solicitado, con distribución
presupuestal no solicitada y exigencia de facturas por adelantado. Hasta
el 2 de septiembre del 2003, casi 11 meses después de la firma del
convenio, el Instituto Tecnológico de Veracruz, al que estoy adscrita,
no ha recibido el financiamiento para este proyecto ni para todos los demás
aprobados a diferentes profesores(as).
La periodista Daniela Pastrana en su trabajo asienta que
para el presente año el gasto para ciencia y tecnología,
que más bien debería considerarse inversión, representa
20 por ciento menos que el año anterior (2002). A través
de estas líneas, Daniela conocerá que con inversiones por
debajo de lo requerido y debido a políticas establecidas, ese presupuesto
(2002) no ha llegado a nuestras instituciones.
Debo suponer que el señor Gil Díaz tiene
conocimiento del efecto negativo que ha significado para el desarrollo
de la investigación científica y tecnológica la normatividad
en el ejercicio presupuestal aplicada por la SHCP. ¿Hasta cuándo
más se tendrá que esperar la entrega del fondo 2002? ¿Hasta
cuándo se dará un apoyo real (suficiente y oportuno) a la
ciencia y la tecnología en México?
Dulce Barradas Dermitz, Instituto Tecnológico
de Veracruz, área químico biológica
Denuncia malos manejos en sección 28 del sindicato
del IMSS
Señora directora: El 2 de agosto pasado
nos manifestamos en contra de la ilegal destitución de seis miembros
del comité ejecutivo de la sección 28 del IMSS, aplicada
por la Comisión de Honor y Justicia sin tener facultades estatutarias
para ello. Afuera del edificio sindical rechazamos la imposición
de la C. Gloria Contreras en el inexistente cargo de "encargada" de la
secretaría general y protestamos por el mal manejo de las cuotas
sindicales, demostrado mediante una auditoría interna.
Sin embargo, a través de maniobras jurídicas,
Gloria Contreras Miranda, con el respaldo de Roberto Andraca González
(secretario general de la sección 34 del DF y secretario de Conflictos
del CEN); del doctor Arturo Varela, integrante del CEN, y de funcionarios
gubernamentales, consiguió la intervención de cientos de
policías de la PGR y ministeriales del estado de Oaxaca -todos fuertemente
armados- para reprimir e intimidar a los trabajadores inconformes.
El doctor Mauro Gómez Canseco fue detenido y dejado
en libertad el día siguiente, bajo las condiciones de no difundir
esos actos de represión a los trabajadores, no volver a manifestarnos
afuera del edificio sindical y aceptar las destituciones. Lo más
grave de todo es que la señora Contreras Miranda se presenta con
una careta democrática dentro del frente de sindicatos y organizaciones
democráticas de Oaxaca, con un discurso supuestamente combativo,
pero en el sindicato actúa con una práctica antidemocrática.
En ese sentido manifestamos a todos los sindicalistas
del país y al pueblo de México que continuaremos la lucha
por la democratización de nuestra vida sindical, repudiando la política
económica y laboral de nuestro gobierno en turno. Asimismo hacemos
responsable a Gloria Contreras de cualquier agresión física
o laboral contra cualquiera de los trabajadores de la sección 28
de Oaxaca que se han manifestado contrarios a su práctica represiva,
autoritaria y a malos manejos de las cuotas sindicales.
Oscar Martínez García, trabajador de
base del IMSS
Manifiestan dudas en asignación de becas del
Fonca
Señora directora: Le agradecemos un espacio
en El Correo Ilustrado para exponer un posible fraude en la asignación
de becas del Fonca.
Señora Sari Bermúdez, el quehacer cultural
es un bien al que hay que proteger, no se puede descuidar. Somos narradores
orales con una amplia trayectoria. Esto viene a colación porque
estamos sorprendidos por el resultado del programa de becas que otorga
el Fonca, en el rubro de intérpretes para narradores orales. Desglosamos
nuestra denuncia:
1. Para la evaluación del proyecto se nos pidió
destacar nuestra trayectoria artística y que ésta fuera de
acuerdo con el trabajo a desarrollar. Los firmantes vivimos de nuestra
actividad profesional como narradores orales, algunos hasta con 15 años
de experiencia. Sin embargo, las becas se otorgaron a Eva Calderón
de la Barca, Liliana Pedroza y Francisco de la Lama, cuya trayectoria no
se conoce o es difusa en el medio artístico. Una beca es un reconocimiento;
de esto se olvidó el Fonca, ¿o fue inducido para olvidarlo?
