Comienza el cabildeo para el relevo de Aguinaco Alemán y Castro y Castro

Rechazan "injerencia política" en la designación de ministros de la Corte

JESUS ARANDA

A unas semanas de que Juventino V. Castro y Castro y José Vicente Aguinaco Alemán dejen sus cargos como ministros de la Suprema Corte, el proceso de selección de sus sucesores se torna controvertido, por el propio impulso de candidaturas y el cabildeo ante el Ejecutivo federal y los senadores en favor de quienes se considera que reúnen los requisitos para tal investidura.

Si bien dentro de la Corte no hay consenso entre los ministros sobre la forma de "influir" o de hacer llegar sus propuestas ante el Presidente de la República -quien tendrá que enviar una terna para sustituir a cada uno de los juzgadores, misma que tendrá que ser aprobada por mayoría calificada de los senadores-, lo cierto es que gran parte de ellos se inclina porque sean magistrados de circuito o unitarios los elegidos.

En el foro de abogados, académicos e investigadores, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales, se ha destacado la conveniencia de que los próximos ministros del máximo tribunal provengan precisamente de dichos sectores, como una forma de continuar la apertura y transparencia iniciada con las reformas constitucionales de diciembre de 1994.

Sin embargo, abogados destacados se pronuncian por imponer un candado: que aquellos que provengan de la academia o litiguen tengan cuando menos la experiencia de haber sido jueces.

Por otra parte, la mayoría de los ministros se inclinan por que sean magistrados de circuito quienes sustituyan a Castro y Aguinaco. Consideran que el cargo de ministro debe depender de sus conocimientos jurídicos y de la Constitución, y no ser resultado de vaivenes y acuerdos entre las fuerzas políticas.

Estos ministros, según información obtenida por este diario, cuestionan los nombramientos "políticos" de algunos representantes que tiene el Senado de la República en el Consejo de la Judicatura Federal.

En marzo pasado el Senado designó a Miguel Angel Quirós Pérez, quien se distinguió más por su carrera política al amparo del Partido Revolucionario Institucional, donde fue diputado federal y local, además de funcionario del gobierno de Puebla, que por sus méritos jurídicos.

Anteriormente el mismo Senado designó al actual consejero Sergio Valls Hernández, cuya cercanía con el PRI también es conocida en círculos políticos y universitarios. Por cierto, se sabe que el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República y actual líder de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro -quien tuvo inicialmente la encomienda de recabar los primeros nombres de los candidatos a ministros-, recibió del propio Valls su currículum para ser tomado en cuenta.

Fuentes judiciales confirmaron que Valls Hernández ha realizado una intensa campaña entre los senadores priístas para que lo apoyen, sobre todo "vendiendo la idea" de que representa al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es conocido que si alguien goza de simpatía es el también consejero Adolfo O. Aragón Mendía, quien se incorporó al citado consejo como secretario técnico en 1995 y posteriormente fue designado consejero por el propio pleno de la Corte como representante de los magistrados de circuito.

De acuerdo con juristas destacados, otro que es bien visto, aunque fuera "externo", es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan González Alcántara.

Por otra parte, entre los miembros del foro de abogados se menciona con insistencia a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue integrante de la comisión que apoyó a la Corte cuando se hizo la consulta para la elaboración de una nueva ley de amparo, así como a José Ramón Cossío, destacado académico y ex asesor del ex presidente de la Corte, Ulises Schmill.

Sin embargo, funcionarios judiciales consultados señalaron que ambos tienen dos puntos en su contra: su "juventud" -tienen alrededor de 50 años- y el hecho de que ninguno de los dos ha sido juzgador.

También se menciona a Loreta Ortiz, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana -quien es apoyada por las ONG-, y el profesor en derecho constitucional Clemente Valdez. La primera es destacada académica y especialista en el tema de los derechos humanos, y el segundo además de académico es destacado constitucionalista.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los personajes mencionados son los que han sido nombrados, propuestos o mencionados entre los legisladores, aunque la baraja se abrirá más conforme se acerque el 30 de noviembre, fecha en que Castro y Aguinaco dejarán sus cargos.