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México D.F. Viernes 19 de septiembre de 2003

Enfrenta una pena de 5 años de cárcel por el delito de despojo agravado, que no cometió

Triqui preso desde hace un año y ocho meses exige justicia

En 2000 compraron un predio al gobierno de BC, pero no les entregaron títulos de propiedad

ROSA ROJAS ENVIADA

Ensenada, BC. "La lucha sigue", proclama desde el penal de esta ciudad Julio Sandoval Cruz, indígena triqui, líder desde hace una década de diversos movimientos de jornaleros migrantes en el Valle de San Quintín, Baja California, para dignificar sus condiciones de trabajo y de vida.

Datos de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California -plasmados en el documento previo a la recomendación 6/2003, enviada en marzo pasado por el entonces titular de dependencia, Raúl Ramírez Baena, al gobernador Eugenio Elorduy Walter- señalan que se violan los derechos económicos, sociales y culturales de 70 mil indígenas migrantes en el estado, pues "mucha de la fuerza económica" de la entidad se basa en "el abaratamiento de su mano de obra como principal mecanismo de productividad y competitividad".

Rechazo a componendas

Preso político desde el 12 de diciembre de 2001, acusado de "despojo agravado", Sandoval Cruz, fundador y dirigente del Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente-Frente Popular Revolucionario (MIULI-FPR), afirma que por negarse a aceptar las componendas que le propusieron funcionarios agrarios y del gobierno de Baja California lo mantienen encarcelado, no obstante que los terrenos de cuya invasión se le responsabiliza -ubicados en el cañón de Buenavista- fueron declarados nacionales por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hecho reconocido por el gobierno estatal en un convenio firmado con el MIULI el 28 de septiembre de 2000.

Designado asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1995, Sandoval Cruz dio la bienvenida en 1999, en el Valle de San Quintín, a los delegados zapatistas José Angel y Patricia, denunciando las racistas y porfirianas condiciones en que se mantiene a los indígenas migrantes.

De 48 años, originario de Yosoyuci, Oaxaca, y padre de cinco hijos -Florentina, Luis, Gabriel, Epifanio y Julio, este último de 14 años- Sandoval Cruz fue sentenciado a cinco años y siete meses de prisión y 22 mil pesos de multa o 15 días más de arresto, aunque apeló y logró que le redujeran la pena siete meses y la multa quedó en 18 mil pesos.

Entrevistado en el Centro de Readaptación Social de Ensenada, el indígena sonríe cuando recuerda que en 1997 promovió la declaración del "pueblo autónomo Aguascalientes Cañón de Buenavista", y se pone serio cuando describe su situación: "Estoy en la boca del león tirándole piedritas". Pide que acudan al penal comisiones de Amnistía Internacional y de organismos de derechos humanos, y "que venga una delegación zapatista, para que vean que no estamos solos".

Omar Garibay, defensor de Sandoval, informó que se interpuso un amparo contra la resolución de la sala penal, porque si bien se redujo la sentencia, permaneció la pena de cinco años por "despojo agravado". Explicó que la primera ocasión que arrestaron a Sandoval, un año antes, el juez le concedió la libertad bajo caución, pero reclasificó el delito, que era despojo, le agregó "agravado" y se siguió el proceso con más pruebas, a pesar de que otros tres de sus compañeros -dos son hijos de Julio- "han sido aprehendidos por la misma causa penal y por los mismos hechos y los soltaron". Otros dos indígenas, que obtuvieron la libertad bajo fianza junto con Sandoval, siguen prófugos.

Explicó que el amparo debe resolverse antes del 25 de septiembre, porque el juicio de garantías se turnó al magistrado ponente hace una semana.

Por qué sigue preso Sandoval si existe un documento del acusador (del cual tiene copia La Jornada), Alvaro de la Rocha Quintero -con sello de recibido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, del pasado 24 de abril-, en el cual el sedicente propietario de los terrenos presuntamente invadidos otorga a Sandoval Cruz "el más amplio perdón que en derecho proceda", en relación con el expediente penal 3458/2002 iniciado por el delito de "despojo con agravante de instigador", preguntamos al defensor.

