Señala que Alfredo Astiz será juzgado en el país austral, donde enfrenta causa

Rechaza juez argentino extradición de ex militar solicitada por Francia

Elabora el gobierno de Kirchner informe sobre represión en Santiago del Estero

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 20 de septiembre. El juez Alcindo Alvarez Canale rechazó esta tarde por "improcedente" el pedido de extradición del ex capitán de marina Alfredo Astiz, solicitado por París, que lo acusa de la desaparición de dos monjas de nacionalidad francesa durante la dictadura militar. El magistrado sostuvo que Astiz será juzgado en Argentina, donde enfrenta una causa reabierta sobre su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

El final del debate sobre este caso se dio en medio del tumulto de quienes llegaron para manifestarse al grito de "šAsesino!" contra el ex oficial del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Sin demostrar sentimiento alguno, Astiz solicitó ser juzgado aquí y asistió hoy al debate sobre si correspondía o no ser extraditado a Francia.

El llamado Angel rubio de la muerte, al que París requiere por el secuestro, la tortura y la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet, compareció ante el juez de Bahía Blanca, quien tramitó el pedido de extradición enviado por el gobierno de Francia, donde ya fue juzgado en ausencia en 1990 y condenado a cadena perpetua.

El ex marino fue trasladado a Bahía Blanca desde Buenos Aires, donde está detenido a disposición del juez federal Sergio Torres, quien está juzgando a los responsables de los crímenes de la Esma después de la reapertura de la causa interrumpida en 1987, cuando se impusieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que instalaron la impunidad en Argentina.

Astiz sostiene que ya fue juzgado, y adelantó que impugnará la norma del Congreso que anuló las leyes del perdón. Francia pidió su extradición en 1985 y 1990, con la representación de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.

Familiares de miles de desaparecidos en la provincia de Buenos Aires esperaban hoy que la policía detuviera al sacerdote Christian Von Wernich, ex asesor "espiritual" del general Ramón Camps, quien trabajaba en los centros de detención y fue cómplice en interrogatorios y torturas.

Hace sólo un mes, Von Wernich fue arrestado en La Plata por orden de los jueces Leopoldo Schifrin y Julio Reboredo cuando se presentó a declarar en los importantes Juicios por la Verdad, que se realizan en esa ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, pero fue dejado en libertad por otro magistrado.

Ahora, Arnaldo Corazza, juez federal de la Plata, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y ordenó su detención. El sacerdote está prófugo, pues dio un domicilio falso.

Añejo botín de guerra

En estos días otra noticia conmovió a los organismos humanitarios al descubrirse un galpón en Punta Alta, zona de la marina, que estaba a nombre de la esposa del ex capitán Jorge Tigre Acosta, quien decidía sobre la vida, la muerte y los bienes de los detenidos desaparecidos en la Esma.

En el lugar, situado en el barrio Ciudad Atlántica, cercano a la base naval de Puerto Belgrano, se encontró un "botín de guerra", en el cual se hallaron panfletos y papeles evidentemente robados de las casas adonde llegaban los grupos de tarea de la marina; asimismo, había libros, documentos bancarios, cocinas, automóviles antiguos, televisores, refrigeradores, vajillas, una casa rodante y fotos del ex dictador Jorge Rafael Videla dedicadas a su amigo Tigre.

Acosta y el marino Jorge Radice, socio del ex capitán Ricardo Miguel Cavallo, extraditado por la justicia mexicana a España, a pedido del juez Baltasar Garzón, están siendo procesados como organizadores de una banda que se apoderó de los bienes de los desaparecidos -incluyendo casas y campos- que pasaron por la Esma.

En Santiago del Estero, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno del presidente Néstor Kirchner, a cargo del abogado Eduardo Luis Duhalde, elabora un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos en esa provincia, donde subsiste un sistema feudal de gobierno.

Muertes y torturas inenarrables en las comisarías, así como la aparición de grupos paramilitares reprimiendo y amenazando a los campesinos organizados fueron comprobados en Santiago del Estero en estas fechas bajo la posibilidad de una intervención.

La provincia se encuentra en verdadero estado de crisis, que estalló a partir del asesinato de dos mujeres jóvenes, perpetrado por los grupos corruptos del poder. Detrás de cada caso de este tipo se encuentra un hilo directo con la pasada dictadura, y los responsables, en una gran cantidad de casos, son figuras conocidas de ese pasado.

También en estos días surgirán nuevas causas para los más cercanos responsables del llamado "festival de la corrupción", ocurrido durante el tiempo en que gobernó Carlos Menem, y se reabren juicios dormidos, como el de la explosión que a fines de 1995 destruyó la fábrica militar de Río Tercero y mató a casi una decena de pobladores. Esto ocurrió, al parecer, para encubrir el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador (1991-1995) del que fue responsable el ejecutivo de entonces.