Los destituyeron en 2001, acusados de obtener beneficios económicos personales

Poderes de BC acuerdan reactivar juicio político contra 9 ex magistrados

La inamovilidad de miembros del Poder Judicial, retroceso en la impartición de justicia: diputados

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 21 de septiembre. Los tres poderes de Baja California coincidieron en cerrar negociaciones y dar curso al juicio político que inició el Congreso local contra nueve ex magistrados que buscan su reinstalación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). En un comunicado del gobierno estatal, se indicó que esta decisión se tomó "debido a la cerrazón que han mostrado (los ex magistrados) para entender que la inamovilidad representa un retroceso para la administración de justicia".

El juicio político fue resultado de una denuncia que interpuso el Consejo de la Judicatura estatal ante el Congreso de Baja California, en la que a decir de aquélla, los ex magistrados obtuvieron "beneficios económicos personales", si bien no se ha especificado públicamente cómo obtuvieron dicho beneficio, toda vez que es materia de investigación de la Comisión Instructora legislativa.

En el escrito se indicó que la decisión de reactivar el juicio político fue resultado de una reunión en la que el presidente del Congreso de Baja California, Héctor Edgardo Suárez Córdoba; el presidente del TSJE, José Palomino Castrejón, y el secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez Aguirre, agotaron "todas las posibilidades para encauzar una solución práctica" al conflicto que generó la insistencia de los ex magistrados en permanecer en sus cargos, de los que fueron destituidos por la legislatura local en 2001.

Además, se estableció en el comunicado que los nueve ex magistrados "han desoído" la intención de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para resolver el problema, ya que no sólo esperan la reinstalación "e inamovilidad" del TSJE, sino también "pagos millonarios".

Por esa razón, los poderes resolvieron por unanimidad esperar el resultado del juicio político que se cierne sobre los ex magistrados, y que la justicia federal -que analiza los juicios de amparo que ellos iniciaron- considere las razones públicas que tuvieron los representantes populares de la legislatura anterior para evitar la inamovilidad de magistrados.

De esta manera, los tres poderes "no cejarán en su objetivo de evitar consecuencias adversas para la ciudadanía", como a su ver sería la reinstalación de María Esther Rentería, Félix Herrera Esquivel, José Luis Cebreros Samaniego, Olimpia Angeles Chacón, Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Oscar Valenzuela Avila, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Raúl González Arias.

El 17 de septiembre anterior el Congreso estatal aceptó fallo de un juez federal y ratificó como magistrado del TSJE a Víctor Manuel Vázquez Fernández, a partir de un juicio de amparo que éste inició hace más de dos años. El resolutivo aprobado por el Congreso dejó en manos del TSJE todo lo que sigue respecto al lugar que le será asignado a Vázquez Fernández, es decir, si va a desplazar a alguno de los 13 magistrados que están en funciones, o si se agrega un espacio más y el Poder Judicial eleva a 14 el número de magistrados.

Vázquez Fernández perteneció a la anterior Judicatura estatal y al grupo de 13 magistrados a quienes la legislatura anterior retiró de sus cargos, luego que cumplieron un periodo de seis años, pero que recurrieron a juicios de amparo por considerar que faltaron fundamentos para no ser ratificados en un segundo ciclo. Hasta ahora, sólo Vázquez Fernández ha logrado ganar el juicio de amparo y con ello ser ratificado.

Los líderes estatales de PRI y PAN, Felipe García Muñoz y José Guadalupe Zamorano, respectivamente, coincidieron en rechazar la inamovilidad de los magistrados en el Poder Judicial, al considerar que sería "un grave retroceso en la impartición de justicia".