2. Casualmente, los tres beneficiarios pertenecen y son
"leales" a la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral Escénica,
que dirige el cubano Francisco Garzón Céspedes, que tiene
como director adjunto al mexicano Armando Trejo. El nombre de narración
oral escénica es una marca registrada, como Coca Cola o como Mc
Donald's. Nadie puede hacer uso del nombre si no está avalado por
la dicha cátedra. Si la CNCA hace una convocatoria para "narradores
orales escénicos" -de manera automática y perversa- los que
no formamos parte de dicha corriente estamos excluidos. ¿Acaso influyó
la cátedra en el resultado de las becas? En México hay otros
estilos de narrar y contar cuentos. La diversidad enriquece las artes escénicas.
3. Hemos investigado que los tres narradores beneficiados
participan fundamentalmente en los pocos eventos de esta cátedra
(en la Muestra Internacional de Narración Oral Escénica).
Pertenecen a la cátedra, un proyecto marginal y excluyente que se
ha desligado del movimiento nacional de narración oral. ¿El
Fonca y el jurado también cayeron en actitudes excluyentes y su
decisión fue facciosa? ¿El jurado fue sorprendido o recibió
línea?
4. A ello hay que agregar que, con base en lo que publicó
el Fonca, en la comisión dictaminadora del jurado calificador de
las propuestas de "narración oral escénica" no figura ningún
narrador oral, aunque sí reconocemos su trayectoria artística.
Nos acabamos de enterar que fueron Astrid Haddad, Luisa Huerta y Angelina
Peláez quienes calificaron. ¿Realmente ellas recibieron nuestros
proyectos?
Sin más por el momento, esperamos que se investigue
este asunto. El silencio no es una respuesta, Sari Bermúdez, usted
tiene la palabra.
Alma Rosa Rivera, Jermán Argueta y Marco Antonio
Vázquez
La resolución del TEDF premia sin fundamento
al PRD, considera
Señora directora: La resolución por
medio de la cual el TEDF otorgó cuatro diputados de representación
proporcional al PRD, dotándolo con ello de una representación
excesiva, ha sido un auténtico paso atrás en la evolución
reciente del sistema electoral mexicano.
Sobre la base de una extraña interpretación
de un código electoral mal hecho, plagado de errores y lagunas,
la mayoría de los magistrados de ese tribunal ha aplicado una verdadera
cláusula de "supergobernabilidad", premiando al partido mayoritario,
que con 43 por ciento ya había obtenido 37 de 40 diputaciones de
mayoría (56 por ciento de la ALDF), castigando de manera inaudita
al conjunto de los partidos de oposición, alejándose con
ello de lo avanzado en las últimas dos décadas de desarrollo
de nuestro sistema electoral mixto, que combina los principios de mayoría
y representación proporcional.
El artículo del magistrado Raciel Garrido, publicado
en dos entregas los días 18 y 19 de agosto, muestra con toda claridad
la endeblez de los argumentos que dieron lugar a dicha resolución.
Ya el consejero Eduardo Huchim ha criticado con detalle algunos de ellos,
por lo que solamente me concentraré en un aspecto fundamental. El
magistrado Garrido afirma que "el examen de la sobrerrepresentación
en un sistema mixto debe partir de una premisa fundamental, a saber: que
nada ni nadie puede arrogarse la facultad de hacer nugatorio el derecho
del partido político mayoritario a contar con diputados de representación
proporcional hasta el límite máximo que la ley establece
(63 por ciento, que equivale a 41 diputados)". Lo que en el Estatuto de
Gobierno es un límite máximo, al que el partido mayoritario
puede llegar o no dependiendo de su votación, el magistrado Garrido
lo convierte en un mecanismo que obliga inevitablemente a asignarle diputados
de representación proporcional a ese partido para que llegue a dicho
límite.
El magistrado Garrido es plenamente consciente de que
su interpretación es débil, cuando afirma que la existencia
del límite máximo de 63 por ciento supone que se debe hacer
una primera asignación al partido mayoritario, pero encuentra que
"lo que no establece la ley, concretamente el artículo 13 del Código
Electoral, es la fórmula que ha de aplicarse para saber si un partido
político rebasa o no el límite máximo... Para superar
esta insuficiencia, lo que procede es asignar al instituto político
que haya obtenido 34 constancias de mayoría o más, y por
lo menos 30 por ciento de la votación total, el número de
diputados de representación proporcional suficientes para llegar
a dicho límite (41)..." Pero el problema es que esto no lo dice
el código, ni el estatuto, ni el artículo 122 constitucional.
Este argumento ha sido inventado por la mayoría del tribunal para
superar tal "insuficiencia" de la ley en el peor de los sentidos posibles.
