Autoridades zapatistas se dicen saturadas de trabajo; "a todos atendemos"

Complica la CIOAC oficial la aplicación de justicia en Junta de Buen Gobierno

El caso Armín Morales carece de móvil político; "hay un robo y el acusado lo admite"

HERMANN BELLINGHAUSEN /I ENVIADO

La Realidad, Chis., 21 de septiembre. La Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza y el concejo municipal autónomo de San Pedro de Michoacán, en entrevistas por separado, coinciden en que no liberarán a Armín Morales Jiménez hasta que éste pague por un camión robado. "No es un problema político, como ha dicho la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) oficial, ni de transporte entre distintas organizaciones. Es sólo de justicia. Hay un robo, y el acusado lo acepta", expresó esta mañana un miembro de la Junta de Buen Gobierno en el caracol Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños.

"Estamos saturados de trabajo. Nos presentan asuntos comunitarios, agrarios, de transporte, de justicia. Vienen lo mismo compas (zapatistas) que no compas. A todos atendemos. Tenemos acuerdo de nuestros pueblos de hacer la autonomía. La junta está al servicio de todos", agrega.

"Rechazo no hay", dice otro miembro de la organización. "Es falso lo que dicen en el radio y la prensa. En esta región no tenemos rechazo a nuestra junta. Los que no están de acuerdo no tienen problema con nosotros".

No obstante, las cosas no son fáciles. Y menos cuando se trata de conciliar en cuestiones de justicia. Esto lo ilustra el conflicto en torno a la detención de Armín, que adquirió proporciones mayores al involucrarse la dirigencia de la CIOAC oficial, secuestrar a cinco miembros de la CIOAC independiente, luego a dos transportistas del municipio autónomo, y finalmente montar una campaña contra la junta y los disidentes de su propia organización.

Justicia con mordida

En el origen del problema está el Ministerio Público de Comitán, que pidió 6 mil pesos de mordida a Rigoberto Hernández Pinto para proceder contra Armín por apropiarse de un vehículo suyo meses atrás. Viendo que si no se mochaba no habría justicia, Rigoberto llevó su querella a las autoridades autónomas de Tierra y Libertad y San Pedro de Michoacán.

En la región tojolabal ya se sabe cómo funciona la justicia zapatista. Se practica desde antes de que se instalaran las juntas de buen gobierno. Ya en anteriores ocasiones particulares de distintas filiaciones políticas (incluidos priístas y perredistas) han acudido a las autoridades autónomas, ante las omisiones de la justicia oficial.

Así, cuando el concejo de San Pedro de Michoacán citó a los involucrados en la acusación de Rigoberto, todos aceptaron de buen grado presentarse en el caracol de La Realidad el 2 de septiembre. El acusado, en compañía de su padre Absalón Morales; el acusador, y Eduardo Cristiani, quien compró a Armín el carro de Rigoberto. Todos acordaron que para resolver el problema, el señor Absalón conseguiría 80 mil pesos, valor que se atribuye al vehículo robado (y que en algún punto del trayecto de esta historia "se quemó", mientras lo trabajaba Armín en vez de entregarlo a Rigoberto).

El concejo propuso un plazo de 15 días, pero el señor Absalón se comprometió a reunir la cantidad en cuatro. Mientras, Armín quedó detenido en La Realidad. Detenido, no encerrado, como él mismo admitió la mañana de hoy al conversar con este enviado.

El asuntó se complicó cuando la CIOAC oficial tomó el asunto, sin ser Armín militante suyo. Secuestró a dirigentes de la fracción independiente, y luego, el día 10, a José Luis Solís y Oscar Lorenzo Méndez, trabajadores de la junta. Todo, para exigir la liberación de Armín. Este dice ignorar que pasó después del día 2. Sólo sabe que a partir del 10 fue encarcelado por el concejo autónomo, y desde entonces pasa el día en una celda. Le permiten salir a la letrina y a bañarse. Una familia de La Realidad, conocidos suyos, le lleva alimentos dos veces al día.

"El prefirió así", dice el representante del concejo autónomo. "De otro modo, nosotros le daríamos alimentos".

El vocero autónomo niega que el detenido desarrolle "trabajos forzados" o padezca "tortura sicológica", como ha declarado la CIOAC oficial. "Quien quiera lo puede venir a visitar. Pero nadie viene. Pensamos que sus familiares saben que está bien, porque sus conocidos de esta comunidad los tienen informados".

Miembros de la junta refieren a La Jornada: "El día 2 nos reunimos con los concejos autónomos de San Pedro de Michoacán y Tierra y Libertad, con Armín y Absalón Morales, Rigoberto Hernández Pinto, Eduardo Cristiani y Salomón (sic). Armín reconoció que vendió el camión de Rigoberto al señor Cristiani. Se acuerda entonces que el culpable queda detenido mientras se repone el costo del camión".

En los días posteriores acudió a La Realidad una comisión, encabezada por Carlos Alvarez, de la Unión de Ejidos Tierra y Libertad, a la cual pertenece el detenido. "Pudieron verlo libre, jugando, sin malos tratos". Después vino el delegado de gobierno de Las Margaritas, Agenor Gordillo Culebro.

"Entonces la CIOAC oficial empezó el problema. Amenazaron con bloqueos de camino, y el día 10 capturaron violentamente a nuestros compañeros, como puros rehenes, porque no tenían relación con el problema. Incomunicados y maltratados, los trajieron de Zaragoza a Francisco I. Madero, Saltillo, Justo Sierra y 20 de Noviembre. Con amenazas, los interrogó varias veces Miguel Angel Vázquez Hernández (el dirigente regional de CIOAC oficial). Les exigía firmar para que la junta los canjeara por Armín. Los compañeros dijeron que ellos no son delincuentes ni mercancía".

Según la junta, "se vio que la CIOAC oficial avala estos robos, pero el delito no puede quedar impune".

Como se sabe, la CIOAC oficial liberó a los zapatistas en Comitán el jueves 18. Antes había soltado a los cioacistas independientes, que uno se pregunta qué tenían que ver en el asunto, y resulta que nada, al menos directamente. Los cables se cruzan, y la corrupción del Ministerio Público en Comitán se mezcla con las gestiones clientelares del presidente municipal de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, y el diputado perredista Luis Hernández Cruz. Y se agregan las diferencias entre las organizaciones perredistas por las rutas de transporte.