Pedro Rivas Monroy

Democracia y partidos changarros

En México estamos viviendo un momento del que no tenemos memoria: el agotamiento de un modelo político autoritario que tenía todos los controles a su servicio y las correas de transmisión del poder perfectamente ajustadas, pero que con la alternancia llegó a su fin en el 2000. Desde entonces no sabemos si lo que se está gestando es mejor o peor; sin embargo, lo que sí se percibe es la urgencia de construir otro sistema mucho más dinámico, que responda a una poliarquía, a un mercado político con sujetos poco acostumbrados a los consensos y a las oligarquías poderosas.

La incapacidad de la nueva clase política para adaptarse a la circunstancia actual ha traído como consecuencia una alternancia desarticulada. La carencia de vasos comunicantes entre los actores políticos da la idea de un caos que podría arrastrar al país por el sendero del retorno a una instancia menos democrática, aunque aparentemente más segura. Basta observar, por ejemplo, la tentación de algunos dirigentes de partidos políticos que, amparados en una supuesta pluralidad y juego democráticos, han pretendido hacer de éstos un patrimonio familiar inmune al escrutinio público y al estado de derecho.

Cuando contraponemos democracia con formas de gobierno autoritario, es a partir de un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Ahora bien, por lo que respecta a los sujetos que toman estas determinaciones, un régimen democrático se caracteriza por otorgar la atribución de este poder a un número muy elevado de miembros del grupo, y por lo que toca a las decisiones en sí, la regla fundamental es la de la mayoría. Para encontrar una definición mínima de democracia son indispensables tres factores: el derecho a participar en las determinaciones colectivas, la existencia de reglas procesales y la oportunidad de alternativas reales de elección. Esta última condición comprende el conjunto de derechos subjetivos inviolables del individuo, que constituyen las normas constitucionales que son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego político.

La democracia nace de una concepción individualista de la sociedad; esto es, la sociedad política es un producto artificial de la voluntad de los individuos, a partir de la hipótesis del individuo soberano. La doctrina democrática ideó un Estado sin cuerpos intermedios, una sociedad política en la que entre el pueblo soberano y sus representantes no existen sociedades particulares, siguiendo el modelo del soberano absoluto y sus súbditos. Es exactamente lo contrario lo que ha acontecido en la realidad: los grupos o sociedades particulares o intermedias, como los partidos políticos, se han arrogado el papel primario en la política, en detrimento de los individuos.

El modelo de Estado democrático, basado en la soberanía popular, que fue ideado a la imagen y semejanza del príncipe, fue el modelo de una sociedad monista, mientras que la sociedad política real que subyace en los estados democráticos modernos es pluralista. Hasta aquí la distribución del poder.

Ahora bien, dada la complejidad y diversificación de la sociedad surge la representación política que razonablemente es aquella donde el representante es llamado a velar por los intereses de la nación y, por tanto, no puede ser sometido a un mandato obligatorio, como lo es en el ámbito privado, pero materialmente en nuestra sociedad lo que sucede es la antítesis; es decir, el representante vigila los intereses particulares del representado, sometido con ello a un mandato obligatorio.

ƑPero es viable la total eficacia de la prohibición de un mandato imperativo o la vigencia total del principio de representación política, en un ambiente de grupos autónomos que identifican sus intereses con los nacionales? La respuesta parece simple: no, pero así como está, la democracia trae aparejada otras falsas promesas, como podrían ser la formación de una sociedad plural, la reivindicación de intereses, la eliminación de las oligarquías, la ocupación de todos los espacios, el ciudadano educado, entre otras.

En este orden de ideas y reconociendo que en nuestra tambaleante democracia son los partidos políticos los sujetos activos de la sociedad política mexicana, es indispensable su análisis. Este tipo de personas colectivas, en México, son entes de interés público; es decir, son sujetos de derechos y obligaciones sometidos al control formal, sin que esto afecte su autonomía. Si bien es cierto que la democracia genera muchas expectativas falsas, también lo es que los partidos tienen la obligación de generar las condiciones necesarias que den como resultado una cultura política que se identifique con el ideal democrático.

La obligación de generar una cultura democrática por parte de los partidos no es un deseo ni una ocurrencia, es un mandato constitucional que, hasta el día de hoy, había sido letra muerta, por falta de una legislación más acorde con los tiempos que vivimos. Es ahí donde radica la importancia de la reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde obliga a un instituto político al cumplimiento del estado de derecho, que tiene como uno de sus bienes tutelados la democracia. Los partidos políticos no son changarros ni clubes de amigos y parientes, son entes públicos sujetos al escrutinio ciudadano, porque gozan de prerrogativas y de financiamiento del erario; es decir, nos cuestan a los contribuyentes. En esa medida tenemos derecho, por ejemplo, a saber cuál es su padrón real, ya que hasta la fecha, nadie conoce esa información; por otra parte, siguen surgiendo partidos y continúa aumentando el abstencionismo; Ƒno suena raro?

Los jóvenes políticos del Partido Verde Ecologista de México están acariciando la idea del desacato a la autoridad electoral. Cuidado, eso se llama impunidad. Para finalizar, quiero darles una noticia a todos los partidos políticos: los entes públicos no tienen vida privada.