En lugar de esforzarse por aplicar la lógica más tendiente
a la proporcionalidad, como sugiere hasta ahora la jurisprudencia aprobada
por el TEPJF y por la SCJN, la mayoría del TEDF se ha inclinado
por aplicar una "interpretación" que defiende el "derecho" del partido
mayoritario a tener el 63 por ciento de la ALDF a como dé lugar.
Sólo nos queda esperar a que el TEPJF resuelva
este caso con un mínimo apego a la cordura. Espero que no sea mucho
pedir.
Pablo Javier Becerra Chávez, profesor investigador
de la UAM Iztapalapa
Cambios de Liconsa en estados, con resultados satisfactorios,
dice
Señora directora: Leí con atención
la columna Dinero de Enrique Galván Ochoa, página 22 de la
edición del 29 de agosto, en la que se publica información
relativa a Liconsa, de la cual me permito hacer los siguientes comentarios:
Dentro de la operación habitual de Liconsa se prevén
cambios políticos y rotación del personal que encabeza los
programas de abasto social de la empresa en las diferentes entidades del
país. Estos cambios están orientados a mejorar la eficiencia
institucional y a impulsar la adopción de prácticas operativas
y administrativas más profesionales, acordes con el ámbito
geográfico en el que se llevan a cabo.
La designación de los gerentes estatales de Liconsa
está ratificada por el consejo de administración de la empresa.
La actual administración de Liconsa, apoyada en
diversas prácticas administrativas, entre las que se incluyen la
política de cambio y rotación de cuadros directivos en diferentes
estados del país, ha generado resultados satisfactorios, como incremento
del padrón de beneficiarios en cerca de 20 por ciento durante la
presente administración, apertura de 2.6 nuevas lecherías
en promedio diario, mantenimiento del precio de la leche (3.50 pesos por
litro) durante 27 meses, no obstante el considerable incremento en los
costos de producción y distribución, entre otros.
También resaltan las finanzas sanas, por primera
vez en sus más de 50 años de existencia, a partir de 2002,
Liconsa funciona sin recibir recursos ni transferencias fiscales, la compra
de 126 millones de litros de leche a ganaderos nacionales, hecho que ha
permitido que la planta de Jalisco sólo procese leche de origen
nacional; ni un solo litro de importación.
En atención a la importancia y trascendencia social
del Programa de abasto social de leche a cargo de Liconsa, las decisiones
que se toman se hacen con total responsabilidad y con claro propósito
de mejorar la nutrición de cerca de 5 millones de beneficiarios,
fundamentalmente niños menores de 12 años.
Licenciado Genaro Hernández Villalobos, subdirector
de Comunicación Social
Recuerda el golpe de Estado a Allende
Señora directora: Tengo el agrado de dirigirme
a usted, no sin antes expresar mi solidaridad con los periodistas de su
casa editorial que padecen el acoso de la autoridad federal para la revelación
de sus fuentes.
Lo anterior es indignante represión, que suelen
padecer los hombres que defienden férreamente sus convicciones,
hombres como Salvador Allende son los que motivan mi carta, ya que el próximo
11 de septiembre se cumplirán 30 años del asalto Moneda,
aquel deleznable capitulo en la historia de nuestra América Latina.
Me permito expresar el porqué de mi interés acerca de Chile:
se debe a que mis padres sufrieron en carne propia aquella crueldad orquestada
por Estados Unidos y ejecutada por el general Pinochet; por fortuna ellos
lograron refugiarse en el que hoy es nuestro país, México,
en el cual nací yo, donde crecí con los valores de la izquierda,
los cuales me han sido inculcados por mi padre, quien fuera ministro de
Agricultura de Allende, por lo cual mi formación ha sido con pleno
conocimiento de causa.
Por esto, hoy ya como secretario de la Juventud del CEN
del PRD, le solicito me permita un espacio en su periódico, ya que
me parece adecuado para hablar acerca de la ideología profesada
por Salvador Allende y la Unidad Popular.
Mauricio Toledo Gutiérrez
INVITACION
A conferencia en la Facultad de Filosofía y
Letras
La coordinadora antimperialista de la FFL invita a la
conferencia La recolonización de América Latina. Participarán:
Angel Guerra, articulista de La Jornada; Ramón O'Neill, Comité
de Amigos de Puerto Rico; Peter Gellert, Movimiento Mexicano de Solidaridad
con Cuba, y un activista del Movimiento Mexicano de Solidaridad con las
Luchas del Pueblo Colombiano.
Hoy a las 17 horas en el aula magna de la FFL. Responsable
de la publicación: Miguel Angel Aguilar González.
El
Correo Ilustrado
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