La decisión del presidente argentino, Néstor Kirchner, de no cubrir un vencimiento de 2 mil 900 millones de dólares de la deuda de su país con el Fondo Monetario Internacional, en momentos en que ese organismo intensificaba sus conocidas exigencias depredadoras hacia la nación suramericana, y en plena víspera del inicio de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, es un gesto audaz y a primera vista temerario, pero absolutamente justificado y procedente.

En los días recientes, la misión fondomonetarista presente en Buenos Aires endureció inopinadamente su posición y empezó a exigir al gobierno argentino que incrementara su superávit fiscal y ordenara incrementos en las tarifas de los servicios públicos, privatizados y en manos de inversionistas extranjeros, mayoritariamente europeos y estadunidenses. Las autoridades bonaerenses advirtieron que tales condiciones ahogarían "el incipiente crecimiento" económico registrado por el país, postergarían su desarrollo y obstaculizarían el propósito de la administración de Kirchner de lograr "un país socialmente sostenible".

Aunque la negativa argentina a sacrificar el 25 por ciento de sus reservas en el pago referido no implica una moratoria oficial y el gobierno de Buenos Aires dispone aún de un plazo de 30 días para realizar el desembolso antes de recibir una notificación formal del FMI, de inmediato surgieron advertencias, en los ámbitos de la especulación internacional, sobre un supuesto escenario de catástrofe para la de por sí desfalleciente economía argentina.

Ciertamente, la determinación de Kirchner conlleva riesgos, pero no son, por ahora, tan acuciantes como los dibujan los economistas ortodoxos y los que pregonan la obediencia a ultranza a los organismos financieros internacionales. Es claro que cualquier medida orientada a ahorrar sufrimientos materiales a la población, así como cualquier acción de defensa de la soberanía nacional, resultan inaceptables, por principio, para globalifílicos y neoliberales impenitentes.

Desde una perspectiva económica, la decisión de Kirchner no es necesariamente negativa ni está inevitablemente condenada a espantar a los capitales trasnacionales. En el actual contexto recesivo, los capitales trasnacionales buscan establecerse en economías en crecimiento, no en economías estancadas como la que resultaría en Argentina si se acataran las desmesuradas exigencias del organismo financiero internacional.

En lo político es claro que el mandatario argentino actúa en un momento de perceptible debilidad del FMI, cuando éste se encuentra dividido y parece estar perdiendo el rumbo de sus propios dogmas. En tal circunstancia, la firme postura adoptada por Buenos Aires es una estrategia plausible para forzar al organismo financiero a aceptar términos favorables para la nación suramericana.

Cabría esperar, por último, que este ejemplo de "desobediencia debida" ante el abusivo organismo internacional cundiera, se multiplicara y se tradujera en una reformulación efectiva de las reglas del juego de los intercambios globales impuestas por las naciones ricas en detrimento de las economías más desfavorecidas. Sería también deseable que un proceso similar ocurriera en el ámbito del comercio, en el cual arranca hoy una ronda de negociaciones o jaloneos que, en el menos peor de los casos, será estéril para las naciones en desarrollo.