Garibay respondió: "Más bien el problema es la relación política con el gobierno del estado, que busca quedar bien con los fraccionadores, y además mete la mano con la Inmobiliaria de Ensenada, que reconoce los títulos que presentan los particulares, que se dicen propietarios, Pedro Corral Castro y su apoderado legal, Alvaro Quintero de la Rocha.

"El alegato fundamental es que Julio no participó en delito alguno, porque (los terrenos del cañón de Buenavista) son nacionales y estaban baldíos. En Baja California gobierna el PRI, luego el PAN, pero las condiciones de los jornaleros agrícolas no cambian y son tratados como extranjeros en su tierra."

En el cañón de Buenavista integrantes del MIULI adquirieron mil 23 lotes del gobierno del estado para uso habitacional, por conducto de la Inmobiliaria Estatal de Ensenada. En una primera etapa el gobierno estatal fraccionó 50 hectáreas "sin permiso del gobierno federal", señala Sandoval. Después el MIULI amplió su colonia en 78 hectáreas.

En la minuta de trabajo del 22 de marzo de 2001, firmada con la delegación del Instituto Nacional Indigenista (INI), Sandoval Cruz asegura que "la inmobiliaria los ha defraudado, porque los terrenos vendidos son propiedad de la nación". Sostiene que el gobierno estatal ha presentado, "por conducto de particulares", una serie de denuncias penales y considera ese hecho "ilegal" porque dicho predio es propiedad de la nación, no del gobierno estatal, y solicita al INI asesoría para "promover una denuncia penal" contra la dependencia estatal que resulte responsable "del fraude cometido en agravio de los integrantes de la organización".

Me ofrecieron terrenos, no acepté

En la cárcel, Sandoval Cruz indicó que ha realizado dos huelgas de hambre, una en septiembre de 2002 y otra en marzo de 2003. Afirmó que en 2001 el subdirector de Ordenamiento de Tierras Nacionales de la SRA, Héctor Mirario la Rocha, le ofreció "200 lotes regalados. Me dijo: 'mira Julio, te regalamos 200 lotes, te los repartes con tu gente y me dejas los demás'. Pasé tres veces con él, pero como no pudo convencerme me pasó con su jefe, el director Manuel de León Maza. El me ofreció 20 hectáreas, no acepté; después 40 hectáreas y tampoco acepté, porque ellos son el poder y primero te dan y luego te quitan para que yo quede mal y con problemas con su gente".

Hubo otra negociación en 2002, cuando estuvimos en huelga de hambre del 25 de septiembre al 2 de octubre. Ese día "logramos que quedara libre Beatriz Chávez Pérez, acusada de despojo, y otras dos personas. Nos dijeron que si aceptábamos salir del cañón de Buenavista quedaríamos libres, pero no aceptamos, porque nosotros compramos el predio y lo pagamos al gobierno del estado, a la inmobiliaria.

"Xóchitl Gálvez me mandó decir con el diputado Félix Castellanos que si acepto salir de ese terreno, cambiarme a otro, salir del estado y dejar a la gente en el cañón de Buenavista, pero tampoco acepté. Hasta ahora (el gobierno) no nos ha entregado los títulos de las 50 hectáreas en las que vivimos desde hace 13 años; cada familia pagó 3 mil pesos y los predios han aumentado hasta 30 mil pesos."

El indígena triqui agregó que "con el gobierno del estado ya no hay negociación. Yo no puedo negociar con una persona ratera, puedo negociar con la SRA o la Procuraduría Agraria para ver si hubo fraude o no. Yo sólo quiero justicia, no tengo estudio, pero he vivido en carne propia que no existe gobierno para los pobres, porque si quiere encarcelarnos, puede hacerlo.

"Llevo preso un año y ocho meses, pero el gobierno no me acusa como señala la ley. El dice: 'tú vas a la cárcel porque yo soy gobierno y nadie me manda'. Quiero que haya una mesa para negociar cuánto pone el municipio, cuánto la Federación, el gobierno del estado y la gente, y qué servicios van a dar."

Aquejado por fuertes dolores en la espalda, el dirigente indígena Julio Sandoval denunció que en el hospital general nunca le dicen qué enfermedad padece. "Me dijeron: 'tú tienes azúcar' (diabetes) y no tengo; mejor me voy a tomar mis yerbas, porque tengo que aguantar esto y voy a salir de la cárcel".

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