Plantea en iniciativa que nadie gane más que el titular de la jefatura de Gobierno

Propone el PRD normar sueldos en el GDF y órganos autónomos

Argumenta excesos en sueldos a nivel federal, estatal y municipal de funcionarios panistas La propuesta de reforma al Estatuto de Gobierno fue elaborada por el diputado Gerardo Villanueva

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Para evitar abusos en la asignación de sueldos a servidores públicos, la fracción mayoritaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propondrá reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que ningún funcionario de la administración capitalina o titular de órgano autónomo perciba un salario mayor al del jefe de Gobierno capitalino.

La iniciativa, elaborada por el diputado perredista Gerardo Villanueva, establece en la exposición de motivos que, lejos del ejemplo impuesto por la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la administración federal ha promovido sueldos mayores a los que perciben presidentes de otras naciones, lo que agudiza la desigualdad social.

Inclusive, detalla que de aplicarse una política de austeridad en los sueldos de funcionarios federales, estatales y municipales, así como en los órganos autónomos, "podrían llegarse a ahorrar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales, que podrían destinarse a necesidades sociales o productivas del país, o bien a una política para compensar salarios más bajos".

A lo largo de las cinco cuartillas en que fundamenta su propuesta, el legislador del PRD cita los casos del presidente Vicente Fox, quien según el texto gana 230 mil pesos nominales mensuales; del gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, quien se "aumentó el sueldo e inclusive pretendió cobrar 300 mil pesos al mes con el argumento de tener salarios competitivos".

Cita que "el caso más vergonzoso es el del ex alcalde panista de Ecatepec (Agustín Hernández Pastrana), quien llegó a cobrar 420 mil pesos al mes".

También se inscriben en ese listado los diputados del Congreso de Baja California, de mayoría panista, cuya dieta es de 108 mil pesos al mes, "superior a la de los diputados federales, e incluso a la de los legisladores de California, Estados Unidos".

Añade el caso del también ex edil panista de Tultitlán, Antonio Ríos Granados, quien tenía un ingreso anual de 213 mil 576 dólares al año, 46 mil 579 dólares más que el primer ministro inglés, Tony Blair. De hecho, puntualiza que el sueldo mensual del polémico edil era de 183 mil 500 pesos.

El diputado perredista resalta que funcionarios panistas federales, estatales y municipales tienen ingresos superiores a los de Blair (167 mil dólares al año); Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil (41 mil dólares anuales); Ricardo Lagos, mandatario de Chile (29 mil dólares al año); José María Aznar, gobernante de España (77 mil dólares), y Eduardo Duhalde, ex presidente de Argentina (36 mil dólares).

Villanueva subraya que el argumento que se ha utilizado en México para justificar esos montos entre los funcionarios públicos es que son un instrumento para combatir la corrupción, pero cita a los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero, para quienes, lejos de esa intención, los altos sueldos "encarecen el costo de prácticas ilícitas". Por eso, indican los académicos, "en México se premia bien a funcionarios públicos que forman parte de un sistema con problemas de alta corrupción, opacidad y controles ineficaces".

La propuesta del perredista se centra en modificar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, añadiendo una tercera fracción al artículo 42 para que defina que "bajo ninguna circunstancia podrá autorizarse que ningún servidor público del Distrito Federal, del poder y nivel de gobierno que sea, así como tampoco funcionarios de organismos autónomos, podrán percibir más salario que el previsto en el Presupuesto de Egresos para el titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal".

De aprobar el pleno de la ALDF la iniciativa, se turnaría a la Cámara de Diputados, única instancia facultada para modificar ese marco legal.